Quién es Cipriano García, el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria que pide excarcelaciones generales

La oposición lo señaló como un actor clave del plan para liberar masivamente a los presos, y la presidenta de Pro a nivel nacional, Patricia Bullrich, lo acusó de actuar "en connivencia" con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El audio que se difundió con su arenga para alentar las excarcelaciones generales se transformó en un ejemplo del movimiento de ciertos sectores de la administración bonaerense por lograr ese objetivo.

El secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -organismo público autónomo y autárquico con competencia en la Provincia de Buenos Aires- Roberto Cipriano García, insiste, sin embargo, en que se trató de pedidos de morigeraciones de la pena en casos de detenidos por delitos leves y que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus. En todo caso el efecto de la grabación fue elocuente en medio de los reclamos en varias cárceles del país por lograr liberaciones o detenciones domiciliarias.

El audio de la polémica fue enviado -en el marco de una conversación vía Whatsapp- a un grupo que integra con familiares de detenidos. "El objetivo de la Comisión por la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles", se lo escuchaba decir en ese audio, donde además indicaba que desde la CPM se presentaron cientos de escritos con pedidos de morigeraciones. Destacaba, en ese mensaje, la "voluntad política" del gobierno bonaerense para "descomprimir el sistema penitenciario". Desde la difusión del mensaje, el escándalo de las liberaciones escaló exponencialmente.

Roberto Cipriano García, de 51 años, vive en La Plata, donde se encuentra la sede de la CPM. Es abogado y psicólogo social. Integra la Comisión Provincial por la Memoria desde 2005, donde dirigió el Comité contra la Tortura entre los años 2005 y 2012. Ese organismo es presidido por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y por la socióloga Dora Barrancos, quien se había postulado como senadora por el Frente de Todos. Ambos son parte de su referencia intelectual.

Tuvo, también, su paso por el Ministerio Público Fiscal. En 2013 dejó la CPM para desempeñarse como coordinador del área de violencia en contextos de encierro de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Regresó a la CPM en 2015, y en 2016 asumió como secretario.

"Somos un organismo autónomo que implementa políticas de derechos humanos, y si este gobierno hace lo que hicieron los gobiernos anteriores también lo vamos a denunciar", agregó Cipriano García en diálogo con LA NACION, y desmintió tener vínculos partidarios con el actual gobierno bonaerense. Quienes lo cuestionan, lo identifican como parte de un esquema que viene trabajando desde hace tiempo en las cárceles para canalizar reclamos de liberaciones y así descomprimir la sobrepoblación carcelaria.

Durante la gestión de María Eugenia Vidal se le autorizó el ingreso a las prisiones y el contacto con los detenidos, pero ahora también se le permitió participar en la mesa de negociaciones que se articuló para resolver los motines de las últimas semanas. En la oposición ven una línea que une los planteos garantistas del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, que tiene en la justicia provincial expresiones cercanas al kirchnerismo, como el juez Víctor Violini (criticado por aceptar un polémico habeas corpus generalizado para liberar detenidos) o el integrante de la Suprema Corte bonaerense Eduardo De Lázzari, y que son alentadas en las cárceles por figuras como Cipriano García.

"Parece ser un tipo que cree en aquello por lo que lucha. No es un hipócrita. Pero tiene una postura directamente abolicionista, no es que es un garantista. Es profundamente ideológico", dijo a este medio un exfuncionario que trató con Cipriano García en varias oportunidades.

"La postura de la CPM es que ante la sobrepoblación en las cárceles no hay que construir cárceles y ampliar la cantidad de plazas si no más bien liberar a los detenidos", agregó esa fuente.

Según Cipriano García el fallo de Casación "está tergiversado". Se refiere al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en el que se instó a tribunales inferiores a que habiliten las prisiones domiciliarias para los detenidos por delitos leves o "no violentos", a las mujeres embarazadas o con niños, a los que estén a punto de tener salidas transitorias y a los mayores de 60 años con riesgos de salud. En un fallo con la misma sintonía, el Tribunal de Casación bonaerense había hecho lugar, además, a un hábeas corpus colectivo presentado por defensores generales -al que adhirió la CPM- que pedía el arresto domiciliario para 400 detenidos en penales de ese distrito.

"En los casos de delitos graves no tiene que haber una salida automática -aclara Cipriano García a LA NACION-, hay un juez que debe resolver y eso es controlado por un fiscal que también puede manifestar su postura en un dictamen. Nosotros no promovemos eso, eso es una mentira que se construye para no abordar el tema con la complejidad necesaria". Sin embargo, ese matiz quedó desdibujado cuando estalló el reclamo social, que terminó el jueves en un cacerolazo, sobre el cual articuló su rechazo la oposición.

El funcionario bonaerense se desempeña en un área que tiene permanente contacto con casos de gatillo fácil y violencia institucional. Como parte de esa Comisión representa, desde mayo del año pasado, a familias de algunas de las víctimas de la Masacre de Monte, en la que cuatro adolescentes fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense en la localidad de San Miguel del Monte.

Según el constitucionalista Daniel Sabsay, la CPM está actuando por fuera de su competencia. "Sorprendentemente se la está utilizando para cometidos que de ninguna manera son los que se plantearon cuando se la creó, para ser una suerte de órgano auxiliar de la Justicia", dijo Sabsay a LA NACION.

"Ahora se comporta como una suerte de proa en la determinación de políticas públicas en relación a los presos, con intervención directa sobre los jueces. El habeas corpus colectivo promovido por ellos [la CPM] incumplió el marco jurídico, se violaron las instancias anteriores, como una especie de per saltum, donde se supone que Casación tiene la competencia originaria. Se omitieron, constitucionalmente, las otras instancias", agregó Sabsay.

La CPM tiene la custodia del archivo de material de inteligencia de la Policía Bonaerense desclasificado desde la década del 50’ hasta el año 1998. Cipriano García fue quien, junto a otros miembros de la Comisión -como Pérez Esquivel-, firmó los tres informes que presentó ese organismo en la causa conocida como "Caso D’Alessio", en los tribunales de Dolores, donde se investigan presuntas tareas de espionaje ilegal.

En esa causa de alto voltaje político, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quedaron procesados dos exmiembros de la policía bonaerense. En ese caso se vinculó a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich con el falso abogado Marcelo D'Alessio. Bullrich fue una de las voces de la oposición que apuntó contra Cipriano García por su gestión para lograr excarcelaciones.

"Rescato y reivindico su espíritu de denuncia, de situaciones que la mayor parte del aparato judicial y político del Estado, no ignoran y sin embargo miran para otro lado", dijo a LA NACION Ismael Jalil, abogado y representante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sobre Cipriano García.

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