Procuración. El diputado José Luis Ramón se defendió tras ser acusado de vender su voto a Cristina Kirchner

El diputado mendocino y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, se defendió este martes de las acusaciones de sus pares de Juntos por el Cambio (JxC) y de la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quienes cuestionaron el apoyo de su espacio a la reforma del Ministerio Público Fiscal.

En pleno debate en comisión del proyecto de ley que impulsa el Gobierno, el legislador manifestó: “Desde JxC están buscando que nada cambie. Veía a una excolega diputada que dijo que era un ‘traidor a la Patria aquel que apoye este proyecto’”.

Ramón aludió a la denuncia que Alonso hizo en las redes sociales en contra suya y de los diputados de su espacio Diego Satori, Pablo Ansaloni, Ricardo Wellbach y Luis Di Giacomo, a quienes acusó de haber vendido su voto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya que son los únicos que acompañan el proyecto; el resto de los bloques opositores anticipó su rechazo.

“¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe como está?”, preguntó Ramón, que acusó a Alonso de “apretar” diputados a través de las redes sociales.

En concreto, una de las modificaciones que el oficialismo incluyó responde a una demanda de Ramón: la creación de una Procuraduría de Defensa de los Usuarios y los Consumidores.

También cargó contra los legisladores Jorge Enríquez y Mario Negri. “Les voy a decir una cosa, cuando usted me amenaza públicamente y dice una barbaridad como que por apoyar este proyecto mi interbloque ‘ha cambalacheado’ por el cargo de una Procuraduría, le voy a decir que el proyecto político que tenemos está lejos de hacer un cambalache o un cambio por una cosa menor que nos saque de la idea política de gobernar nuestra provincia”, expresó.

Al cierre de su alocución, Ramón sostuvo que Alonso, Negri, Enriquez y todos los referentes opositores que acusaron al espacio que lidera de traicionar a la patria “van a tener que explicarlo en algún otro lugar o retractarse”.

Los ejes centrales del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal

• Menos votos para nombrar al procurador. La iniciativa flexibiliza la mayoría necesaria en el Senado para elegir al nuevo procurador general de la Nación, el jefe de todos los fiscales federales y nacionales porque elimina los dos tercios de los votos requeridos hoy para que el Senado de su acuerdo al candidato elegido por el Presidente. En cambio, de aprobarse la reforma, alcanzará con reunir la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara alta, un número accesible para el oficialismo, que no tiene en cambio los dos tercios.
• Un procurador por cinco años. La ley actual no establece un tiempo de duración en el cargo: el procurador permanece, como los jueces, mientras dura su buena conducta, con el solo límite de los 75 años. El proyecto aprobado limita el mandato del jefe de los fiscales a cinco años, con posibilidad de una reelección en el cargo por cinco años más.
• Facilita la remoción del procurador. El proyecto también flexibiliza el trámite para remover al procurador de su cargo. Ya no exige un juicio político como el necesario para sacar a un juez de la Corte Suprema (donde hacen falta mayorías especiales de dos tercios en Diputados y el Senado). En Diputados, bastará con la mitad más uno para abrir el proceso de remoción.
• El Congreso designa al procurador interino. Si se aprueba la reforma, le corresponderá al Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Publico, elegir al procurador interino. Hoy, ante la vacancia del procurador lo reemplaza un funcionario de carrera (el más antiguo de los procuradores). Es así como llegó al cargo Eduardo Casal, que siempre se desempeñó en los tribunales.
• Cambia el tribunal que controla a los fiscales. El proyecto también modifica el Tribunal de Enjuiciamiento, que es el órgano encargado de sancionar a los fiscales. Tiene siete miembros y hoy solo dos representan estamentos políticos (uno, al Poder Ejecutivo; el otro, a la mayoría del Senado). Los demás son dos fiscales elegidos por sorteo, dos abogados y un integrante del Consejo Interuniversitario Nacional. El proyecto aprobado por el Senado incluye a cuatro representantes del sector político (uno por el Poder Ejecutivo, dos por la Comisión Bicameral del Ministerio Público -uno por la mayoría y uno por la minoría-). Además, el tribunal estará formado por un representante de los fiscales -antes eran dos-; un abogado -antes eran dos- y el representante de las universidades.
• Una mayoría menos rigurosa para suspender fiscales. Salvo remover fiscales, el proyecto dice que las demás decisiones del tribunal se tomarán por mayoría simple y que si hay empate, definirá el presidente del tribunal, que según el proyecto será uno de los miembros de la Comisión Bicameral. Eso permite una mayor influencia de la política en decisiones tales como suspender fiscales. Sobre todo, porque el proyecto prevé que el tribunal pueda sesionar sin necesidad de una mayoría especial (le bastarían cuatro votos de siete).

Qué dice la Constitución

La Constitución Nacional se refiere al procurador en su artículo 120, que dice: “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.

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