Punto por punto. De qué se acusa a Cristina en el juicio que empieza el martes

En la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner y exfuncionarios de su gobierno se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo martes, se investigó el direccionamiento de 51 contratos de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al Grupo Báez entre los años 2003 y 2015.

¿De qué se los acusa?

Según se explicó en el requerimiento de elevación a juicio oral formulado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, todos ellos -Cristina Kirchner, Julio De Vido , José López y exmiembros de la Vialidad Nacional y de la Vialidad provincial- instrumentaron un esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez , tanto en la etapa de adjudicación de las obras como en la de su ejecución y pago.

Según concluyeron los fiscales, la mayor parte de las obras se encontraron inconclusas y, las finalizadas, se hicieron por mucho más dinero y en un plazo mucho mayor. A Cristina se la acusa de haber formado parte de una asociación ilícita que le causó un perjuicio millonario al Estado.

Mientras la defensa de la expresidenta sostiene -a través de un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema- que no se tomaron las medidas de prueba necesarias, los fiscales de la causa consideran probado que las licitaciones estudiadas fueron una "puesta en escena" que estuvo destinada a incrementar los montos de los contratos y aparentar competencia entre empresas cuando, en realidad, ya existía una firma preseleccionada para ganar.

¿Cuánto fue el monto de la presunta maniobra?

Según los fiscales, el análisis de las obras adjudicadas a Báez demostró que el Poder Ejecutivo convirtió en el período 2003-2015 a Santa Cruz en la provincia más beneficiada con obras públicas viales. Según sostuvieron, dentro de esa provincia, el 78,3% de los fondos fueron destinados a Báez, y se firmaron 51 contratos por 8000 millones de pesos

"Sin embargo, a pesar de haber transcurrido doce años, tras haberse ampliado los montos de contratación a más de 16.000 millones de pesos, la mayor parte de las obras se encontraron inconclusas y, las finalizadas, se hicieron por mucho más dinero y en un plazo mucho mayor", concluyeron los fiscales. Cristina pidió que como medida de prueba se realice un peritaje sobre toda la obra pública ejecutada durante su gobierno, y entregó una lista de 16 testigos para que declaren a lo largo del juicio.

El Ministerio Público Fiscal reunió los expedientes administrativos de las 51 licitaciones adjudicadas a Báez y los 249 expedientes administrativos por medio de los cuales el Grupo Báez introdujo sucesivas y numerosas ampliaciones de plazos y costos; y se procedió al estudio pormenorizado de cada uno de esos expedientes, en conjunto con la obtención de prueba a través de requerimientos a diversos organismos públicos. Luego de que fuera elevada la causa a juicio, el TOF2 ordenó una pericia sobre cinco obras de esas 52, cuyos resultados llegarán a inicios de junio.

¿Cuál fue la estrategia que reconstruyeron para direccionar las licitaciones?

"Austral Construcciones, espuriamente preseleccionada para la adjudicación de la obra, efectuaba una oferta muy por encima del presupuesto oficial con un incremento de entre el 15% y el 20%, máximo permitido por la ley, mientras que las restantes firmas del empresario realizaban una cotización superior a la primera -e incluso mayor al 20%-, lo que transformaba automáticamente a Austral en 'la oferta más económica' y permitía sostener la ficción de competencia", sostuvieron los fiscales.

A través de la evaluación del total de obras terminadas, los plazos y los montos de los contratos, los funcionarios judiciales señalaron una "fenomenal defraudación al Estado". En las causas Hotesur y Los Sauces, que fueron unificadas recientemente y todavía no tienen fecha de juicio oral, se estudia cómo ese dinero recibido por Lázaro Báez luego le fue transferido al matrimonio Kirchner a través de préstamos millonarios y de la compra de propiedades, que luego fueron blanqueados a través de operaciones de actividad hotelera. En la causa Vialidad lo que se investigó es el delito precedente.

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