Prorrogan por 180 días la intervención en la ex Ciccone
La decisión fue adoptada por una resolución publicada en el Boletín Oficial; Lorenzino y Daura, los interventores responsables
La presidenta Cristina Kirchner decidió extender por 180 días la intervención en la planta de la ex Ciccone, la empresa impresora de billetes, que quedó en medio de las sospechas y de una investigación de la Justicia por el trámite llevado adelante para levantar la quiebra.
El control estatal de la ex Ciccone había sido dispuesto el 7 de agosto pasado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1338, dos semanas antes de que el Parlamento diera sanción a la ley que declara de "utilidad pública y sujeta a expropiación" a la Compañía de Valores Sudamericana. Asimismo, el 4 de octubre fue prorrogada esa intervención en primer término mediante el Decreto 1865, la cual hoy volvió a extenderse por otros 180 días mediante el Decreto 2377.
Asimismo, se ordenó que queden al frente a la compañía el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura. Para fundamentar la decisión, en el decreto publicado en el Boletín Oficial, se resaltó que "la magnitud y complejidad de las tareas y funciones asignadas, determinan la necesidad de continuar con la intervención de la misma".
La adquisición de la ex Ciccone por la Compañía de Valores Sudamericana generó un escándalo que derivó en sendas investigaciones sobre el vicepresidente Amado Boudou, acusado de favorecer a amigos en el proceso de quiebra de la compañía, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, quien aprobó las facilidades en el plan de pago de la firma.
Pero mediante la intervención, en agosto pasado, el Gobierno tomó el control de la empresa que desde septiembre de 2010 lidera Vandenbroele, investigado por la Justicia como presunto testaferro de Boudou. Mientras, continúa sin esclarecerse quiénes son los verdaderos dueños del fondo de inversión The Old Fund, que se había quedado con la ex Ciccone.
En el proyecto para declarar la compañía "de utilidad pública y sujeta a expropiación", el Gobierno no aludió al escándalo, o a los expedientes abiertos en la Justicia comercial y penal. Por el contrario, volvió a señalar a la gestión menemista como factor determinante de su sorpresiva decisión.
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