Qué es la Ley Bases de Javier Milei y cómo sigue la reforma de Ganancias y Bienes Personales

A fuerza de múltiples concesiones, el Gobierno se anotó un triunfo parlamentario y logró que el Senado le diera luz verde a los proyectos fundacionales de la administración libertaria. Se dio esta madrugada, después de casi 20 horas de debate y tras frenéticas negociaciones con la oposición, que se mostró reticente a apoyar mansamente los puntos nodales de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo deberán ahora pasar por el último filtro de la Cámara de Diputados, que tendrá que decidir si acepta los cambios introducidos o bien insiste con la redacción original.

Tal como contó LA NACION, la Casa Rosada muestra especial preocupación frente a la imposibilidad de revertir en Diputados el rechazo a dos puntos claves del paquete de reformas fiscales: la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y las modificaciones al impuesto sobre Bienes Personales.

Ley Bases

• Facultades delegadas: se logró aprobar la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Este fue uno de los puntos que hasta último momento estuvieron en la cuerda floja, a pesar que ya se habían excluido otras varias emergencias en el tratamiento en Diputados. Los senadores radicales Maximiliano Abad y Martín Lousteau, votaron en contra. En tanto, su compañero de bancada Pablo Blanco modificó su postura inicial y avaló el texto. Fueron claves las ausencias de los santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, quienes evitaron el rechazo y allanaron el camino para el oficialismo. Si bien la votación quedó igualada en 35 a 35, desempató la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

• Desregulación del Estado: en el artículo 3, donde se detalla el alcance de la desregulación administrativa, se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se sumó, a último momento, la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Entre otros, los entes que no podrán disolverse son: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además, se mantuvo el párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
• Privatizaciones: del paquete original de 41 empresas a privatizar, quedaron solo 9 en el texto que trató el Senado. No obstante, en el recinto de la Cámara alta el miembro informante de la Ley Bases, Bartolomé Abdala (San Luis-LLA), anunció que se excluiría a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino. Quedaron, entonces, Energía Argentina S. A. (Enarsa) e Intercargo sujetas a privatización total; mientras que permanecieron en el listado de empresas para concesionar o privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas y Logística; Sociedad Operador Ferroviaria (Sofse); y Corredores Viales S.A. Este fue otro de los puntos en donde el marcador arrojó un empate y la decisión final estuvo a cargo de Villarruel. Como la modificación no obtuvo mayorías especiales, es posible que Diputados pueda insistir con la versión original, e introduzca nuevamente estas empresas en el compendio a liquidar. De hecho, unas pocas horas después, el Gobierno admitió que no resignará este punto. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la administración libertaria insistirá con la privatización de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina S.E (RTA) y más empresas del Estado. “Todas las empresas públicas son pasibles de privatizar, veremos si es ahora o mas adelante, lo definirá Diputados”, sostuvo el portavoz de Javier Milei. “Está claro que las empresas tal como están no pueden seguir funcionando”, marcó y precisó: “La idea no es cerrarlas, sino todo lo contrario, salvarlas, el ingreso de capitales privados es una manera de salvarlas”.

• Empleo Público: una de las últimas modificaciones que el Gobierno aceptó introducir con la firma del dictamen de mayoría fue que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
• Contratos y acuerdos transaccionales: en el título III, que alude a las características que deberán tener las contrataciones celebradas por el Estado Nacional en materia de obra pública, servicios y licitaciones, se introdujo una modificación relevante: aquellas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional, no serán frenadas. Esto es parte de lo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negoció en las últimas semanas con varios gobernadores. Este título fue aprobado con el apoyo de los radicales Abad y Lousteau, así como con la ayuda de Carambia y Gadano, que se ausentaron para evitar sumarse al rechazo. El marcador arrojó una victoria para el oficialismo, con 37 votos a favor y 33 en contra.
• Empleo registrado: en este título se regulan las relaciones laborales del sector privado. Uno de los principales cambios que se plantean, y que recibió críticas de la oposición, es la eliminación de las multas o infracciones para quienes no hayan regularizado debidamente a sus empleados. Cuando los senadores tuvieron que fijar una posición, se dio una particularidad: la primera votación quedó igualada en 35, pero en la segunda logró aprobarse por 37 a 35. Los radicales Abad y Blanco rectificaron su voto por la afirmativa y torcieron el resultado en favor del oficialismo. Lousteau, que había reclamado cambios, también jugó a favor.

• Modernización laboral: a pesar de que un sector de la UCR había retomado su pedido para limitar el poder de los sindicatos a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del texto. Se quitó el artículo que establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, sólo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Sin este párrafo, lo podrán seguir haciendo contra su voluntad. Además, sobrevivió el punto que define a la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo. En el recinto, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal), no consiguió quitar el artículo 96, que apuntaba a derogar la ley 14.546, sobre el convenio especial de viajantes. La propuesta quedó rechazada por dos tercios de los presentes. El resto del título se aprobó con mayoría simple.

• Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): este título se aprobó con 38 votos a favor. Las modificaciones introducidas en el despacho de mayoría que sobrevivieron al recinto fueron:

• -la reformulación del artículo 163 que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.
• -la introducción de un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
• -la limitación del margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.
• -la incorporación de incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.
• -la eliminación de la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.

En la sesión, además, se sumaron nuevos cambios propuestos por el miembro informante:

- el régimen ya no podrá ser aplicado a “cualquier sector que cumpla los requisitos previos”, sino que se acotó a los siguientes: forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Este cambio desencadenó críticas del kirchnerismo, pero también de los sectores aliados, como Pro. El diputado macrista, Luciano Laspina, descargó su enojo en su cuenta de X: “No se me ocurre algo más arbitrario, dirigista y discriminatorio. Un daño enorme al espíritu de una ley general de protección de inversiones para todos los que quieran invertir en el país”.

- se modificaron los plazos para el cobro de exportaciones: se podrá recaudar el 20% luego de dos años de iniciada la inversión -el texto anterior definía que se podía hacer pasado un año-; el 40% después de tres años -el texto anterior estipulaba que era después de dos años-; y el 100% a partir de los cuatro años -el texto anterior indicaba que se podía hacer después de tres años-.

• Moratoria Previsional: se eliminó de la Ley Bases la reconfiguración de la moratoria previsional. Fue un pedido de la cordobesa, Alejandra Vigo, quien logró quitar del texto el Título VIII, a través del que se derogaba la posibilidad de requerir la moratoria previsional hasta marzo/2025. Al excluirse, quedó vigente. Además, también se eliminó el punto que pretendía crear la “prestación de retiro proporcional” para aquellas personas que hubieran ya alcanzado 65 años y que no hayan cumplido con los 30 años de servicios, pudiendo acceder a un haber mínimo equivalente a la PUAM mientras cumplan sus requisitos.
• Tabaco: el controvertido capítulo que modifica los impuestos internos al tabaco y al precio de los cigarrillos no sufrió modificaciones. Quedó igual que como llegó desde Diputados, donde se dispuso la eliminación del componente fijo del impuesto a los cigarrillos y se propuso elevar la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%. Se aprobó en la Cámara alta con 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones, en su mayoría del kirchnerismo. Es decir, por más de dos tercios de los votos, con lo cual es muy difícil que lo puedan revertir los diputados.

Paquete fiscal

• Blanqueo: si bien sobrevivieron las modificaciones que la oposición logró en la discusión en comisión, se agregaron otras, a pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien pidió eliminar las cláusulas que permitían a los residentes extranjeros ingresar el régimen de regularización y a las personas físicas declarar bienes muebles cuya titularidad se encuentra a nombre de empresas. Contó con el apoyo del kirchnerismo y se aprobó por unanimidad, blindando los cambios para que no puedan ser revertidos por la Cámara de Diputados. El texto que llegó al recinto contaba con modificaciones consensuados en el despacho de comisión:

• -Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.
• -Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
• -Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.
• -Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.
• -Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
• -Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.

• Impuesto a las ganancias: a pesar de los cambios introducidos en este punto, el Gobierno no pudo evitar un revés en el Senado, que rechazó de plano la reimposición de este tributo. Obtuvo 41 rechazos y 31 apoyos, entre los que se contaron el de los patagónicos Pablo Blanco (UCR) y Lucila Crexell, cuestionada por negociar su voto a cambio de quedar al frente de una embajada. Este punto también dividió al kirchnerismo, que en su mayoría votó en contra, salvo la jujeña Carolina Moises y el catamarqueño Guillermo Andrada, quienes se diferenciaron de su bancada. Frente a la presión de los senadores de la región sur, el Gobierno había accedido a incorporar el diferencial del 22% para la Patagonia por zona desfavorable. Para el resto del país, el texto fijaba que el impuesto vuelva a pagarse a partir de la percepción de $1,8 millones en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. La actualización de las escalas se haría por inflación a partir de septiembre y cada seis meses desde el próximo año. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes. Definirá Diputados, que podrá sostener este tributo mayoría simple.
• Bienes personales: con 37 votos en contra y 35 a favor, fracasaron las modificaciones que el oficialismo planteaba para el impuesto a los Bienes Personales. Planteaba una modificación del piso a partir del cual se empezaría a pagar el tributo, así como cambios en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible se incrementaría de $27 a $100 millones. El voto negativo de la provincial Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) terminó por volcar la balanza para el lado del “no”. Además de Silva y los 33 senadores de UxP, votaron en contra los dos santacruceños, Carambia y Gadano, así como Lousteau. Diputados, no obstante, podrá insistir con los cambios en este punto con una mayoría simple.

• Gasto tributario: con acuerdo del oficialismo, fue eliminado el artículo 111 -introducido por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López- que instruía al Poder Ejecutivo a incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos. La medida fue aceptada por el Gobierno ante el pedido planteado por el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego). La modificación, que fue apoyada por una mayoría agravada, busca salvaguardar al régimen de promoción industrial de la provincia más austral del país. Será difícil que Diputados pueda insistir en este punto, dado que necesitará los dos tercios de lo presentes para reintroducir este artículo. “Me reservo la opinión del Senado. Pero un dato dice mucho, juntaron 2/3 para rechazar un artículo que introdujimos en Diputados para revisar 2 puntos del PBI de gasto tributario, de beneficios fiscales a sectores económicos que no compiten (ej: celulares). El Senado Corporativo”, denunció López en su cuenta de X.
• Monotributo social: se mantiene con un esquema diferente al vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
• Ley Minera: se volvió a modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído. En esta última etapa, se definió que este incremento sólo aplicará para aquellos proyectos que no hubieran iniciado la etapa de explotación antes de la puesta en vigencia de la norma.

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