Qué se sabe del resultado de la votación de la Ley ómnibus de Milei
Se llevan a cabo las exposiciones de todos los legisladores y hacia el final, se concretará la votación general; cuáles son los números necesarios para la aprobación
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LA NACION
Las sesiones extraordinarias que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados concentrarán la atención de la ciudadanía en el momento decisivo de la votación general, cuando se conocerá si la Ley ómnibus es aprobada o no por los legisladores.
El resultado de la votación se sabrá hacia el final de la sesión, cuando culminen las exposiciones de los jefes de cada bloque, lo que, según las estimaciones, podría ocurrir durante la jornada del viernes.
El desenlace de la ley ómnibus se puede seguir en vivo a través de la transmisión oficial televisiva del canal Diputados TV, la señal oficial del Congreso. Allí se podrán ver las exposiciones de cada legislador y la instancia decisiva de votación.
Además, LA NACION pone a disposición una herramienta que permite calcular en tiempo real el posible resultado de la votación en general, a medida que los diputados definen su postura.
Cómo seguir la votación de la Ley ómnibus
La votación general de la Ley ómnibus se puede ver por televisión, según la prestadora del servicio de cable:
- Cablevisión Flow: canal 36
- Telecentro Digital: canal 25
- TDA Satelital: canal 29
- Claro TV: canal 25
Las sesiones en Diputados también se transmite de forma online. Se puede ver en el sitio oficial de DTV o mismo en su canal de YouTube. A su vez, la Cámara baja tiene su propio canal de YouTube, en donde también trasmiten las sesiones en directo.
Qué necesita Javier Milei para que se apruebe la Ley ómnibus
La iniciativa que presentó el presidente Javier Milei en el Parlamento este mes, inicialmente fue tratada en comisiones y ahora llega al recinto, en donde deberá alcanzar los 129 votos para ser aprobada y pasar así al tratamiento posterior en el Senado.
El Poder Ejecutivo precisa del apoyo de los bloques opositores que se mostraron amigables a dar su voto, a cambio de algunas modificaciones en aspectos específicos del megaproyecto.
Los libertarios, que suman 41 votos, obtuvieron el apoyo total de los diputados del PRO, que contabilizan 39 bancas; por lo tanto, debe recolectar, al menos, 49 votos de los demás diputados dialoguistas para alcanzar los escaños necesarios y así aprobar la ley ómnibus.
Las modificaciones a la Ley ómnibus
Para conseguir el apoyo de sectores dialoguistas dentro del Congreso como UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal, el Poder Ejecutivo decidió realizar algunas modificaciones al texto de la Ley ómnibus. Originalmente, esta tenía más de 180 páginas que contenían 664 artículos. Tras las negociaciones, se redujo a 384 apartados días antes de la sesión en la Cámara de Diputados.
Vale recordar que el oficialismo es minoría en las dos cámaras que compone el Congreso. Por lo tanto, en los últimos días fue cediendo y generando recortes y modificaciones a los artículos más polémicos de su Ley Bases.
En ese sentido, el avance del proyecto requirió la eliminación de todo el capítulo fiscal. Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes en una conferencia de prensa. “Lo que no queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente”, dijo.
Además, el Poder Ejecutivo aceptó, entre otras cosas, reducir de 11 a siete las facultades delegadas al Presidente, así como quitar la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro.
En tanto, todas las transformaciones sobre el sistema electoral que se habían mantenido, principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales, por las que se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado, quedarían fuera del texto.
Además, luego de las negociaciones, se decidió retirar a YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) del listado de las empresas propuestas para ser privatizadas, y se contempla una privatización parcial para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT. Además, se excluyó al INTA y al CONICET de las facultades de disolución en el apartado de reorganización administrativa.
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