Qué es la Ley Hojarasca anunciada por el gobierno de Milei para derogar leyes “obsoletas”
El nuevo proyecto legislativo enviado por el oficialismo al Congreso prevé la derogación de 70 regulaciones vigentes, que el Poder Ejecutivo considera obsoletas o irrelevantes
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El Gobierno presentó la Ley Hojarasca, un proyecto que apunta a la derogación de legislación ya vigente que el oficialismo considera “obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores”, versada sobre “temas de escasa relevancia” o generadora de “trámites inútiles que incrementan o generan costos” para los ciudadanos.
Según detalló el autor del proyecto presentado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la normativa busca derogar unas 70 leyes. “Cuantas más leyes, peor una sociedad. En el infierno no encontrarás más que leyes”, citó el funcionario al jurista norteamericano Grant Gilmore, para justificar el espíritu de la Ley Hojarasca.
Entre las normas sancionadas que podrían eliminarse en caso de que se apruebe el proyecto hay normas que corresponden a gobiernos militares y democráticos. Desde la cartera, subrayaron que hay legislación promulgada durante los “períodos presidenciales de Isabel Perón; Agustín Lanusse; Juan Domingo Perón; Juan Carlos Onganía; Jorge Rafael Videla; Néstor Kirchner; Raúl Alfonsín; Arturo Illía; Reynaldo Bignone; Arturo Frondizi; Cristina Fernández de Kirchner; Agustín Justo; Edelmiro Farrell; Héctor Cámpora; José Uriburu y Raúl Lastiri”.
Qué leyes busca derogar la Ley Hojarasca
Sturzenegger adelantó algunas de las legislaciones que se derogarán en la Ley Hojarasca, a través de una publicación en su cuenta oficial de X. Entre ellas, citó:
- La Ley 14.034, sancionada en 1951 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, que prevé “prisión de cinco a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua, al argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino”.
- La Ley 22.875, que establece que “cualquier bien, instalación fija o conjunto de instalaciones fijas afectadas a la prestación de los servicios públicos en general, y en particular, los de generación o suministro de energía, procesamiento, distribución o almacenamiento de combustibles, potabilización de agua y comunicaciones” pueden ser establecidos como Objetivo de Defensa Nacional en el caso de un ataque del exterior.
- La Ley 22.964, sancionada en 1983, que permite la internación forzosa de enfermos de lepra. Según dijo Sturzenegger, “esta norma, de corte netamente medieval, no solo estigmatiza a quienes padecen una enfermedad, sino que viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitución Nacional”.
- La Ley 20.959, de 1975, que otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”, dijo el ministro.
Cuáles son los fundamentos de la Ley Hojarasca
El proyecto de ley que presentó el oficialismo parte de la base de que “todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita de leyes específicas”. En este sentido, argumentan, “la ley entiende que las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas, que luego pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual de los ciudadanos y el país en su conjunto”.
Desde el Gobierno señalaron que el criterio para decidir qué regulaciones son susceptible de ser eliminadas son “leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas” o que “fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o del paso del tiempo”.
Además, apuntaron a legislaciones que “limitan la libertad individual”, leyes cuya derogación implica avanzar con el proceso de desburocratización”, “leyes que ya no tienen razón de ser, porque los organismos e instituciones que los crearon dejaron de existir”, pero también a “leyes que crean organismos para integrantes del sector público, solventados con recursos del Estado nacional”.
LA NACION
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