Qué significa vetar una ley

El presidente Javier Milei vetó la semana pasada la reforma jubilatoria que aumenta los haberes -iniciativa del radicalismo aprobada por el Congreso- y aseguró además que hará lo mismo con la ley de financiamiento universitario en caso de ser avalada por ambas Cámaras, ya que, según su postura, atenta contra el equilibrio fiscal, meta impuesta desde que asumió el Gobierno.

“No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, dijo Javier Milei en respuesta a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto opositor para imponer la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que tendría un impacto en las arcas públicas. En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo hace un par de semanas: “Es un atentado contra el plan del Gobierno, ideado por gente que no entiende cuestiones elementales, la Ley de Gravedad. Está claro que podés tener más gastos, en tanto y en cuanto tengas más recursos”.

El veto es la herramienta que la Constitución Nacional le da al Presidente para evitar que un proyecto aprobado por las dos cámaras del Congreso se convierta en ley, es decir, para que no entre en vigencia y no tenga validez alguna.

En caso de veto parcial, puede promulgarse parcialmente la parte no vetada siempre y cuando el veto no se desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.

Es de alguna manera un límite impuesto desde el Poder Ejecutivo al Legislativo en base al equilibrio de poderes establecido por la Carta Magna, ya que el Congreso luego puede imponerse y validar la ley si consigue dos tercios de los miembros presentes de cada una de las Cámaras.

Esa mayoría es muy difícil de alcanzar, aunque en este caso el dato preocupante para el Gobierno es que la oposición aprobó en Diputados la nueva fórmula de movilidad jubilatoria con una mayoría de 162 votos positivos, 72 votos negativos y ocho abstenciones.

La ley de financiamiento universitario

El proyecto que aprobó la Cámara baja le ordena a la administración nacional recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios en base a la inflación informada por el Indec, acumulada entre el 1° de diciembre último y el momento de la sanción de la ley. A partir de ahí, la actualización se haría de manera mensual, también por IPC.

La intención de la oposición es convertir el proyecto en ley este miércoles, a pesar de las gestiones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pretendía evitar que la Cámara alta sesione e impedir así que el Gobierno sufra una nueva derrota legislativa que podría ser doble, ya que también está listo para su discusión en el recinto el rechazo al DNU que amplió en $100.000 millones las partidas para gastos reservados de la SIDE.

El despacho consiguió el apoyo de casi todos los bloques legislativos. Las excepciones fueron el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy), que consideró que el proyecto afectará la política de reducción del déficit fiscal que impulsa el Gobierno, y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, miembro del bloque Pro pero cada vez más cercana a las posturas del oficialismo.

La pelea entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales viene desde inicios de año y se tradujo, el 23 de abril último, en la primera gran marcha en contra del Gobierno de Milei, que concitó el apoyo de casi todas las fuerzas políticas y terminó con un acto en la Plaza de Mayo. En caso de ser aprobada, sería el segundo veto del Ejecutivo.

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