Las empresas públicas deficitarias serían privatizadas, habría más protestas en las calles y se podrían comprar armas en un supermercado, de acuerdo a las propuestas contempladas en su plataforma
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Podríamos tener pesos, dólares, guaraníes, euros, reales o yuanes en la billetera y pagar mercancías o el alquiler con esas u otras monedas. Tendríamos que pagar la escuela de los chicos con “vouchers” o cheques. Podríamos comprar cualquier bien de capital del mundo. Pero también lidiaríamos con el cierre de un número impreciso de industrias locales. Tendríamos más protestas en las calles y el Mercosur podría llegar a su final. Los trámites burocráticos serían mucho más sencillos y rápidos, pero la tasa de desempleo –al menos en el corto plazo– podría escalar de manera sustancial y los nuevos empleados podrían ser despedidos sin indemnización, aunque accederían a un seguro de desempleo.
Un eventual gobierno de Javier Milei podría registrar estas y otras vivencias positivas, neutras o negativas, según surge de las consultas de LA NACION a especialistas que buscaron vislumbrar cómo serían nuestras vidas cotidianas si aplicáramos su plataforma electoral, cuya concreción, anticipa el candidato, insumiría 35 años, “en etapas sucesivas”.
Cuánto de esa plataforma podría plasmarse en la realidad, sobra aclarar, es futurología. Ningún Presidente logró jamás concretar todas sus propuestas, sino que avanzó hasta donde pudo… cuando no optó por traicionar sus promesas. Conviene recordar, también, que incluso si Milei llegara a la Casa Rosada con el 50% de los votos en primera vuelta solo obtendría la cuarta parte de las bancas en la Cámara de Diputados y, acaso, un puñado de senadores.
¿Presionaría con consultas populares no vinculantes al resto del arco político para impulsar sus reformas, que tampoco podrían abordar ciertos temas vedados por la Constitución? ¿Cuántas veces podría llamar a las urnas a la ciudadanía sin hastiarla? ¿Gobernaría con decretos de necesidad y urgencia, aunque la Constitución también los veda en “materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”?
Las empresas públicas deficitarias
Sin apoyo del Congreso, ni gobernadores o intendentes propios, Milei sí tendría una variable a disposición: la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque por decisión administrativa del jefe de Gabinete podría distribuir los gastos (por programas y partidas) y los recursos (por rubros). Y, en esa línea, es un indicio que la primera propuesta concreta de las 13 carillas de su plataforma sea la promesa de un fuerte recorte del gasto del Estado.
Ese recorte, anticipó, abarcaría una larga lista de empresas públicas que pasarían a manos privadas. ¿Cuáles? Todas las deficitarias, según su plataforma. Incluiría, pues, de Aerolíneas Argentinas a AySA, del Correo a trenes como el Belgrano Cargas, y de Casa de Moneda a Enarsa. También, a Tandanor, los yacimientos de Río Turbio (YCRT) y de Agua de Dionisio (YMAD), y la Fábrica de Aviones (Fadea) y La TV Pública, entre otras.
Esas empresas públicas registraron, sumadas, un resultado financiero negativo anual que rondó los $400.000 millones durante 2022, según datos oficiales analizados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), ante la consulta de LA NACION. Pero la revisión acotada a los números excluiría otros factores intangibles que deberían evaluarse. Entre ellos, el valor estratégico o el servicio público o el aporte al bien común que esas empresas realizan –o pueden realizar– al país.
En el rubro impuestos, Milei promete que los argentinos pagarían menos gravámenes distorsivos, como Ingresos Brutos –aunque su regulación y alícuota no depende de la Nación, sino de cada provincia–, y corregiría la aplicación de otros como el IVA. También terminaría con los derechos de importación y exportación. Eso dejaría más dinero en los bolsillos de los contribuyentes, aunque también acotaría los ingresos del fisco. ¿Un ejemplo? La recaudación por impuesto al cheque y los derechos al comercio exterior –que el libertario sostiene que eliminaría– significaron 1,6% y 2,8% del PBI en 2022.
¿Conllevaría esto a un aumento del déficit público? Según los libertarios, no, porque el recorte se compensaría con más reformas y achiques del Estado, que tendría menos ministerios y dependencias, aunque eso no siempre redunde en menos gastos.
“Resulta complejo develar el impacto de la reducción en ministerios”, indicaron en ASAP a LA NACION. “El impacto directo (cantidad de cargos jerárquicos) podría calcularse, pero no tendría mayor significación en las cuentas públicas”.
Mayor impacto en las cuentas públicas tendría, en cambio, lo que hasta hoy es un secreto a voces entre los precandidatos presidenciales. ¿Cuál? La posibilidad de que la Argentina promueva un canje de su deuda soberana con una quita sustancial o, más drástico, entre otra vez en cesación de pagos. En ambos horizontes, el próximo gobierno no tendría que afrontar ciertos vencimientos previstos en el corto y mediano plazo, por lo que Milei podría destinar esos fondos a solventar parte de su plan de reformas y propuestas.
En el horizonte internacional, además, Milei prometió “una apertura unilateral al comercio internacional”. ¿Qué significaría eso? Más variedad de bienes y productos en las góndolas de supermercados, ferreterías y otros comercios. También, más insumos estratégicos y bienes de capital importados que ahora escasean. Pero también conllevaría el cierre de industrias y pymes locales que no podrían competir con lo que llegue de otros países que más competitivos o que hacen “dumping”.
No sólo eso. “Lo que propone Milei es bajar nuestros aranceles al 5% o 10%, sin contraprestación de otros países, ni negociar acuerdos de libre comercio con ‘canastas’ de rubros para bajar de manera progresiva los aranceles a cinco, diez o quince años”, tradujo un embajador especializado desde hace décadas en ese campo, ante la consulta de LA NACION. “La OMC [Organización Mundial de Comercio] nos diría ‘todo bien’, pero recibiríamos reclamos de nuestros socios del Mercosur, con los que debería acordar antes. ¿Te doy un ejemplo? A fines de 2021, Bolsonaro impulsó una rebaja unilateral de aranceles al 10% en distintos bienes y la Argentina reclamó y presionó para evitar su impacto en automóviles, lácteos y otros ítems. Ahora sería al revés”, detalló.
Jubilaciones, trámites y armas
De concretarse las propuestas del libertario, el régimen jubilatorio también sería distinto. La Argentina volvería a un sistema mixto, con un régimen estatal de reparto y otro privado de capitalización, como el que tuvimos con las AFJP, aunque eso incrementaría el rojo fiscal frente a los actuales jubilados. ¿Dónde hay sistemas duales? En Canadá, Noruega, Suecia, Islandia, Israel y Australia, entre otros países. Una opción interesante, pero que presenta desafíos mayúsculos en sociedades con informalidad y pobreza elevadas.
Lidiar con el sector público, en tanto, sería más sencillo, según promete Milei, posibilidad que ya se vislumbró durante la pandemia. Muchos trámites serían digitales, al igual que todos los expedientes administrativos, que le dirían adiós al papel. Y la interacción con la AFIP, el Senasa, INTA y otros organismos públicos prometería ser menos engorroso. De hecho, también la compra de armas debería ser más expeditiva, al punto que se podría adquirir un arma en la armería o hasta en el supermercado del barrio, como en Estados Unidos.
“La propuesta [de Milei] es muy genérica. ¿Significa que vos podrías comprar cualquier arma, sin requisitos, sin siquiera una credencial o certificado vigente que te acredite como ‘legítimo usuario’?”, inquirió un extitular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) que es legítimo usuario, porta armas y critica las regulaciones excesivas. “En Estados Unidos, cada Estado fija su propia regulación, que puede ser más estricta o más laxa, pero se lleva un registro de cada arma. Algún tipo de control, registro y trazabilidad hay que tener, sobretodo en la situación que vivimos en la Argentina”, remarcó a LA NACION.
Aborto y derribos
Menos engorroso, pero más costoso sería acudir a cualquier centro de salud público. Las derivaciones hospitalarias quedarían descentralizadas, se promovería la telemedicina –una realidad para muchos desde la irrupción del Covid-19– y “todas las prestaciones” quedarían aranceladas, aunque habría un seguro de salud proporcional a la capacidad de pago de cada paciente. Y dos reformas sustanciales: la opción de abortar y la píldora del día después quedarían prohibidas, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, y en las escuelas dejaría de ser obligatoria la Educación Sexual Integral (ESI).
¿Y los extranjeros? Deberían pagar por cada tratamiento médico que reciban, aunque para algunos sería incluso más gravoso: solo podrían ingresar al país si presentaran algún tipo de seguro de cobertura médica y no tuvieran antecedentes penales. Pero podrían comprar las tierras que quieran, donde quieran, porque se derogaría la llamada “Ley de Tierras”, incluso si fueran campos en zona de frontera, en zonas estratégicas o con espejos de agua dulce.
Hablando de fronteras, Milei anticipa que su gobierno buscaría la completa radarización del territorio argentino, además de controles con drones, satélites, vehículos “y todo equipamiento necesario” para monitorearlo. Pero evitó abordar la pregunta subsecuente: ¿Habilitará el derribo de aeronaves bajo sospecha? Y en ese caso, ¿cómo?
Menores, bancos y calles
Si de seguridad se trata, en tanto, Milei promete más cárceles, con un régimen militarizado, con presos que solo accederían a un salario si estudiaran o trabajaran, mientras que abre la puerta a “estudiar la posibilidad” de reducir la edad desde la cual somos responsables ante la ley penal. Hoy es a los 16 años y Milei querría bajarla, aunque omite precisar cuál sería el nuevo piso. ¿15, 14, 12? A la hora de debatirlo, acaso sea bueno saber que solo el 3,8% de los menores en conflicto con la ley tiene menos de 16 años, según un relevamiento de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef en 2015.
Si derribo de aeronaves o menores en cárceles son respuestas pendientes, algo más precisa es la propuesta sobre el sistema bancario. Se podrían comprar dólares libremente, pedirlos por ventanilla del banco o retirarlos por cajero automático. Pero la plataforma no es tan asertiva sobre la dolarización como lo es Milei en sus declaraciones. En la segunda página alude a promover “la libre competencia de divisas” y en la siguiente avanza sobre la idea, pero solo como opción: “Se prevé [la] competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía”.
En la misma senda, propone la eliminación del Banco Central, pero recién “en una tercera etapa” –no en lo inmediato–, reforma que permitiría abrir un banco en cada esquina, sin regulación, aunque con encajes del 100% para depósitos a la vista. Restaría determinar qué entidad u organismo –ante la ausencia del BCRA– se encargaría de supervisar.
“Tener que contar con encajes del 100% complicaría la generación del mercado crediticio. O dicho de otro modo: con encajes del 100 por ciento no podés prestar dinero”, indicó a LA NACION un referente del sistema bancario con décadas en el sector, donde llegó a liderar uno de los principales bancos privados del país. “El problema de fondo es el déficit fiscal –planteó–. Con déficit no podés dolarizar, ni podés tener moneda, ni tampoco tener depósitos consistentes que lleven a la expansión del crédito”.
Si esa y otras propuestas son inciertas, junto a Milei destacaron tres puntos sobre su plataforma, ante la consulta de LA NACION. La primera, que la presentó, a diferencia de las vaguedades o el silencio de los otros precandidatos. La segunda, que su plataforma le permitió, otra vez, pisar fuerte en la agenda pública y que todos –periodistas incluidos– hablen sobre él y sus ideas. La tercera, que si gana la Presidencia, “nadie podrá alegar que Milei los sorprendió con sus actos de gobierno”.
Si gana el libertario, también se pueden anticipar qué reacciones cosechará. Registrará apoyos, claro, pero también paros y movilizaciones, ya fuera por oposición al achique del Estado nacional, por la reforma de los sindicatos o de los sistemas de salud y educación, o por la eliminación de los planes sociales que sería, según Milei, “progresiva”. Último dato: a lo largo de las 13 carillas de su plataforma, omitió precisar qué hará ante los cortes de calles.
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