Quilmes, San Martín y Escobar fueron autorizados por la Justicia a eludir la resolución de Caputo por el cobro de tasas
Los distritos gobernados por Mayra Mendoza, Fernando Moreira y Ariel Sujarchuk obtuvieron fallos que les permiten continuar con la percepción de tributos en boletas de luz y gas, a pesar de que la prohibición comenzó a regir el viernes; se suman a Pilar, Moreno y Tigre
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LA NACION
Los municipios de Quilmes, San Martín y Escobar obtuvieron medidas cautelares de la Justicia que les permitirán sortear la resolución del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, que impide cobrar tasas municipales en las boletas de servicios públicos. Con fallos que firmaron los jueces federales Luis Armella, Alberto Papavero y Adrián González Charbay, podrán mantener la percepción de tributos locales en las facturas de energía eléctrica y de gas.
El fallo de Armella en favor de la intendencia de Quilmes, que encabeza Mayra Mendoza, hizo lugar a una medida cautelar interina “ordenándose la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 267/2024 dictada por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, hasta tanto se resuelva sobre la medida cautelar solicitada”. La resolución, que impide el cobro de conceptos municipales en las boletas de servicios públicos, entró en plena vigencia el viernes, luego de un plazo de 30 días para ponerse en marcha, previstos en la normativa.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó la semana pasada la vigencia de la prohibición y tanto Quilmes como San Martín y Escobar lo incluyeron dentro de sus acciones judiciales.
El municipio de Quilmes, con el patrocinio del abogado Darío Federico Ocampo Pilla, advirtió en su presentación judicial que el cese del cobro de la tasa de alumbrado público en la boleta de Edesur le generaría pérdidas por $500 millones mensuales. Reclamó que “se declare la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad” de la resolución.
La normativa de la secretaría que depende de Caputo “vulnera la autonomía municipal, el funcionamiento, continuidad y regularidad del servicio de alumbrado público y otros servicios municipales”, se especificó en la presentación que hizo la administración de Mendoza, referente de La Cámpora. La comuna también argumentó que se “pretende eliminar la libertad de contratación que desde 2001 hasta la actualidad, ejercen Edesur S.A. y la Municipalidad de Quilmes (autorizada por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante y aprobada por resolución del ENRE) mediante la celebración de un convenio que faculta a Edesur S.A. a percibir la tasa por alumbrado público mediante la facturación”.
En su presentación, la Municipalidad de Quilmes mencionó que “en la provincia de Buenos Aires la Ley Nº 10.740 habilita a los municipios a convenir con las empresas prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica, la percepción de la tasa de alumbrado público”.
En el caso de la Municipalidad de San Martín, donde gobierna Moreira (socio político del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis), la decisión judicial fue del juez Papavero, que ya había beneficiado con un fallo similar al intendente de Tigre, Julio Zamora. Ante el pedido de Moreira, Papavero ordenó, “como medida interina, la suspensión de la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio e Industria hasta tanto recaiga resolución sobre el pedido de medida cautelar”.
En su argumentación, la intendencia de San Martín explicó que “a pesar de que la recaudación por la Tasa de Alumbrado ha mostrado un crecimiento del 105%, este aumento es significativamente menor al 475% del incremento en las tarifas impuestas por Edenor” y que, “como resultado, el municipio enfrenta un déficit que asciende a $1.308.656.197, reflejando que los ingresos generados por la Tasa de Alumbrado no cubren los gastos por consumo de energía”.
Del mismo modo que consta en la presentación de Quilmes (y en las del resto de los municipios que acudieron a la Justicia), San Martín también puntualizó que la percepción de la tasa de alumbrado público en la boleta de Edenor ”es autorizada expresamente mediante la ley provincial Nro. 10740″, que la norma “se complementa con la ley 11.769 dictada por la provincia de Buenos Aires” y que existe, desde 2001, “un Convenio de Percepción de la tasa de alumbrado público con la empresa Edenor”.
La presentación de Moreira, que aceptó Papavero, cuestiona también al ENRE por su resolución de la semana pasada, en la que apoya la decisión de Economía. “Resultaría irrazonable, contrario a la buena fe y a la seguridad jurídica, que ahora el ENRE pretenda desconocer la facultad de los municipios de pactar con las empresas distribuidoras de energía eléctrica la forma en que estas realizaran la percepción de la tasa municipal de alumbrado público”, se subrayó en la presentación de San Martín.
El municipio de Escobar ya tenía vigente, desde hacía diez días, una medida cautelar interina firmada por el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charbay, que le permite continuar con el cobro de la Tasa Municipal de Alumbrado Público (en la boleta de Edenor) y de la Tasa de Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes (en la factura de Naturgy BAN). Este lunes, Charbay decidió ratificar esa medida y concederla por seis meses.
“Hacer lugar a la medida cautelar peticionada, ratificando la medida interina oportunamente trabada, ordenando la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación”, estableció el juez federal de Zárate-Campana. “La medida cautelar dispuesta tendrá vigencia por el plazo de seis (6) meses a partir de la notificación de la presente”, se indicó en el fallo que favorece al intendente Ariel Sujarchuk.
Los fallos favorables a los intendentes peronistas Mendoza, Moreira y Sujarchuk se suman a los que ya habían logrado los también justicialistas Federico de Achával, de Pilar; Mariel Fernández, de Moreno (ambos con la firma del juez federal de Zárate-Campana González Charbay), y Zamora, de Tigre, con la rúbrica del juez Papavero.
Al menos los intendentes Juan Andreotti, de San Fernando; Lucas Ghi, de Morón, y Gustavo Menéndez, de Merlo, también están a la espera de definiciones judiciales para los recursos que presentaron por la misma temática.
La semana pasada, Caputo advirtió que el presidente Javier Milei le pidió cerrar sucursales del Banco Nación “de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales”.
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