Proponen disolver la Defensoría del Público porque “promovía el control y persecución de opiniones críticas”
Es una iniciativa de la diputada nacional Silvana Giudici (Pro), que sugiere transferir el personal y el presupuesto a la Defensoría del Pueblo
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LA NACION
En una de sus primeras acciones al llegar al Congreso, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) presentó un proyecto para disolver la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un polémico organismo creado durante la gestión de Alberto Fernández.
A través de la Defensoría del Público, que conducía la funcionaria Myriam Lewin, se promovía el control y persecución de opiniones críticas del entonces oficialismo y se monitoreaban las redes sociales.
La iniciativa de Giudici propone transferir el personal de planta permanente a la Defensoría del Pueblo de la Nación, así como los bienes,el presupuesto, los activos y el patrimonio del organismo.
La autora del proyecto sostiene en los fundamentos que “al sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 se encuentran subsumidas tanto en las funciones propias de seguimiento, control y fiscalización atribuidas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), autoridad de aplicación de la norma, como en las funciones propias del Defensor del Pueblo de la Nación de acuerdo a lo establecido por el artículo 1° de la ley 24.284 que lo regula”.
El texto presentado por Giudici acusó que el organismo “fue utilizado para perseguir opiniones distintas y monitorear redes sociales”. A su vez, la legisladora, quien estuvo a cargo del Enacom en 2018 y 2019, señaló que “durante los cuatro gobiernos kirchneristas la Defensoría del Público se utilizó para contratar asesores militares, llegándose a utilizar partidas presupuestarias exorbitantes”. Además, la legisladora de Juntos por el Cambio agregó que el organismo “solo funciona elaborando encuestas, relevamientos, tesinas académicas por las cuales se pagan costosas consultorías, además de solventar las funciones inconstitucionales de perseguir periodistas o ciudadanos por sus opiniones desde el observatorio”.
También, el texto cuestionó que “según el Presupuesto 2024 la Defensoría del Público tiene previsto y disponible para ejecutar 2.575 millones de pesos”, y advirtió que “cuenta con 140 empleados lo que implica que el costo por empleado asciende aproximadamente a 18,4 millones de pesos”.
La iniciativa fue acompañada por los diputados nacional de Juntos por el Cambio: Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Martín Ardohain, Luciano Laspina, Patricia Vázquez, Laura Rodríguez Machado, Héctor Stefani, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, José Luis Espert y Paula Omodeo, entre otros.
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