Protocolo antipiquetes: Bullrich articula con la Ciudad un operativo estricto para impedir cortes en la marcha del 20D

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se prepara para poner en marcha un complejo operativo para garantizar que la marcha convocada para el miércoles en la Capital por organizaciones sociales y de la izquierda contra el plan de ajuste que dispuso la gestión de Javier Milei transcurra sin cortes de tránsito ni actos violentos en las calles.

La protesta social del 20 de diciembre, que tendrá como epicentros el Congreso y la Plaza de Mayo, será la primera manifestación de magnitud que se desarrollará desde que Bullrich oficializó el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para impedir bloqueos en la vía pública. Habrá un trabajo coordinado para armar el esquema de Seguridad entre los equipos de Jorge Macri, que estará al mando del operativo en el territorio porteño, y los efectivos comandados por la cartera de Bullrich, que actuarán como soporte de la Policía de la Ciudad y tendrán un rol estratégico en las zonas, edificios públicos o vías de la Capital que están bajo jurisdicción federal.

En un clima social tenso por el paquete de medidas que anunció el Gobierno para reducir el gasto público frente a la crisis inflacionaria, Bullrich lidia con el desafío de exhibir resultados en el debut de la nueva doctrina frente a las protestas. “Sabemos que es una de las pocas áreas donde Milei puede lucir un cambio en este arranque”, asumen cerca de la ministra. El campo donde empezará a despejarse la incógnita sobre la capacidad del Gobierno para preservar el control de la calle mientras avanza con su agenda reformista y el shock de ajuste “hiperortodoxo”. Por eso, Bullrich, que tuvo un alto perfil en la primera semana, por lo que tuvo roces con el área de comunicación de la Casa Rosada, buscó salir a marcarles la cancha a los piqueteros con su duro protocolo antibloqueos.

Según anticiparon fuentes de la cartera de Seguridad, las fuerzas federales brindarán apoyo a la Policía de la Ciudad en los accesos a la Capital, como el Puente Pueyrredón o el Puente La Noria, y dispondrán estrictos controles en las estaciones de trenes para prevenir el eventual ingreso de manifestantes que circulen con el rostro tapado o porten palos u otros “elementos contundentes”.

Los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura que sean asignados al operativo solo intervendrán para liberar los cortes en caso de que el operativo de la Ciudad sea “desbordado” y las autoridades porteñas pidan asistencia a Bullrich. El nuevo protocolo antipiquetes prevé, entre otras medidas, que las fuerzas federales podrán actuar para despejar un bloqueo a la circulación sin esperar una orden judicial. Además, el Gobierno de Milei advirtió que aplicará duras sanciones a los manifestantes que interrumpan el tránsito en la vía pública bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Por caso, el Presidente anticipó que le quitará la asistencia social a las personas que participen de los cortes de calles. El Ministerio de Capital Humano prepara medidas para instrumentar esas sanciones y sacar la intermediación de las organizaciones en el reparto de asistencia.

En la Casa Rosada repiten que no tolerarán la “extorsión” y que no habrá una postura concesiva con los líderes sociales si incumplen la ley. En la cartera de Seguridad anticipan que no caerán en las “provocación” de los piqueteros, pero que actuarán para defender a las fuerzas federales. Esa misma línea fijó Jorge Macri en la Ciudad. “Esperamos que no haya exaltaciones y que la gente entienda que puede marchar y protestar por la vereda. Hay un nuevo pacto social y necesitamos recuperar el orden”, remarca un interlocutor de Bullrich.

Entre los funcionarios de Seguridad miran de reojo el clima en el vasto territorio del conurbano, donde sospechan que podría haber manifestaciones entre el martes y miércoles 20, en un nuevo aniversario de la crisis de 2001. Hay inquietud por el ánimo que encontraron en el personal de las fuerzas –hablan de “falta de confianza”– y el estado de los recursos.

En la cúpula del Gobierno se encendió una alarma por una versión de que presuntos “agentes venezolanos o cubanos”, que ya estarían residiendo hace tiempo en el país, podrían actuar como “infiltrados” en las protestas del miércoles para provocar disturbios. En la cartera de Seguridad negaron estar al tanto del trascendido que preocupó a un alto funcionario y dicen confiar en el accionar de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Ruidos con la Ciudad

La marcha del miércoles, en el estreno del nuevo protocolo contra los piquetes, será una primera prueba de fuego para Bullrich. Su objetivo es cristalizar un giro en la política de seguridad para mantener el control de las calles respecto de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “El primer día será difícil, pero esto se va a hacer o se va a hacer. Si no se logra el 100% el primer día, será el segundo o será el tercero. La Argentina se va a normalizar, se va a ordenar, esa es una decisión que no tiene marcha atrás”, manifestó el sábado en diálogo con Radio Mitre.

La coordinación con las autoridades de la Ciudad, admiten cerca de Bullrich, será una de las claves para que el operativo del miércoles transcurra sin sorpresas. El jueves, después de presentar el protocolo antipiquetes, la ministra recibió a su par porteño, Waldo Wolff, en las oficinas de la cartera. Estuvo escoltada por Vicente Ventura Barreiro, su segundo en el área, y Federico Angelini. Del lado de la Ciudad también asistieron Néstor Grindetti, jefe de gabinete de Jorge Macri, y Diego Kravetz, número dos de Wolff, quien quedó a cargo de la Policía de la Ciudad. Acordaron un trabajo coordinado para la marcha del miércoles, en la que los movimientos sociales aspiran a reunir unas 50.000 personas.

De hecho, Wolff y Kravetz ya trabajan bajo un fuerte hermetismo en un esquema de seguridad para evitar cortes de calles en el 20D. Por ahora no dejaron trascender detalles del estricto operativo. En la Ciudad celebraban el sábado que lograron desalojar un acampe en Plaza Lavalle sin incidentes. “El accionar que mostró la policía puede ser un anticipo del miércoles”, dijeron. Jorge Macri insiste en que solo permitirá manifestaciones en la vereda.

En el equipo de Bullrich provocó malestar que Kravetz haya dicho que la Nación no los había convocado para debatir políticamente si era prudente o no presentar el protocolo antes de una fecha sensible como el 20 de diciembre, por el aniversario de la crisis de 2001, en la que hubo 39 muertes por la represión. “Hubo deslealtad. Estaba todo acordado”, bramaron en la cartera nacional.

Tras el cortocircuito, los equipos de Bullrich y de Jorge Macri buscaron aplacar los ánimos en las últimas horas. Ventura Barreiro, en representación de Bullrich, y Kravetz, encargado de la Ciudad, estarán a cargo de coordinar las tareas para impedir bloqueos durante la multitudinaria manifestación del miércoles, que fue una promesa de campaña tanto de Pro como de los libertarios. Armarán una “mesa de operación” entre la Ciudad y la Nación. En principio, los funcionarios porteños buscarán un diálogo con los piqueteros para que no corten la circulación.

El vínculo con Kicillof

La nueva doctrina de Bullrich tiene injerencia en las vías sujetas a la jurisprudencia federal, por lo que cada provincia decide su protocolo para el mantenimiento del orden público. La Casa Rosada confía en que podrán aunar fuerzas con los gobernadores y el jefe porteño o consensuar lineamientos para combatir los piquetes en zonas de jurisdicción no federal. Para no violar la ley de seguridad interior, Bullrich requiere de un pedido de auxilio o un acuerdo con las provincias para intervenir con los efectivos de las fuerzas federales. Su estricto protocolo ya recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales y de izquierda, quienes consideraron que vulnera el derecho a protestar. Ayer, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura solicitó una reunión con la ministra por considerar que su doctrina “vulnera los límites que surgen del derecho internacional de los derechos humanos” y de la Constitución. “La protesta social es un derecho, pero cortar la calle es un delito. Antes nadie actuaba. Ahora vamos a actuar”, dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista con El País, en una señal de respaldo a Bullrich.

La ministra también tiene previsto verse esta semana con su par bonaerense, Javier Alonso, sucesor de Sergio Berni. Ya mantuvieron una charla telefónica en la que consensuaron trabajar en conjunto para combatir el narcotráfico en la provincia. En diálogo con radio Splendid, Alonso remarcó que no conocía el nuevo protocolo y que tampoco fue parte de la “discusión”. “No voy a opinar de algo que no conozco en profundidad. Van seis días de gobierno. Vamos a esperar como suceden las cosas, a que la policía actué”, comentó.

En el bullrichismo admiten que será un reto complejo sintonizar con Axel Kicillof en materia de seguridad. Alonso repite que pretende lograr “una integración vertical” de los esfuerzos de seguridad. Es decir, la Nación, la provincia y los municipios. Además, quiere “fortalecer la interacción con las fuerzas federales y la Justicia”. “Los recursos humanos son escasos, pero vamos a poner todos los esfuerzos para cubrir las demandas”, anticipan en el Ministerio de Seguridad. El lunes, todos los focos estarán en Rosario, epicentro de la violencia narco, donde Bullrich desembarcará para hacer anuncios junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La tragedia en Bahía Blanca por el temporal alteró la hoja de ruta.

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