“Protocolo antipiquetes”: los detalles del plan de Bullrich para mantener el control de la calle en medio del ajuste
Busca que las fuerzas federales intervengan para despejar los cortes parciales o totales sin autorización de un juez; la batería de medidas para prevenir interrupciones en la vía pública
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LA NACION
Después de que se oficializara el primer paquete económico, que implica un importante recorte del gasto público, una fuerte devaluación y quita de subsidios, entre otras medidas, el gobierno de Javier Milei presentó hoy un nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante eventuales cortes parciales o piquetes en la vía pública durante posibles protestas de organizaciones sociales o gremios.
En una decisión de alto voltaje político, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que las fuerzas federales podrán intervenir de acuerdo a los “códigos procesales vigentes” en las zonas de competencia federal para despejar los cortes totales o parciales en las calles y asegurar la libertad de transitar. “Si hay un delito, las fuerzas federales podrán intervenir en flagrancia”, puntualizó Bullrich. Esto implica, según indicaron fuentes oficiales, que no se requerirá de una intervención judicial previa para que las fuerzas federales procedan ante un corte y se actuará según lo establecido al artículo 194 del Código Penal. Con esa medida, apuntan, sobre todo, a los líderes de las organizaciones sociales más combativas, según expresaron desde la cúpula de la cartera de Seguridad.
“El anuncio ya está hecho: las calles no se toman. Si se toman las calles, habrá consecuencias. Ya se sabe, vamos a ordenar el país; el corte se termina”, enfatizó Bullrich durante una conferencia de prensa que concedió este jueves en el primer piso de la sede de su cartera. De inmediato, dirigentes sociales y de izquierda la acusaron de violentar el derecho constitucional de protesta y promover un accionar de las fuerzas al borde de la ilegalidad.
La presentación de Bullrich se produjo a menos de una semana que se concrete la primera movilización piquetera de gran magnitud con la que lidiará la administración de Milei. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, prepara una manifestación en la Capital para el 20 de diciembre, en lo que será la primera prueba de fuego para el protocolo que presentó Bullrich. Tras su asunción, el Presidente ratificó que aplicará la doctrina de “el que las hace las paga” y del “que corta no cobra” el plan social.
Hoy Bullrich materializó esas advertencias con un anuncio que brindó en soledad en su sede ministerial y que había sido anticipado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, antes del mediodía. El control de las calles es uno de los grandes desafíos de Milei mientras pretende ordenar la economía y domar la inflación con un shock de ajuste.
Según lo dispuesto por Milei y Bullrich, las cuatro fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)- intervendrán frente a piquetes parciales o totales de la vía pública. A esos efectivos se sumará los integrantes del Servicio Penitenciario Federal, que Milei traspasó del ministerio de Justicia a la órbita de Bullrich. “La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple”, argumentó la funcionaria, quien se jactó de oficializar la derogación del “protocolo garantista” de la exministra Nilda Garré. Desde un costado del salón la escuchaba el consultor Derek Hampton, su exestratega de campaña.
Al desglosar el nuevo protocolo, Bullrich anticipó que serán “identificados los autores, cómplices e instigadores” de los piquetes o bloqueos bajo jurisdicción federal. También los vehículos o micros y conductores que trasladen a manifestantes. Se procederá a incautar los autos que estén en infracción o sin documentación, según la ministra. Avisó que habrá fuertes controles en el transporte público para incautar palos o pañuelos para no ser identificados y dar aviso al juez competente en “caso de daño ambiental”, por la quema de cubiertas. En caso de que haya niños en el corte, dijo Bullrich, se notificará a las autoridades a cargo de la protección de menores, para avanzar con sanciones a los padres o “quienes los lleven”.
“Sin orden no hay libertad”, justificó. En paralelo, explicó, el Ministerio de Seguridad no solo notificará a la Justicia, sino a las dependencias o autoridades “pertinentes” del Estado, como la Inspección General de Justicia (IGJ), sobre las infracciones cometidas por los involucrados. Dicho de otro modo: Bullrich no aplicará la sanción ni podrá disponer la quita del plan social a una persona que corte y reciba la asistencia social, sino que avisará al Ministerio de Capital Humano. Lo mismo ocurrirá para la incautación de los vehículos o micros que participen en las marchas. Incluso anticipó que a los involucrados en los piquetes -ya sean individuos, organizaciones sociales o gremios con personería- se les demandarán los costos de los operativos de seguridad por los cortes.
A su vez, dijo que los agentes actuarán hasta despejar “totalmente” el espacio de circulación y advirtió que, para llevar adelante las medidas, emplearán la fuerza mínima y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia” de los manifestantes. Emplearán armas no letales para despejar “la concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que incidiesen en la libre circulación de vehículos o estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro”.
La Casa Rosada aspira a tener la cooperación de las provincias, que tienen el control de la policía en sus jurisdicciones. Bullrich dijo que espera un “trabajo en común” con los gobernadores para liberar a los argentinos de las “extorsiones”. Las fuerzas federales solo intervienen en caso de que lo requieran los mandatarios. La ministra anticipó que avanzan en un trabajo coordinado con la gestión Jorge Macri para enfrentar los piquetes en territorio porteño y que aspira a tener cooperación de Axel Kicillof para controlar los accesos a la Capital desde la provincia o ingresos y egresos de estaciones de trenes en jornadas de protesta. “La reunión con la ministra Bullrich fue excelente. Vamos a trabajar de manera conjunta y el Ministerio de la Nación va a ponerse a disposición de los requerimientos de las protestas que tengan características federales”, apuntó Waldo Wolff, tras el encuentro con su par nacional.
Pese a la inquietud de Mauricio Macri, fundador de Pro, porque dos figuras de su partido quedarán atadas al destino de la Seguridad y la economía, por Luis “Toto” Caputo, en un escenario de crisis y la chance de alta conflictividad, Bullrich confía en que logrará capitalizar su lugar en el gobierno de Milei. Su objetivo, repite, es recuperar el orden en las calles. Sus laderos consideran que el crédito social que cosechó Milei en el balotaje le permitirá sortear la resistencia de las organizaciones sociales o sindicales más combativas.
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