Qué son las sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo convocó al Congreso por fuera de su cronograma habitual para debatir el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti
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LA NACION
La decisión del Gobierno de convocar al Congreso a debatir en sesiones extraordinarias el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, entre otros temas, implica recordar este recurso del que puede valerse el Poder Ejecutivo para hacer avanzar proyectos en el ámbito legislativo por fuera del cronograma anual establecido.
Dicho período, que se llama de sesiones ordinarias, rige desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre. Cada año, las sesiones ordinarias del Congreso se reanudan con un discurso del Presidente, que también tiene en su poder la potestad de convocarlos por fuera del calendario mencionado para que trabajen en sesiones extraordinarias.
Así está definido en el artículo nueve del capítulo tercero de la Segunda Parte de la Constitución Nacional, llamado “de las atribuciones del Poder Ejecutivo”, donde especifica que a la rama del Estado encabezada por el Presidente “prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.
En este caso, el motivo principal del Gobierno para convocar a sesiones extraordinarias en la segunda quincena de enero es el reciente pedido de juicio político al presidente del Supremo Tribunal, Horacio Rosatti, que debe pasar por el Congreso y ser aprobado por dos tercios de los integrantes de ambas cámaras para que el funcionario judicial sea removido.
La encargada de dar los motivos públicos para la remoción de Rosatti -integrante de la Corte Suprema de Justicia desde 2016 y Presidente de la misma desde septiembre de 2018- fueron señalados por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: “Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación, donde la Corte interviene sobre el accionar de otros poderes violando la Constitución”, argumentó la funcionaria en conferencia de prensa.
El disparador de la denuncia fue la filtración de chats del teléfono del Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, a partir de la cual se conocieron conversaciones entre este funcionario y Silvio Robles, vocero de Rosatti, con argumentaciones legales sobre la decisión del Supremo Tribunal respecto a un litigio entre oficialismo y oposición por la asignación de cargos en el Consejo de la Magistratura donde la Corte falló a favor de Juntos por el Cambio.
Aunque D’Alessandro reconoció conocer a Robles y haber mantenido esa conversación, sostuvo en entrevistas televisivas que “era información que poseían todos los periodistas”. Además, argumentó que el contenido de los chats que se conocieron fue “hackeado y manipulado”. De todas formas, se tomó licencia de su cargo en el Ejecutivo Porteño por un plazo indefinido para “desmontar esta operación kirchnerista”, como dijo el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Cómo sigue la denuncia por juicio político contra el presidente de la Corte
Una vez que el Congreso habilite las sesiones extraordinarias, el pedido de juicio político sobre el presidente de la Corte seguirá el mismo trámite que si lo realizara cualquier ciudadano: ingresará a la Comisión de Juicio Político, que abrirá una investigación sobre la materia que podría incluir una citación a declarar para el mismo Rosatti.
En este sentido, el Presidente ya estuvo reunido con la presidenta de dicha comisión, Carolina Gaillard, y el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, para que “los tiempos sean los más breves posibles”, en palabras de Cerruti.
Una vez concluida la investigación, el Congreso deberá emitir un dictamen a favor de desestimar o proseguir, el juicio debe ser aprobado por dos tercios de los integrantes de la Cámara, números que parecen lejos del alcance actual del Gobierno.
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