Rechazan decomisar terrenos en el Caribe de Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner: valen US$30 millones
La unidad antiavado apeló la medida del juez Ercolini; es en una causa conectada con el caso de los cuadernos de las coimas; son cuatro parcelas hoteleras en las paradisíacas islas Turcas y Caicos
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Julián Ercolini rechazó el decomiso anticipado de cuatro parcelas hoteleras en las paradisíacas islas de Turcas y Caicos, sobre las costas del Mar Caribe, valuadas en 30 millones de dólares. En esos terrenos habían invertido los herederos de Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario de Cristina y Néstor Kirchner, investigado por lavar dinero de la corrupción derivada del caso de los cuadernos de las coimas. La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló la resolución de Ercolini.
Los lotes están afectados a un caso donde Muñoz invirtió en Estados Unidos 75 millones de dólares, producto de la corrupción, en edificios, locales y departamentos en Miami y Nueva York. En las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno, Muñoz aparece como quien recibió, en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner, varios bolsos de dinero aportados por empresarios contratistas del Estado.
Cuando se descubrieron esos bienes, merced a las revelaciones de Panamá Papers, un grupo de abogados y la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, vendieron esas propiedades, y con el saldo, luego de lo que se quedaron intermediarios y abogados, unos 30 millones de dólares, compraron los terrenos para construir un complejo hotelero en el Caribe, en Turcas y Caicos.
Ante esa decisión de Ercolini, la UIF, a cargo de Ignacio Yacobucci, mediante la presentación realizada el lunes pasado por el director de Litigios Penales, Mariano Abel Ezeyza, interpuso un recurso de apelación.
En la causa, Isaac Esparza Hidalgo, quien tenía a su nombre sociedades involucradas en la estructura de lavado de dinero de Daniel Muñoz, reconoció su firma en la documentación suscripta al momento de la adquisición de esas parcelas y dijo que pudo haber sido el testaferro del fallecido exsecretario presidencial Muñoz.
La solicitud de decomiso anticipado la acompañó el fiscal Carlos Stornelli y fue avalada por la Cámara Federal de Apelaciones.
La apelación ahora deberá ser resuelta por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, a cargo de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Muñoz invirtió en al menos 113 propiedades en la Argentina, donde, de acuerdo a la investigación en la que se lo acusó como jefe de una asociación ilícita, lavó dinero con negocios, restaurantes y empresas. Además colocó unos 70 millones de dólares en la compra de inmuebles en los Estados Unidos, parte de los cuales fueron congelados en 2019, después de una inversión de 30 millones para la compra de terrenos en Turcas y Caicos.
Una de las parcelas ubicada junto al mar, para realizar un desarrollo inmobiliario, fue inmovilizada en 2019 para su decomiso. Desde entonces, la Justicia argentina reitera los exhortos diplomáticos para inmovilizar el resto de esas tierras. Es el único dinero que se logró recuperar de los 70 millones de dólares que se usaron en la compraventa de propiedades en Miami y en Nueva York. Es un misterio dónde está el resto de la plata, dijo una fuente del caso.
El caso Muñoz tiene como principal acusada a su viuda, Pochetti. Junto a ella están involucrados varios abogados que la asesoraron. La investigación se reactivó con la declaración indagatoria de dos extranjeros que intervinieron en las operaciones para invertir el dinero de la mujer en las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico de ultramar, al sureste de las Bahamas.
Quienes declararon fueron el mexicano Esparza Hidalgo, acusado de ser uno de los prestanombres de la viuda de Muñoz, y el abogado canadiense Peter Karam, que vive en Turcas y Caicos. Esparza Hidalgo fue detenido en México hace casi un año y extraditado a la Argentina el 28 de octubre pasado. El juez Ercolini lo indagó.
Allí reconoció que firmó documentos que fueron usados para crear empresas fantasmas y para desviar 30 millones de dólares desde Estados Unidos a Turcas y Caicos. Negó saber que los documentos los firmaba con ese propósito. Relató que una vez fue a una escribanía a suscribir papeles que estaban escritos en inglés.
En su indagatoria ante Ercolini y el fiscal Stornelli, Esparza Hidalgo dijo que firmó la creación de las empresas fantasma para sacar el dinero producido de la venta de inmuebles de Muñoz en Estados Unidos “como un favor a Carlos Gellert”, amigo personal de él, primo de Pochetti y, además, hijo de una diputada mexicana.
El mexicano dijo que unos 30 millones de dólares fueron invertidos en la compra de un terreno para construir un hotel en las islas y dijo que los otros 40 millones de dólares “se los llevaron los abogados” de Pochetti. Esparza Hidalgo, quien sigue preso, aparece en los papeles como el director de la empresa que iba a construir el desarrollo inmobiliario del Caribe.
Karam está en libertad y no fue extraditado porqué la Cámara Federal le otorgó la eximición de prisión. El abogado es socio del estudio Karam & Missick, que colaboró en la realización de la estructura societaria para comprar las tierras y hacer el desarrollo inmobiliario. A Ercolini y Stornelli les dijo que había efectivamente intervenido asesorando a Pochetti, que le había manifestado su interés en radicarse en Turcas y Caicos.
Karam dijo que en junio de 2016 se reunieron en Miami con Pochetti, cuando Muñoz ya había fallecido. Ella quería liquidar sus propiedades en los Estados Unidos. Ya la filtración periodística de Panamá Papers había revelado las sociedades usadas para comprar esos departamentos en Miami y en Nueva York.
Su socio, Anthony D’Aniello, viajó a México para reunirse con Esparza y comprobar sus antecedentes. Fue él quien le presentó al inversionista Sean Sullivan. Ese mes se firmó el préstamo entre Marble Hill y Oceanfront por 29.300.000 dólares, que incluía un interés del 10% para Pochetti. Dos millones de dólares fueron para pagar los costos del mutuo, abogados y escribanos que intervinieron, y siete millones de dólares fueron para pagar la hipoteca que pesaba, a favor de The Belize Bank LTD, sobre los terrenos donde el complejo iba a ser desarrollado.
De la maniobra participaron, según la acusación contra Pochetti, Gellert, el abogado Miguel Plo, su hija María Jesús Plo y el marido de esta, Federico Zupicich. En la operación está mencionado el inversionista hotelero Sean Lawrence Sullivan, un norteamericano que obtuvo los fondos para realizar ese tipo de inversiones, y el abogado D’Aniello.
Por Hernán Cappiello
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