Procesaron a los Levy por lavado con la embajada paralela en Venezuela
El juez Aguinsky consideró que el grupo vinculado a De Vido blanqueó decenas de millones de dólares en la Argentina
LA NACIONHugo Alconada Mon
La embajada paralela con Venezuela que lideró en las sombras Julio De Vido durante la década kirchnerista sumó un nuevo capítulo judicial. El viernes, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, procesó por presunto lavado a ocho integrantes del grupo Levy, a los que también embargó por montos multimillonarios y extendió su prohibición de salir del país.
Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China.
"El inflamiento de los precios pactados en los contratos de suministros desafía la lógica de la escalabilidad del negocio en cuanto a que a mayor volumen de productos menor debería ser el precio de venta", estimó Aguinsky, quien detalló que los Levy colocaron ese dinero en el mercado local con el fin de completar su presunto blanqueo.
El magistrado apuntó también contra cinco colaboradores de los Levy -Juan Ignacio Simó, Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero y Horacio Beresñak-, y contra tres de sus principales empresas: Laboratorios ESME SAIC, Bleu Tel SA y Corporación Gulfos, a las que también embargó o inhibió.
Aguinsky consideró probada una presunta defraudación contra el Estado venezolano, con efectos directos en la Argentina, y detalló otras zonas oscuras de la operación. Desde el uso de facturas truchas al giro de remesas por montos inflados a las Islas Caiman y a una sociedad en Hong Kong, Frolem Corporation, de Juan José Levy.
Aguinsky apoyó así la requisitoria de la fiscal María Luz Rivas Diez, quien sin embargo había llegado más lejos, al sostener que los Levy también habían cometido el delito de contrabando agravado. Pero el juez estimó que no contaba con datos suficientes para procesar o sobreseer al grupo por ese delito y solicitó nuevos informes a la AFIP antes de tomar una decisión.
La resolución representa un duro revés para los Levy, que siempre negaron haber delinquido y adjudicaron sus problemas judiciales a un supuesto "ensañamiento" mediático, desde que LA NACION informó por primera vez, en marzo de 2014, sobre sus negocios y sus vínculos con De Vido y su mano derecha, José María Olazagasti.
Los Levy siempre negaron mantener vínculos personales, comerciales o societarios con el entonces ministro, mientras que acotaron la relación con Olazagasti a una simple coincidencia en el mismo colegio de sus hijos, el Northland's. Y calificaron la investigación de LA NACION como meras "conjeturas" y "falsedades acusatorias".
Desde su cuenta en Twitter, De Vido también negó toda relación: "Quiero aclarar que no tengo ni tuve ningún tipo de relación ni personal ni de ninguna otra índole con el empresario Juan José Levy".
Sin embargo, los propios hermanos Levy alimentaron las sospechas sobre sus negocios al cruzarse acusaciones sobre el verdadero origen y destino de las ganancias familiares, con afirmaciones incriminatorias que plasmaron por escrito sobre el "pago de reintegros y comisiones indebidas" a "terceros" que no llegaron a identificar.
Esa disputa fraternal derivó primero en varios juicios cruzados en la justicia comercial, que designó dos veedores. Fue uno de ellos, Francisco Cárrega, quien alertó sobre posibles delitos e irregularidades -como sobreprecios del 300% y adelantos del 60% del dinero de ciertos contratos por parte del gobierno de Venezuela-, lo que conllevó la apertura de la causa penal que terminó en las manos de Aguinsky y la fiscal Rivas Diez.
A las acusaciones cruzadas entre los Levy y lo recabado por la justicia en lo comercial se sumó luego un informe que las nuevas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) enviaron a la Justicia. Allí alertaron, por ejemplo, que Juan José Levy viajó tres veces a Venezuela en el mismo avión que De Vido y seis veces con Olazagasti entre 2010 y 2013. Y que los tres coincidieron en al menos ocho ocasiones en territorio venezolano, entre 2009 y 2014, a donde ingresaron y de donde salieron en las mismas o similares fechas, en ciertos casos con diferencias entre sí de minutos.
Aguinsky también dispuso completar un análisis de los llamados entrantes y salientes del grupo Levy entre los seis meses previos a la firma del primer contrato y hasta la actualidad. Buscará determinar de ese modo si aparece algún nuevo indicio sobre un vínculo entre los ex funcionarios y los empresarios.
La defensa de los Levy entreabrió la puerta para avanzar otro paso sobre la embajada paralela. Porque argumentaron que sus contratos con Venezuela no tenían nada de inusual. Por el contrario, dijeron que eran "similares" a los firmados por otras empresas que se operaron dentro del fideicomiso bilateral. Eso llevó a Aguinsky a ordenarle a Nación Fideicomisos que preserve toda la documentación con Venezuela. "Ello para el caso de un eventual requerimiento judicial que tenga como propósito una investigación de casos análogos".
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