Quedó firme el sobreseimiento a Luis María Blaquier, exfuncionario de la Anses

El sobreseimiento de Luis María Blaquier –exfuncionario de la Anses durante el macrismo– quedó firme luego de que se venciera el plazo para que el Ministerio Público Fiscal recurra el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó que durante su paso por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) no hubo negociaciones incompatibles en la función pública.

Blaquier fue subdirector del organismo dependiente de la Anses durante el primer año de gestión del expresidente Mauricio Macri. Fue investigado por la compra que hizo el FGS de unas obligaciones negociables de las empresas Arcor SA, de la cual fue director, y de Cablevisión SA, a la que estuvo vinculado indirectamente a través de su paso como director de Clarín.

En octubre de 2019, por pedido del fiscal Franco Picardi, el juez federal Sebastián Casanello lo procesó por presuntas irregularidades en ambas operaciones, ocurridas en 8 y el 29 de junio de 2016, dado su vínculo con las compañías.

La decisión de Casanello fue apelada por la defensa ante la Cámara Federal porteña, la cual revocó el procesamiento en julio de 2020. Los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que había sido “prematuro”, que no se había acreditado la responsabilidad de Blaquier y que por lo tanto correspondía ordenar nuevas medidas de prueba para seguir investigando el caso. En disidencia, el tercer miembro del tribunal, Mariano Llorens, se pronunció directamente en favor de cerrar el expediente.

Tras ello, el juez Casanello dictó el sobreseimiento de Blaquier y el fiscal Picardi apeló la decisión ante la Cámara, que terminó por confirmar el sobreseimiento del exfuncionario. Ahora, el plazo para recurrir esta decisión se venció sin que Javier Agüero Iturbe, el fiscal ante la Cámara, recurriera la decisión del tribunal.

“Entendemos que los agravios expresados por el Ministerio Público Fiscal no encuentran sustento”, señalaron los magistrados en su fallo. “Consideramos que el temperamento liberatorio se presenta ajustado a derecho, desde el momento en que no hace más que ponerle fin a una imputación que no logró acreditarse luego de una prolongada instrucción –que insumió más de siete años–, en la cual el Fiscal –sobre quien se encontró delegada la investigación– tuvo sobradas oportunidades para realizar un gran número de diligencias para su constatación”, agregaron.

“Fueron 7 años gastando recursos en algo en donde era evidente que no había delito. La pérdida de tiempo del Estado en asuntos como este es una clara demostración de la ineficiencia en ciertos sectores de la administración pública”, señaló Ramiro Salaber, abogado defensor de Blaquier, a LA NACION.

“Desde el comienzo del proceso quedó claro que las operaciones fueron colocaciones internacionales inobjetables y que resultaron muy beneficiosas para el FGS. Inclusive, la gran cantidad de testigos que declararon por haber participado en distintas áreas o etapas del proceso de compra de los bonos fueron unánimes y concluyentes en sus exposiciones, destacando no sólo que las operaciones fueron incuestionables y exitosas, sino que Blaquier jamás les dio alguna indicación sobre cómo proceder”, agregó.

La hipótesis inicial del fiscal Picardi fue la de una posible defraudación al Estado. Luego, la acusación mutó fue por el delito de negociaciones incompatibles.

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