Quién es el juez que rechazó desalojar un bloqueo de los camioneros de Moyano
LA NACION
Su intervención como juez de garantías fue cuestionada en numerosas oportunidades. Liberó a delincuentes reincidentes y atravesó un juicio político. Esta semana, el juez de garantías de San Isidro Esteban Eduardo Rossignoli fue foco de críticas porque rechazó el pedido formulado por el fiscal Alejandro Musso para desalojar a militantes del gremio de Camioneros que obstaculizaron el ingreso al parque industrial Ader, en Villa Adelina.
"Lo denegaron porque dicen que es un conflicto laboral y que la justicia penal no tiene que intervenir. Es erróneo porque el parque industrial está trabado en su ingreso y hay 26 empresas más que están impedidas de trabajar normalmente. Estoy con otro pedido: el cese del estado antijurídico, explicándole al juez que tiene que resolver qué hacemos con las otras empresas que están impedidas de trabajar", precisó ayer a LA NACION el fiscal Musso, en referencia al rechazo a su pedido.
Cosechó un fuerte repudio cuando ocurrió, en 2008, el asesinato de Carlos Regis, un vecino de Beccar que fue asesinado en ocasión de robo, y cuya hija fue gravemente herida en el mismo hecho, por dos delincuentes reincidentes. Uno de esos delincuentes había sido liberado por Rossignoli. Por ese hecho fue sometido a juicio político, como consecuencia de una denuncia presentada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
Cuatro funcionarios judiciales consultados por LA NACION coincidieron en señalar que Rossignoli es un juez "con mucha experiencia técnica" y "honesto". Pero también lo definieron como "híper conservador" y resaltan su falta de acción en algunas casos, o incluso su tendencia al rechazo de medidas cautelares durante la instrucción de las causas.
"Es hiper conservador, no quiere que las causas crezcan. No da vía libre para trabajar a los fiscales, porque sus criterios son muy conservadores. No es garantista", dijo a este medio un fiscal que trabajó con él en varias oportunidades.
Un juez con rango de camarista también consultado por este medio agregó: "No quiere problemas, no quiere tener detenidos. Es híper conservador y mi impresión es que no da vía libre para trabajar a los fiscales".
Resaltaron también, los fiscales y jueces consultados por LA NACION, que a Rossignoli nunca se lo vinculó con ningún espacio político. "No tiene afiliación política", dijo un fiscal de San Isidro. Y destacó: "No responde a los caudillos locales, no hace favores, es más bien un outsider".
También fue cuestionada su intervención en la causa por el doble crimen de Unicenter, ocurrido en 2008. Se lo acusó por "encubrir" a los narcotraficantes colombianos que operaban en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, cuando negó pedidos de allanamiento formulados por el fiscal Angelini.
En 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado -a cargo del caso- libró un oficio a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires para que Rossignoli fuera investigado por incompetencia, negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y parcialidad manifiesta.
La intervención de la justicia federal sobre en esa causa fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como consecuencia de la disputa entre Rossignoli y Arroyo Salgado.
LA NACION intentó sin éxito contactarse con Rossignoli a través de su abogado.
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