Protestas. Los grupos piqueteros exigen al Gobierno un aguinaldo para el Potenciar Trabajo
Los movimientos de izquierda advirtieron que saldrán a la calle la semana próxima para reclamar la inclusión de un bono en el plan social, para compensar la pérdida de poder adquisitivo
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Los grupos piqueteros le prometieron en mayo al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que se mantendrían fuera de la calle por unas semanas a la espera de concesiones vinculadas con la regularización del pago de cuotas sociales. Pero en los próximos días volverán a cortar el tránsito para alzar la voz sobre otro punto: exigir un aguinaldo para quienes participan en el plan Potenciar Trabajo. Así lo adelantó a LA NACION el líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni.
“Pedimos un aguinaldo para los trabajadores del Potenciar Trabajo. El Gobierno es quien sostiene que se trata de un trabajo, y efectivamente es así: hay contraprestaciones en municipios, cooperativas, comedores, gente limpiando rutas, y ninguno tiene aguinaldo. Reclamamos que llegue a mitad de año para compensar la pérdida del poder adquisitivo”, indicó Belliboni.
A través del programa nacional, unas 900.000 personas cobran la mitad del salario mínimo –$12.200– y, como contraprestación, trabajan cuatro horas proyectos productivos, comunitarios o sociolaborales para el sector público o privado, que les completa su ingreso.
Bajo este marco, el dirigente del PO señaló que “si [el Potenciar Trabajo] fuera un plan social, no tendría contraprestación”. En la misma línea, detalló: “El Estado te da el trabajo, te paga un salario y te dice las tareas que tenés que realizar. Son todas las condiciones de una relación laboral. Si no le quieren decir aguinaldo y decirle bono, que le llamen lo que quieran, pero tiene que existir una compensación”.
Los movimientos de izquierda también reclaman la apertura del Potenciar Trabajo, ya que, según denuncian, no permite nuevas inscripciones. “Que esté cerrado es un instrumento de manipulación política. Como hay cupos, se otorgan a los punteros y ellos se llevan el rédito. Tiene que estar abierto para todo aquel que se quiera inscribir por su cuenta”, dijo Belliboni a este medio. Y agregó: “Son más de dos millones de personas las que no pudieron volver al trabajo después de los cierres por la pandemia y el fin del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) [en noviembre de 2020]”.
Consultados por LA NACION, en la cartera que conduce Arroyo negaron la posibilidad de dar curso al reclamo de la izquierda piquetera. “No hay aguinaldo ni bono en vista”, remarcaron los voceros del funcionario, e indicaron que tampoco está previsto extender el alcance del programa a más beneficiarios: “Hoy el número está fijo en 900.000 titulares. El énfasis está puesto en conseguirles trabajo con el Estado y con el sector privado”.
Si bien las fuentes del ministerio plantearon que la figura del aguinaldo “no es compatible” con el plan Potenciar Trabajo, en 2020 los titulares del programa sí cobraron un “refuerzo”, que fue de $3000 en junio y otro de $9450 en diciembre. La cantidad de personas inscriptas, en esos momentos, eran 345.000 y 700.000, respectivamente.
Marco legal
Según los abogados Horacio Meguira –director del departamento jurídico de la CTA Nacional– y Cynthia Benzion –presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas– el pedido de los movimientos sociales es legítimo. “Aún con trabajo informal, temporario o contratados de la administración pública, corresponde el aguinaldo. Todo sistema de planes y seguridad social escribe por las reglas que rigen para los jubilados en la ley 24.241 y se tienen que adecuar a dicha norma”, afirmó Megueira.
En coincidencia con el miembro de la CTA, Benzion indicó que la Constitución Nacional “protege al trabajo, a las personas trabajadoras y no distingue entre tipos de vinculación jurídica laboral”. En este sentido, la abogada laborista manifestó: “Corresponde la misma protección a todas las personas trabajadoras, sean de la economía popular, trabajadores en relación de dependencia, clandestinizados, etc., y no veo legítimo que se les nieguen derechos que corresponden, más aún teniendo en cuenta el efecto de la pandemia en la pérdida de puestos de trabajo”.
Pese a que en el Ministerio de Desarrollo Social se apresuraron a negar el regreso de aquel bono de “refuerzo”, remataron con final abierto. “Arroyo siempre dice que no hay que descartar nada en estos tiempos de pandemia”, concluyeron, en diálogo con LA NACION, y volvieron a desalentar el regreso del IFE: “Ya lo anunció [el ministro de Trabajo, Claudio] Moroni. No habrá más IFE”.
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