Promueven la destitución de los jueces que sacaron al empresario Calcaterra del juicio por los cuadernos de las coimas

La agrupación de abogados Será Justicia promovió el juicio político en el Consejo de la Magistratura de los tres magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone que permitieron que el empresario Ángelo Calcaterra sea juzgado por aportes ilegales de campaña en vez de sobornos y, de esa forma, abrió una puerta para que otros ejecutivos de la causa de los Cuadernos de las Coimas puedan beneficiarse de la misma manera.

La nota lleva la firma de la abogada María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF y de su colega Raúl Aguirre Saravia, y está dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo, Horacio Rosatti.

Los abogados dijeron que promueven la destitución de Barroetaveña, Mahiques y Petrone porque el 19 de junio pasado habilitaron la competencia del Juzgado Federal electoral para fallar sobre las imputaciones dirigidas al empresario Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Los representantes de Será Justicia consideraron que los jueces “colaboraron para que dos imputados en el caso, eludieran la instancia del juicio oral y público, en un proceso donde la instrucción había sido clausurada y existía requerimiento de elevación a juicio firme”.

Señalaron que invadieron la jurisdicción del tribunal oral que estaba preparando el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, “validaron los hechos como los exponía la defensa” y “han intervenido en una contienda de competencia para la que no estaban habilitados”.

Mas allá de que esta decisión puede ser recurrida, los abogados dijeron que hay un “viciado e irregular” actuar de los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone, “que no podrá ser saneado aunque se revierta lo decidido en violación de la ley y a elementales normas de ética en el ejercicio de la judicatura”.

“Consecuentemente, consideramos imperiosa la actuación de ese Consejo de la Magistratura en resguardo de la vigencia del Estado de Derecho y del buen funcionamiento de Poder Judicial”, escribieron.

Si bien hay un principio que señala que los jueces no pueden ser juzgados por “el contenido de sus fallos”, sostuvieron que ese argumento cede y deviene fútil en la medida en que la sentencia que benefició a Calcaterra “no constituye una derivación razonada de los hechos y las normas aplicables al caso y al proceso”.

“Nos encontramos frente a un acontecimiento de tinte extraordinario que logra estremecer no solo a la ciudadanía toda, sino también a los propios jueces y fiscales de Comodoro Py, quienes contemplan absortos el indulto concedido a dos privilegiados empresarios, sin considerar los efectos que este fallo tendrá en los restantes involucrados”, señalaron.

Aguirre Saravia y Tallerico aseguraron que debería investigarse en el marco de la causal de mal desempeño del cargo, la irregularidad de que la Sala I de la Cámara de Casación, contrariando su propia jurisprudencia, haya abierto la queja a aquella altura del proceso y en un asunto de competencia precluido, solo para beneficiar a los empresarios imputados”.

La presentación de los abogados se suma a la que efectuaron en el Consejo de la Magistratura el bloque de diputados de la Coalición Cívica en el mismo sentido. Tras denunciar un “pacto de impunidad” entre políticos y jueces, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue y encuadre la conducta de los camaristas de la Casación Penal que sacaron al empresario Calcaterra del juicio oral por el caso de los cuadernos de las coimas.

“Creemos que hay un pacto de impunidad entre sectores de la Justicia y de la política –de distintos partidos– para que no avancen en causas de corrupción”, afirmaron los diputados de la Coalición Cívica, en referencia a los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone.

Los jueces entendieron que los 16 pagos que hizo Calcaterra a funcionarios del kirchnerismo, en bolsos que se entregaron en un garage subterráneo del Hotel Hilton, de Puerto Madero, no eran sobornos, sino aportes para la campaña electoral. Esta interpretación permitió separar a Calcaterra del juicio oral por los cuadernos y enviarlo a que la justicia electoral investigue si hizo aportes de campaña no declarados, una falta menor.

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