Qué dice el texto completo del proyecto de ley de legalización del aborto
El proyecto de legalización del aborto que el Gobierno enviará hoy al Congreso tiene 21 artículos. Entre ellos, fija que las mujeres podrán requerir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, obliga a los servicios de salud a realizar la práctica en el plazo de diez días desde la solicitud y admite la objeción de conciencia individual del profesional de la salud, siempre y cuando se garantice que la paciente sea atendida por otro médico.
"Las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional", señala el proyecto que anunció hoy Alberto Fernández. Fuera de ese plazo, solo se podrá acceder a la interrupción del embarazo en caso de violación y "si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante".
El proyecto de Fernández permite la objeción de conciencia individual de los trabajadores de la salud -uno de los puntos que genera mayor controversia- aunque advierte que en ese caso "se debe derivar a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna". No está contemplada la objeción de conciencia institucional.
La iniciativa también fija que "toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento". Para acceder a la práctica, deberá presentar un consentimiento informado.
En los casos de personas menores de trece años de edad, la mujer deberá brindar su consentimiento informado "con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales". En los casos de adolescentes de entre 13 y 16 años "se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica" a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. "En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales", agrega el proyecto.
La iniciativa también fija que "el sector público de la salud y "todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicos asistenciales a las personas afiliadas independientemente de la figura jurídica que posean" deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir que todas las instituciones públicas y privadas deben garantizar la práctica.
La norma, por último, modifica el artículo 85º, 86º y 88º del Código Penal y fija que "no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional".
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