Promueve más de 400 causas | La Defensoría de los Niños podría quedar acéfala por falta de impulso político en el Congreso

A fines de febrero, la silla de un organismo que impulsa 441 causas en la Justicia podría quedar vacante por las desconexiones políticas del Gobierno en el Congreso. Se trata de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, un ente autárquico que vela por los derechos e intereses de los chicos, que por la falta de acuerdos políticos enfrenta un escenario de incertidumbre.

Los mandatos de sus autoridades, Marisa Graham y el defensor adjunto Facundo Hernández, vencen el 28 de febrero y la comisión encargada de su funcionamiento es una de las nueve bicamerales que todavía no fueron integradas: los cinco miembros del Senado no fueron designados por la titular del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que atraviesa unos de los momentos más delicados en su tirante relación con el presidente Javier Milei. En rigor, la titular del Senado no impulsó la normalización del funcionamiento de estas y otras comisiones desde antes que se desatara la crisis con la Casa Rosada.

Este lunes, a casi un mes de que se venzan los mandatos, el juez en lo Contencioso Administrativo, Walter Lara Correa, habilitó la feria judicial para tratar el amparo colectivo que distintas organizaciones y entidades presentaron hace una semana en la Justicia para evitar la acefalía.

La demanda, encabezada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y respaldada por otras cinco entidades, exige que el Congreso conforme la bicameral y garantice el funcionamiento de la defensoría nombrando a las nuevas autoridades.

En la misma demanda, las organizaciones presentaron una cautelar que levantó ruido en el organismo que defiende a Niños y Niñas. Solicitaron que ante una virtual acefalía el 1° de marzo, la Justicia designe a un nuevo titular. Y pese a que Graham está habilitada por ley (26.061) para renovar y tiene todos los números para que ser la elegida por la Justicia –su renovación ahorraría numerosos trámites–, la movida no cayó bien en la defensoría, donde entienden que una intervención de la Justicia en un ente autárquico –que depende del Poder legislativo y a cuyos cargos se debería acceder por concurso– es la peor de las soluciones.

“Estamos en una encerrona”, describe a LA NACION Graham, la única titular que tuvo la defensoría desde su materialización, hace cinco años, luego de haber sido creada por ley hace 20. “Lo que nos preocupa es qué hacemos con las causas. No puede quedar acéfala teniendo la cantidad que tenemos. Hicimos lo imposible para que se constituya la comisión; es una situación anómala”, completa la defensora.

Para resguardar su funcionamiento, la Defensoría introdujo un parche reglamentario que permite extender los mandatos actuales a través de una prorroga tácita. Lo que también despertó polémica, porque avanzó unilateralmente, sin el aval del Congreso.

El juez Lara Correa, que entendió que había razones suficientes para tratar el caso en feria judicial, les corrió vista a las distintas organizaciones que impulsaron el reclamo en la Justicia y les pidió que se pronunciaran respecto a esta modificación interna. Algo que deberán hacer en los próximos días.

Algunas organizaciones miran de reojo la posibilidad de que Graham se autogestione la renovación. Sin embargo, prima la idea de no valorar la cláusula automática y solo se insistirá con que sea la Justicia quien designe a alguien “idóneo” al frente del organismo.

Desde la defensoría consideran que esto trastocaría su dinámica interna. “¿Tendremos que rendirles cuenta al juez?”, retrucan, en alusión a los informes anuales que envían a la Bicameral.

La polémica “cláusula gatillo” es la respuesta a una preocupación que ya cuenta con meses. En noviembre, con el respaldo de más de 250 distintas organizaciones de todo el país, la defensoría envió una nota al Comité de los Derechos del Niño de la ONU. “Esta posibilidad cercana [la acefalía] implica un riesgo cierto de parálisis de los seguimientos de políticas públicas que se vienen realizando en el marco de los planes de trabajo aprobados oportunamente e interfiere en el desarrollo”, señalaron en el escrito.

La ONU se hizo eco del pedido y, entre otras observaciones, el comité de la ONU pidió garantizar la “continuidad, independencia, financiación, mandato e inmunidades” de la defensoría.

Las organizaciones que acompañan en la Justicia a la ACIJ son el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); la Fundación Sur Argentina; la Fundación Poder Ciudadano, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Comisiones

Consultados por LA NACION, cerca de Villarruel evitaron explicar por qué no avanzaron en la constitución de la bicameral. La vice se encuentra bajo fuego amigo en el Senado. En las últimas semanas creció el rumor de que Santiago Caputo, el polifacético asesor del Presidente, planea una avanzada conjunta con el kirchnerismo para sabotearle la conducción de la Cámara con nuevas autoridades en las secretarías Administrativa y Parlamentaria, en la sesión preparatoria de fines de febrero.

Los miembros de las comisiones son designados por el presidente de cada uno de los cuerpos, luego de una negociación que pretende seguir un criterio de proporcionalidad respecto a los distintos bloques o sectores de las Cámaras. En la comisión de Niñez, Martín Menem designó a fines de septiembre a las diputadas Eugenia Alianello (UP), Nadia Márquez, (LLA), Natalia Silvina Sarapura (UCR), María Sotolano (Pro), y Brenda Vargas Matyi (UP).

En la Defensoría descuentan que si los cupos de la Bicameral de Niñez eventualmente se completan, será siguiendo la línea histórica, con cinco senadoras.

Además de la de Niñez, y las tres comisiones de cooperación con Brasil, México y Chile, en las que no todavía no hay ningún miembro designado, en el Senado resta completar la Bicameral de Seguimiento en los Contratos de Participación Público-Privada; la de Control del Ministerio Público de la Nación; la de Comunicación Audiovisual, Tecnologías y Digitalización, y la Comisión asesora de Municipios.

Por su parte, de las 27 comisiones unicamerales del Senado, siete permanecen sin integrar: Deporte, Derechos y Garantías, Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Industria y Comercio, Población y Desarrollo Humano, Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y Banca de la Mujer.

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