Prórroga del presupuesto: duras críticas de economistas y expertos
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) advirtió que la medida “constituye un retroceso”, mientras que Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) planteó que da lugar a discrecionalidades
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El decreto por el cual el Gobierno prorrogó, por segunda vez consecutiva, el presupuesto vigente en 2024 recibió fuertes críticas de expertos en materia presupuestaria. En términos generales, advierten que esta medida, que no tiene antecedentes en la historia democrática reciente, constituye un retroceso y alertan sobre los riesgos de que esta medida excepcional se convierta en una regla.
La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) indicó que desde 1992 hubo cinco ejercicios presupuestarios sin una ley de presupuesto aprobada, pero advirtió que esta es la primera vez que en dos años consecutivos no se aprueba la norma.
“Esta circunstancia constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno”, alertó ASAP en un comunicado institucional.
Este retroceso, según ASAP, “no se limita a una cuestión de formas”. “También tiene implicancias en diversos órdenes, dado que el Presupuesto, aparte de ser la expresión financiera anual de las políticas públicas, y como tal incluye los autorizaciones máximas de gasto y el cálculo de los recursos para atenderlos, también contempla los niveles prestacionales en términos físicos, define la meta de resultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda pública e incluye el plan de obras en infraestructura”.
“También contempla disposiciones que afectan a distintos actores económicos del sector privado -enumeró-. Establece los recursos financieros que recibirán las provincias, los municipios y las empresas públicas en concepto de transferencias, contiene pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones, incorpora definiciones de la política de empleo público y contempla aspectos funcionales del Estado Nacional, entre otras cuestiones”.
“En nuestro carácter de institución de referencia en materia de presupuesto y de administración financiera pública, con casi 50 años de trayectoria, esta Asociación invoca a los actores institucionales competentes a alcanzar los acuerdos necesarios para que en el menor plazo posible se pueda aprobar la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional del ejercicio 2025, en línea con lo establecido en el numeral 8º del artículo 75 de la Constitución Nacional”, concluyó.
También la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó la medida. “Las prórrogas deberían ser un recurso excepcional, pero su aplicación se ha vuelto frecuente: se produjeron cuatro en los últimos 15 años. Esta discrecionalidad se agrava en contextos de inflación, que exige continuas actualizaciones de los montos presupuestarios”, indicó.
“Entre el último presupuesto aprobado por el Congreso en 2022 y la actualidad, el 70% del crédito se amplió de manera discrecional mediante Decretos de Necesidad y Urgente y Decisiones Administrativas -detalló-. La discrecionalidad que permite la prórroga reduce los incentivos para que el Poder Ejecutivo busque acuerdos en el Congreso para la aprobación de un presupuesto”.
En tanto, el economista y profesor de la UBA Cristian Modolo señaló que si bien es posible reconducir un presupuesto, “reconducir un presupuesto ‘reconducido’ abre un conflicto, no solo administrativo o de control, sino legal, puesto que los créditos presupuestarios están sujetos al principio de temporalidad –anualidad-, anulación (crédito de una sola vez, art. 27 de la Ley 24156) y de extinción del mismo al cumplir la manda legal para la cual fue aprobado por los legisladores”.
“Las inéditas circunstancias en la que nos hallamos podrían llevar al absurdo de producir de facto un doble hecho: por un lado, la derogación fáctica de la norma más importante del sistema financiero argentino. Por el otro, la posibilidad de prorrogar sin límite una autorización legal de gastos y recursos. ¿Quién podría impedir que en el 2125 no se siga prorrogando un presupuesto del viejo 2023? No habría límites ni control posible”, advirtió.
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