Quién es Daniel Alonso, el juez que falló contra la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura
El magistrado ya fue cuestionado por haber pedido tramitar en su juzgado un caso de corrupción que investiga en la justicia provincial de Entre Ríos y que involucra al cuñado de Sergio Urribarri
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LA NACION
El juez federal de Paraná Daniel Alonso firmó un fallo que ordenó incumplir la sentencia que dictó su tribunal superior, la Corte Suprema de Justicia, respecto de la integración del Consejo de la Magistratura. Alonso prohibió al Congreso enviar a dos nuevos representantes al órgano que selecciona y controla a los jueces, al hacer lugar a una medida cautelar interina que solicitó el diputado del Frente de Todos Marcelo Cassaretto, de Entre Ríos, quien argumentó que se pretende aplicar una ley ya derogada.
El presidente del Consejo de la Magistratura, sin embargo, lo respaldó. “Dictó una medida precautelar dentro de las facultades propias de los jueces federales. Está dentro de las facultades que tienen los jueces”, dijo Alberto Lugones a LA NACION. “Está en el espacio que yo conduzco”, completó, en alusión a la pertenencia de Alonso a la Lista Celeste.
El magistrado fue nombrado titular del juzgado federal número 2 de la ciudad de Paraná en 2008. Su designación llevó la firma de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Alonso fue integrante de la comisión directiva de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia Nacional, donde ahora participa únicamente como socio. En las internas de los jueces se ubica alineado con la Lista Celeste, como confirmó Lugones.
Alonso, de 64 años, es oriundo de la localidad de Victoria, en Entre Ríos, aunque comenzó su carrera judicial en Formosa. Allí fue funcionario judicial, convencional constituyente y como abogado representó a Carlos Nair Menem en el juicio por filiación para que se lo reconozca como hijo del expresidente Carlos Menem.
También integró el escuadrón de Gendarmería de Formosa, entre 1985 y 1999, y fue conjuez a cargo del juzgado federal de Formosa entre 1999 y 2002. Integró el Tribunal Oral Federal de Formosa durante catorce meses, entre 2004 y 2005, y después de haber jurado como juez federal de Paraná tuvo un paso por la Cámara de Apelaciones de ese fuero, en esa ciudad, entre 2011 hasta 2017.
Hace más de dos años que aspira a ser camarista federal de Rosario y el año pasado avanzó casilleros en esa dirección, cuando el presidente Alberto Fernández envió su pliego al Senado. Sin embargo, aunque pasó por la Comisión de Acuerdos, no logró obtener un dictamen favorable, y por eso su pliego no llegó al recinto.
Según informó LA NACION, Alonso hizo un movimiento que fue clave para dilatar el avance de una causa de altísimo voltaje político. Se trata de la causa por corrupción más importante de la provincia de Entre Ríos: el expediente conocido como “contratos”, que investiga un desfalco a las arcas públicas de Entre Ríos por más de $5000 millones. El objeto de ese caso, que tramita originalmente en un juzgado provincial, es una asociación ilícita que incluye a funcionarios provinciales que durante al menos diez años se abocaron a quedarse con dinero del Estado para enriquecerse y financiar la política, tanto del oficialismo como de la oposición. El cuñado del ahora exembajador y exgobernador Sergio Urribarri -recientemente condenado por corrupción-, Juan Pablo Aguilera, está sospechado de ser uno de los jefes de la banda.
¿Qué movimiento hizo el juez Alonso? Cuando el caso ya había avanzado, presentó un planteo de inhibitoria y le pidió a su colega provincial, Marina Barbagelata, que le entregara la causa. Fundamentó que se trata de un delito electoral federal, mientras que Barbagelata sostuvo que el delito es contra la administración pública provincial. El caso llegó a la Corte Suprema, que debe dirimir la disputa de competencia, pero el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, ya se manifestó en contra del pedido de Alonso.
Actualmente en su juzgado tramita la causa que investiga las responsabilidades por los incendios y sus consecuencias ambientales en el Delta del Paraná, frente a Rosario y la región. Esa denuncia fue presentada por las autoridades de la ciudad de Rosario en 2020, y recientemente algunos querellantes se quejaron de que el caso no tiene ni imputados ni procesados por las quemas, que habrían sido intencionales. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con el magistrado para esta nota.
Fuentes judiciales que conocen a Alonso señalaron que tiene buenos vínculos con la política, y dijeron a este medio que un dirigente del Frente Renovador cercano a un colega de Alonso fue el salvoconducto para que, a raíz de la presentación que hizo el diputado entrerriano Marcelo Casaretto, el magistrado firmara el fallo que contradijo el rumbo marcado por la Corte Suprema de Justicia.
LA NACION
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