Piden una “mesa de trabajo urgente” para tramitar juicios tras el fallo de la Corte que obliga a que intervenga la Justicia porteña
El Colegio de la Abogacía hizo un llamado para que magistrados y letrados se pongan de acuerdo; hay incompatibilidades de los sistemas informáticos y procesales; los casos emblemáticos
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El presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, el exjuez Ricardo Gil Lavedra, hizo un llamado para conformar una “mesa de trabajo urgente” entre letrados y magistrados para acordar la manera en que de ahí en adelante tramitarán las causas de la justicia nacional, ya que la Corte Suprema de Justicia determinó que todos esos fallos deben ser recurridos primero al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad antes que al máximo tribunal de la Nación.
La decisión de la Corte, que es un avance en el traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña, implica un gigantesco cambio en la manera en que se tramitan las causas civiles, comerciales, laborales y penales en la justicia nacional ordinaria. Ahora, ante un fallo de Cámara el tribunal superior inmediato deja de ser la Corte Suprema de Justicia, y se establece que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Por ejemplo, ya se decidió por este mecanismo que el TSJ porteño revise la anulación de la condena por abuso de la legítima defensa contra el policía Luis Chocobar, que mató a un ladrón, y que había sido dispuesta por la Cámara Nacional de Casación Penal. También decidió la Corte Suprema de Justicia que sea la “Corte porteña” la que intervenga en la causa por la quiebra del Correo que involucra a Mauricio Macri.
La situación trae aparejados problemas prácticos. Como se trata de expedientes electrónicos, hay una incompatibilidad entre los sistemas informáticos de la Ciudad y los de la Justicia nacional, por lo que se deberán readecuar para que puedan tramitarse los recursos extraordinarios. El otro problema es procesal, o normativo, ya que un recurso de la justicia nacional a la porteña implicaría hacer uso de códigos procesales nacionales y locales que no están específicamente adaptados a este tipo de procesos.
Ante este escenario, que supone enfrentar “enormes dificultades” operativas, es que el Colegio de la Abogacía emitió un comunicado titulado “Busquemos soluciones”. Allí se menciona que la decisión que, por mayoría, tomó la Corte Suprema de Justicia en el caso “Levinas”, decidiendo que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el órgano ante el cual deben recurrirse las sentencias de las Cámaras Nacionales, “ha provocado reacciones encontradas”.
Por un lado, el Colegio desatacó “el enorme aporte de lo decidido en favor de la plena autonomía de la ciudad y del respeto al texto explícito de la Constitución Nacional”, que prevé desde 1994 el traspaso de la justicia nacional la Ciudad. Pero los abogados resaltaron que las objeciones a este cambio pasan porque no hay una ley que habilite un cambio institucional tan significativo” que “no puede ser superado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, el Colegio de la Abogacía reconoció que un fallo de la Corte es “intérprete final de la Constitución, que debe ser fielmente acatado”. Y esas condiciones advirtió acerca de las “dificultades” que plantea esta integración. Por eso se preguntó “cómo se resolverán los problemas derivados de la diferencia entre los sistemas de gestión de causas Lex 100 y EJE”, entre la justicia nacional y la de la Ciudad. También habló del “impacto que tendrá el uso de reglas procesales diferentes en el trámite de los expedientes” y de las “medidas que se están considerando para superar los desafíos que genera la aplicación del fallo”.
Para tratar de evitar perjuicios a los ciudadanos y a los abogados es que Colegio Público de la Abogacía requirió que de “manera urgente”, se forme una mesa de trabajo con los actores involucrados “para tratar de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten”. Esta idea avanzó al punto que ya hubo contactos informales entre autoridades del Colegio de la Abogacía y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para avanzar en el establecimiento de esta mesa de trabajo, aún en enero, para que cuando termine la feria judicial de verano, en febrero, ya se hayan acordado algunos mecanismos para la tramitación de los casos.
Incluso, la autoridades del Colegio de la Abogacía están trabajando para pedirle a la Corte que declare inhábil algunos días, para que los letrados puedan presentar estos recursos extraordinarios ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y se dictaran asimismo, cursos sobre la inconstitucionalidad porteña o nacional, considerando que las cuestiones federales involucradas deben incluirse en el recursos local.
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