Procesaron a un amigo del chofer Centeno por hacer enmiendas en los cuadernos de las coimas

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva a Jorge Bacigalupo, el amigo del exremisero Oscar Centeno, al que acusó de realizar enmiendas en algunos de los “cuadernos de las coimas”, que registran el pago de sobornos que hacían empresarios a funcionarios del kirchnerismo, en párrafos referidos a Armando Loson y Gerardo Ferreyra, dos hombres de negocios.

No obstante, esas enmiendas no alcanzan para alterar el resto de la prueba, ya que en otras anotaciones aparecen los mismos empresarios mencionados y, en el caso de Loson, él mismo admitió los pagos, aunque afirmó que no se trató de sobornos, sino aportes de campaña que le pidieron las autoridades durante el kirchnerismo.

El juez Martínez de Giorgi recogió favorablemente la denuncia de Loson sobre la enmiendas en los cuadernos que escribió originalmente el exchofer del Ministerio de Planificación Centeno, donde registró los viajes en los que recorría empresas y cobraba dinero acompañado de funcionarios de ese ministerio. Algunos de los viajes terminaban en el departamento de Recoleta donde vivió Cristina Kirchner hasta su intento de asesinato.

Los peritajes determinaron que hubo tres pasajes en los que sobre el nombre “Marcelo”, se colocó el nombre “Armando” y se alteró una dirección. No obstante hay otros párrafos que mencionan a Loson y otros que mencionan a Marcelo.

Mártinez de Giorgi comparó la letra de Bacigalupo con la de las enmiendas, y con reservas, los peritos afirmaron que se corresponderían, por lo que terminó procesando a Bacigalupo por “encubrimiento en la modalidad de favorecimiento personal”. En otras palabras, no lo procesó por acusar a Loson (Armando, dice el sobrescrito) sino por proteger a un tal Marcelo, que supuestamente es una de las personas de alguna empresa que tiene oficinas en el mismo edificio que Loson.

Pero Marcelo aparece con su nombre en otro tramo de los cuadernos, con lo que la idea de encubrirlo se debilita. Y cuando le preguntaron a Centeno quién era Marcelo, dijo que lo desconocía.

Las defensas de los kirchneristas y empresarios acusados tratarán de hacer jugar en su favor este procesamiento, ya que interpretan estos cuadernos como evidencia. Sin embargo, la acusación está tranquila, pues tiene otros cuadernos donde se sostiene la evidencia, testimonios de sus autores y hasta las declaraciones de los arrepentidos que admiten los pagos y los cobros. El juez prohibió además la salida del país de Bacigalupo y lo embargó por 80 millones de pesos.

Las adulteraciones fueron denunciadas por uno de los empresarios acusados, Armando Loson, y a raíz de ello se abrió una causa penal en el juzgado de Martínez De Giorgi.

De todos modos, el juez advirtió que el procesamiento de Loson en el caso de los cuadernos puede estar influido por estas anotaciones, pero señaló que no es tarea de su tribunal determinarlo, sino que es parte de otro proceso. Se trata del proceso por el caso de los cuadernos de las coimas, donde Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, y que ya está elevado a juicio oral.

“Es posible concluir que la actividad desarrollada por Bacigalupo estuvo dirigida a favorecer a una persona, y a perjudicar a otra y, de ese modo, ayudarla a eludir su investigación en una causa penal, a través de la modificación de los asentamientos cuestionados”, remarcó la resolución judicial.

La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de LA NACION, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.

La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia.

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