Planes sociales: el Gobierno prepara un DNU para que 200.000 beneficiarios pasen al sector privado
Se trata de una medida que había anticipado el ministro de Economía, Sergio Massa; esos beneficiarios seguirán recibiendo el plan por un año, hasta que el empleador complete el resto del salario
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LA NACION
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno avanzará en un programa que aspira a convertir -inicialmente- unos 200.000 planes sociales en empleo formal en el sector privado. Se trata de un acuerdo con empresarios, quienes contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios.
Según informaron fuentes oficiales, el proyecto fue elaborado por el Palacio de Hacienda que ahora conduce Sergio Massa. Bajo el nombre de “Puente Empleo”, la propuesta aspira a la “transformación de planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad”.
“Los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por 1 (un) año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio”, explicaron las fuentes.
Así, la iniciativa actual dispone que el trabajador mantiene de manera temporal por un año la estabilidad del plan. “Al año, el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios de estar en el mercado laboral (indemnización futura)”, precisaron desde el Gobierno.
Por su parte, los empleadores se verían beneficiados con una subvención de los salarios durante el primer año de contrato. “Por un año, el Estado se hace cargo de parte del salario (la parte del plan que se mantiene)”, añadieron los voceros de Economía.
En principio, el proyecto apunta a incorporar 200 mil trabajadores. “Fundamentalmente, se busca que las incorporaciones se den en empleadores de hasta 100 trabajadores, que son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el Boletín de Seguridad Social”, indicaron.
Y consideraron: “Este programa permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales”.
Tras asumir su cargo como ministro de Economía, Massa anticipó que se avanzaría con una auditoría sobre los planes sociales.
”Sobre los planes sociales encararemos una política de reordenamiento durante los próximos 12 meses, poniendo foco en tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad”, afirmó.
El conflicto entre los grupos piqueteros y el Gobierno
La decisión administrativa se produce días después del acampe en Plaza de Mayo -que tuvo lugar el entre el 11 y 12 de agosto-. La medida de fuerza se llevó a cabo en reclamo por la actualización de los montos que perciben los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, el aumento del salario mínimo a 105.000 pesos y la entrega de un bono de emergencia por el valor de 20.000 pesos. Si bien el epicentro del reclamo estuvo en la ciudad de Buenos Aires, las protestas se replicaron en varias provincias.
La queja estuvo dirigida al ministro de Economía Sergio Massa, a once días de su asunción y se tradujo en un acampe. Los piqueteros intentaron ser recibidos por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Pero no lo consiguieron. Por eso acamparon durante la noche en el microcentro. Zabaleta les prometió que los recibirá en diez días.
Se prevé una nueva manifestación el próximo 22 de agosto cuando se reúna el Consejo del Salario, encuentro durante el cual se buscará definir un nuevo piso salarial y actualizar el monto referido al desempleo
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