Quién es Ariel Lijo, el juez propuesto por Javier Milei para integrar la Corte Suprema
Es juez federal de Comodoro Py desde hace 19 años; fue quien detuvo a Boudou en el caso Ciccone e investigó el encubrimiento del atentado a la AMIA
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LA NACION
El juez federal Ariel Lijo expone esta mañana ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender el pliego que lo nomina como integrante de la Corte Suprema de Justicia. Llega propuesto por el gobierno de Javier Milei en medio de cuestionamientos de vastos sectores de la sociedad e incluso de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Organizaciones profesionales y no gubernamentales cuestionaron su idoneidad moral y técnica para alcanzar una de las máximas judicaturas del país.
Quién es Ariel Lijo
El juez Lijo nació en 1968 en Villa Domínico -Avellaneda- y es hijo de dos maestros. Comenzó la carrera judicial como meritorio antes de recibirse de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ingresó en la defensoría oficial en 1990 y a los dos años ya trabajaba en la fiscalía de Cámara Federal.
Lleva 19 años al frente del Juzgado Federal N°4 en lo Criminal y Correccional, cargo al que accedió por concurso. Hoy es un actor central de los tribunales de Comodoro Py 2002, con influencia en el fuero federal porteño y un historial de causas de alto impacto político, desde el caso Ciccone, en el que envió a la cárcel a Amado Boudou; hasta las coimas de Siemens, el encubrimiento del atentado a la AMIA y la causa del Correo Argentino, donde se denunció como perjudicial un intento de acuerdo del Estado con la empresa de la familia de Mauricio Macri.
Es uno de los principales orientadores de los destinos de Ajufe, la asociación que nuclea a los jueces federales, y tiene buena relación con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que presidió durante una década el máximo tribunal, pero hoy se encuentra en minoría frente a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, de quienes no recibió el visto bueno luego de enterarse que Lijo era uno de los dos candidatos promovidos por el libertario.
En la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA envió a juicio oral a Carlos Menem, al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al exjuez Juan José Galeano, entre otros. En tanto, en el caso Ciccone fue quien procesó y envió a la cárcel al exvicepresidente Amado Boudou en 2014.
Las denuncias en su contra
Como juez federal, Lijo acumuló denuncias y acusaciones en su contra, tanto por demoras en el manejo de las causas que tenían a exfuncionarios kirchneristas en el banquillo de acusados como por los movimientos de su hermano, Alfredo “Freddy” Lijo, un reconocido operador judicial. La acusación contra su hermano fue por la compra de los terrenos del haras La Generación, situado en el kilómetro 212 de la ruta 2. Esa operación puso bajo la lupa de un sector de la política la situación patrimonial de los Lijo. El inmueble estuvo siempre a nombre de Freddy y, pese a las medidas de prueba que llevó adelante en ese entonces el Consejo de la Magistratura, en ninguna de las escrituras apareció el juez.
Por otro lado, en 2017 Lijo fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia. Fue acusado de “demoras excesivas en la tramitación de causas” que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción. Lijo negó las acusaciones y respondió con un escrito sobre las 23 causas por las que fue cuestionado y su estado procesal. Finalmente, el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia en 2018.
Tras ello, Lijo fue denunciado penalmente por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La causa apuntaba contra el juez, su hermano y Julio De Vido. La dirigente acusó al juez de haberle armado una causa por enriquecimiento ilícito. No obstante, lo sobreseyó el juez federal Julián Ercolini.
Actualmente Lijo enfrenta otras dos acusaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura. El expediente 107/2023 fue iniciado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López el 3 de agosto de 2023, pero desde entonces no tiene un consejero instructor asignado. La denuncia apunta a la intervención de Lijo en las causas que se tramitan por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial (Ospjn).
También se inició el expediente 35/2024 en marzo de este año por impulso de Pedro Eduardo Amarillo.
LA NACION
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