Procesaron a Iván Tobar, jefe de la barra brava de Estudiantes de La Plata

El juez federal Ernesto Kreplak procesó hoy con prisión preventiva a Iván Tobar, jefe de la barra brava de Estudiantes de La Plata y referente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) platense. Está preso desde fines del mes pasado.

Kreplak lo procesó por una presunta amenaza agravada cometida “con el empleo de armas y de forma anónima”, y “con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de miembros de los poderes públicos”. También, por el delito de “asociación ilícita”, como presunto “jefe de una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos”.

Las amenazas coactivas de las que está acusado surgen de un video en el que, según los investigadores, Tobar simuló ser del bando rival al suyo dentro de la Uocra para amedrentar a un juez y un fiscal, y comprometer así a sus enemigos del gremio.

Junto con el procesamiento, el juez Kreplak ordenó un embargo sobre los bienes de Tobar hasta cubrir la suma de 50 millones de pesos. Y, en el mismo fallo, el magistrado procesó también a Jonatan Ruiz y a Hugo Cisneros.

Tobar fue arrestado durante la mañana del jueves 27 de marzo, junto con otros acusados. En los operativos celebrados ese día los investigadores secuestraron una “escopeta de un caño” calibre 16 marca Harrington y Richardson, 43 teléfonos celulares, $9.801.000 en efectivo, dispositivos electrónicos, documentos, un camión, una camioneta, dos autos (uno ploteado con insignias e imágenes de la Uocra) y siete motos, según informaron fuentes oficiales.

Tobar tomó notoriedad pública como acusado de haber sido responsable de un violento enfrentamiento en e San Roque de Gonnet, el mes pasado, hecho en el que fueron heridos cuatro presuntos barras de Gimnasia y Esgrima La Plata, entre ellos, Cristian Camilleri, conocido como El Volador, referente de esa hinchada. Tobar y Camilleri son rivales, con un historial de ataques y amenazas públicas cruzadas.

Pero la causa de Kreplak no tiene que ver con estos últimos hechos. A Tobar lo procesaron por un presunto delito de 2021.

Tobar tiene además una condena a ocho años de prisión, ya cumplida, por un intento de homicidio (por haber tratado de asesinar a un referente de otra línea interna de la barra de Estudiantes).

En el caso que instruye Kreplak, Tobar está acusado de haber amenazado al juez y al fiscal que llevaban la causa por la que había sido detenido Juan Pablo Medina, “El Pata”, el exsecretario general de la seccional platense de la Uocra, a quien Tobar está enfrentado, explicaron fuentes del caso.

Las amenazas

La causa por la que hoy fue procesado Tobar se inició por un video en el que diez personas disfrazadas, con máscaras y con armas largas, reclaman la libertad de Medina la noche previa a la audiencia en la que el juez Alejandro Esmoris tenía que tratar su caso. La sospecha de los investigadores es que, en realidad, lo que Tobar y los suyos buscaban era complicar la situación judicial de Medina, no ayudarlo.

“Los elementos de cargo reunidos permiten afirmar con el grado de convicción que esta instancia procesal requiere, que el video en el que se propiciaron amenazas a funcionarios públicos del Poder Judicial de la Nación, fue ideado y materializado por la facción de la Uocra liderada por Iván Gastón Tobar”, sostuvo el juez Kreplak en su fallo.

El juez dijo: “Desde el inicio de la investigación se introdujo la hipótesis de que la filmación se trataba de una ‘puesta en escena’ de personas ligadas a la facción rival del ‘Pata’ Medina para perjudicarlo en el ámbito judicial. Esta hipótesis, a esta altura del proceso, se tiene por corroborada”.

Medina había sido detenido en 2017 y procesado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. En febrero de 2021 fue excarcelado, pero con la prohibición de participar de actos sindicales, regla que él violó en agosto de ese año. Fue después de ese incumplimiento que el juez Esmoris convocó a la audiencia a la que se refiere el video, en la que declaró Medina y se debatió si volvían a detenerlo. Seis días después, se le revocó la excarcelación y se ordenó su arresto domiciliario.

El 26 de agosto de 2021, horas después de conocido el video y justo antes de declarar en la audiencia ante Esmoris, LA NACION entrevistó a Medina, que repudió el mensaje, negó que fuera de su gente, culpó a Tobar y dijo que lo iba a denunciar. “Todos saben que Tobar es quien maneja la droga en la región. Esto se va a parecer a Rosario. ¿De dónde sacaron las ametralladoras y los chalecos de policía para hacer el video?”, dijo entonces.

Las desventuras judiciales de Medina fueron determinantes para el ascenso de Tobar, que en septiembre de 2017 armó una agrupación dentro de la Uocra platense y consiguió puestos de trabajo para repartir entre su gente en las grandes obras de La Plata y Ensenada. Entró entonces en una disputa feroz con los hijos de Medina, quienes con su padre en la cárcel buscaban mantener a flote su poder y sus negocios. La disputa incluyó amenazas públicas, reyertas y tiros.

Un peritaje de 2023

En la causa que instruye Kreplak, un peritaje de 2023 determinó que el video con las amenazas al juez y al fiscal se hizo en una casa de Tobar de Punta Lara.

De acuerdo con el peritaje, uno de los elementos que permitió identificar el paredón que se ve de fondo en el video y corroborar que es el de la casa de Tobar fue que “se comprobó la existencia de un ladrillo colocado en diferente posición”, tal como se ve en el video. La pared de lo de Tobar fue revocada y pintada, pero la Gendarmería retiró el revoque con un cincel y llegó al ladrillo en cuestión.

En el video, que en 2021 se hizo viral, se ve a una decena de personas, todas vestidas de oscuro; la mayoría con máscaras y uno, con una pechera de la Policía, que dicen, mientras exhiben aparentes escopetas: “Primero queremos arrancar diciendo que si mañana van a tomar medidas contra nuestro líder, acá estamos. Estamos con vos, Pata, Puli [uno de los diez hijos de Pata]. Lo vamos a matar al juez, el fiscal, al hijo del juez, al que venga... al Iván Tobar, a todos. Acá está la banda del Puli y el Pata”. Después sigue: “Quieren guerra, la van a tener. La Uocra es del Pata Medina, manga de ortivas, transas de mierda”.

Según el fallo de Kreplak no hay dudas de que el video se grabó en lo de Tobar y ese dato es determinante.

El juez explicó que “hasta el momento” no se probó la “presencia física” de Tobar en la filmación, pero que, sin embargo, “la prueba lo coloca en una situación de pleno conocimiento sobre la creación y materialización del video”.

Esto es así porque -dijo Kreplak- Tobar es “el líder de la facción en pugna y persona referente del sector de la Uocra implicado en el video, con el mayor poder de decisión en el grupo” y, como tal, el video “no podría haberse llevado a cabo sin su conocimiento”.

“Pero sobre todo -afirmó el magistrado-, porque la filmación fue realizada nada más ni nada menos que en un inmueble de su propiedad; y en ella se lucieron insignias vinculadas a la facción rival, que habían sido sustraídas con anterioridad por su gente en hechos de violencia.”

Al fundamentar la prisión preventiva, el juez Kreplak explicó que las “conductas delictivas” por las que procesó a Tobar y los otros dos sospechosos prevén “una pena mínima de prisión por demás elevada”. Y entonces afirmó: “En virtud de ello, en caso de recaer pronunciamiento condenatorio, la pena eventualmente a aplicarse sería de cumplimiento efectivo, existiendo de esta manera elementos objetivos que permiten sostener el riesgo de que los imputados intenten evadirse del accionar de la Justicia”.

Y agregó: “A ello se le suma la peligrosidad de las conductas advertidas en el expediente que incluyen la utilización de numerosas armas de fuego de diverso calibre y la presencia de una estructura organizada con una probada capacidad en la obtención de recursos y en la coordinación para la comisión de hechos intimidatorios y de violencia”.

Tobar apelará el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Así lo adelantó a LA NACION su abogado, Germán Oviedo.

“Vamos a recurrir la decisión para que la Cámara verifique si la decisión es justa. Entendemos que no, ya que no solo no se cuenta con pruebas suficientes para las amenazas y coacción, que es lo que se investigaba por denuncia de la propia fiscalía. Mucho menos para ser jefe de una asociación ilícita que se está forzando a partir de los sucesos del [San Roque]“, explicó Oviedo.

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