Procuración: Cristina Kirchner avanza sin freno en una estrategia contra el candidato de Alberto Fernández
LA NACIONGustavo Ybarra
Como si fueran dos trenes lanzados en velocidad que marchan en sentido contrario por la misma vía, Alberto Fernández y Cristina Kirchner amenazan con volver a chocar en lo más alto del poder político por la designación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.
La vicepresidenta ya bajó la orden a sus seguidores de avanzar a fondo con la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y quiere que el Senado la apruebe, a más tardar, el mes próximo.
La intención de Cristina Kirchner, sobre la que trabajan sus acólitos en la Comisión de Justicia, que preside el ultrakirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén), es quitar la mayoría agravada de dos tercios que exige la norma para que el Senado le preste acuerdo al jefe de los fiscales y reemplazarla por la mayoría absoluta del cuerpo, es decir, 37 votos afirmativos.
Esta exigencia de los dos tercios es lo que mantiene congelado en la Comisión de Acuerdos el pliego de Rafecas, enviado por el Poder Ejecutivo en marzo. Es la misma piedra con la que tropezó Mauricio Macri en su intento de designar a Inés Weimberg de Roca.
A pesar de las dificultades que importa la norma, Rafecas advirtió que no está dispuesto a aceptar el cargo si en el proceso se modifican las mayorías legales necesarias para nombrar al nuevo jefe de los fiscales.
Sin embargo, las palabras del juez federal parecen no haber conmovido a Cristina Kirchner. Por el contrario, la vicepresidenta trabaja a marcha forzada para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal antes de fin de año, con o sin Rafecas a bordo de la nave kirchnerista.
Más aún, la semana pasada los senadores Martín Doñate (Río Negro) y María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) no se molestaron demasiado en guardar las formas y le advirtieron al juez federal que el bloque oficialista de la Cámara alta, léase Cristina Kirchner, no acepta presiones de ningún tipo ya sea que provengan de la oposición o del postulante del Poder Ejecutivo.
A esta poco disimulada disputa se sumaron nuevos episodios que anticipan una escalada en la pulseada interna entre el kirchnerismo y el gobierno por el caso Rafecas.
Por un lado, Sacnun anunció que el pliego de Rafecas se discutirá después de la reforma de la ley. En otras palabras, la senadora blanqueó que ya no es la negativa de la oposición a colaborar con los dos tercios lo que impide que se trate la propuesta del Gobierno en la Comisión de Acuerdos, que preside Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), sino que obedece a una decisión del kirchnerismo en el Senado.
Desde el Poder Ejecutivo, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, hizo su aporte al afirmar que el juez federal sigue siendo el candidato de la Casa Rosada.
Si se toman en cuenta esta definición y la decisión de Rafecas de renunciar a la postulación si se modifica la mayoría para designarlo, ¿hasta dónde estaría dispuesto el Poder Ejecutivo a habilitar el debate del tema en las sesiones extraordinarias de diciembre, como pretende el kirchnerismo?
Por otro lado, ¿sabe Losardo que mientras ella defendía a Rafecas su segundo en el ministerio, Juan Martín Mena, se reunía con la vicepresidenta para definir, entre otros temas, los cambios que el kirchnerismo le quiere introducir a la ley del Ministerio Público Fiscal?
Todo este escenario plantea un intríngulis político mucho más profundo y deja al descubierto los permanentes cortocircuitos que existen en la coalición gobernante. "Cristina está obligando a Alberto Fernández a definir entre ella o Rafecas", resumió el escenario un experimentado senador oficialista, con indudable tono de preocupación.
Otro frente
A contramano de las preocupaciones que sus movidas generan en los sectores más racionales del oficialismo, la vicepresidenta no da señales de detener su ofensiva sobre la Justicia.
En ese sentido, en despachos oficialistas no se descartaba que, tras el fallo de la Corte Suprema sobre los jueces desplazados por el Senado, se registrarán novedades en el caso del juez Eduardo Farah.
Exvocal de la Cámara Federal, Farah pidió su traslado tras recibir duras críticas por el fallo que modificó la carátula de la causa y liberó al empresario kirchnerista Cristóbal López. El Consejo de la Magistratura le otorgó, primero, el pase al fuero penal económico y terminó recalando en un tribunal oral criminal en San Martín.
Ahora, el magistrado pide a gritos volver al punto de origen con el argumento de que pidió su cambio de juzgado presionado por una campaña de desprestigio de parte del gobierno macrista.
El rechazo de su traslado y, por lo tanto, su regreso a la Cámara Federal dependen de un dictamen de la Comisión de Acuerdos que el kirchnerismo venía demorando a la espera del fallo sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La Corte ya se pronunció, ahora le toca mover sus piezas en el Senado a Cristina Kirchner.
Por Gustavo Ybarra
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