Procesaron a Gentili y sus hijos por lavar fondos de la corrupción kirchnerista a través de Uruguay

“Técnicamente es una donación del padre, pero no lo podemos decir porque si se escarba, explota todo!!!!”. Y la Justicia escarbó. Y explotó todo, con “tarasca”, “alfajores” y todo tipo de lujos incluidos. El otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, dos de sus dos hijos, su presunto testaferro y dos financistas uruguayos terminaron procesados por el supuesto lavado de cerca de 1,5 millón de dólares.

Los procesamientos alcanzaron a Gustavo Gentili, sus hijos Santiago y Federico, su presunto alter ego, Ricardo López Naón, y los uruguayos Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, quienes fueron embargados por un total de $2179 millones, aunque permanecerán en libertad mientras continúa el proceso.

El juez federal Sebastián Casanello consideró probado que Gentili, quien se desempeñó como funcionario de la Dirección General de Vialidad y del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) habría cometido múltiples actos de corrupción cuyos beneficios luego procuró blanquear con el apoyo de sus hijos y otros acusados.

Esas maniobras de blanqueo habrían incluido la compra de al menos dos departamentos por 200.000 y 238.000 dólares en la ciudad de Montevideo y la simulación de un préstamo por otro millón de dólares, también con escala en Uruguay, mediante una operación que incluyó la compra de la firma Febaro SA, cuyas acciones terminaron en las manos de Gentili y su segunda esposa, Laura Andino, también funcionaria pública.

Parte de todo ese dinero también se aplicó en la Argentina para comprar ganado y campos, también maquinaria agrícola, bonos, dólares y euros, refaccionar una casona en el country San Jorge Village, pagar las matrículas de varios hijos en el St George’s College North y en universidades privadas, adquirir diamantes, rubíes y otros objetos de lujo, además de autos antiguos y de colección, y solventar viajes a Europa y América del Norte, según reveló LA NACION siete años atrás.

Al ser indagado, Gentili se negó a declarar, pero anticipó que presentaría un escrito para defenderse, lo que no concretó. Pero tanto sus hijos como su presunto testaferro adujeron que el dinero no provendría de la corrupción, sino que el exfuncionario kirchnerista era un hombre de “medios importantes”. Entre otros motivos, adujeron, porque habría heredado 10.000 hectáreas de campo y otras propiedades de un tío.

Sus dos hijos afirmaron, además, que recibieron los departamentos en Uruguay tras la división de bienes que su padre acordó con su primera esposa –y madre de ambos– al completar el proceso de divorcio. E insistieron que Gentili tenía un “muy buen pasar económico” porque provenía de una familia “adinerada”. Uno, incluso, relató que le pasaba cerca de 500 dólares cada mes, en mano, a espaldas de su segunda esposa.

La Justicia arribó, sin embargo, a otra conclusión. Estimó que tanto las operaciones inmobiliarias como el préstamo simulado buscaron blanquear parte de los dividendos ilícitos que Gentili obtuvo a través de la firma Consular Consultores Argentinos Asociados SA, “de la cual era socio oculto”, que las empresas concesionarias eran forzadas a contratar para no tener problemas con el Estado o, en rigor, con él.

Por esas presuntas operaciones ilícitas en sí, tanto Gentili como López Naón, Andino y otros acusados –Jorge Luis Pinto, Jorge Donnini, José María Gentili, Miguel Ducoté, César Obliglio y Gustavo González– se encuentran procesados y deberán afrontar un juicio oral y público. Pero ahora se avanzó sobre los esfuerzos posteriores por darle apariencia de legalidad a las ganancias generadas por esas presuntas operaciones ilícitas.

En esa línea, la Justicia consideró que existen evidencias suficientes para afirmar que tanto el campo como los otros bienes supuestamente heredados por Gentili “no son más que una coartada” destinada a ocultar la realidad. Así quedó reflejado en los correos electrónicos que su presunto testaferro, López Naón, le envió a un colaborador tras la compra de uno de esos departamentos en Montevideo. “Técnicamente es una donación del padre, pero no lo podemos decir porque si se escarba, explota todo!!!!”, le confió.

“Tarasca” y “alfajores”

Según reconstruyeron los sabuesos judiciales, el movimiento de dinero fue constante y por un menú amplio de opciones –desde bonos a efectivo–, tanto en el país como en Uruguay, sin declararlo jamás ante las autoridades tributarias argentinas. Y así también quedó reflejado en los mensajes que López Naón envió y recibió con alusiones a “la tarasca” y “los alfajores” que llevaban y traían para concretar operaciones comerciales.

En ese contexto, Federico y Santiago Gentili terminaron procesados como partícipes necesarios del presunto lavado de activos “al prestar sus nombres y convertirse en personas interpuestas para ocultar la identidad de su padre, logrando que el capital adquiriera apariencia de licitud frente a terceros”.

Por su parte, López Naón fue procesado como coautor del presunto blanqueo ilícito porque “confeccionó los documentos necesarios para negociar y materializar la operación, y se encargó de la búsqueda y del mantenimiento de los inmuebles, así como también de las circunstancias tendientes a disimular el trasfondo real del negocio”.

Los financistas uruguayos Pérez Montero y Ribeiro Ricci, en tanto, “diseñaron el andamiaje necesario para simular el préstamo de dinero –fruto de sus conocimientos y experiencia en la materia– y participaron activamente de su materialización, con el objeto de ingresar el dinero espurio al sistema económico formal y no dejar rastros que posteriormente los comprometa, vulnerando obviamente las reglas correspondientes a su actuación profesional”.

Por último, Casanello procesó a Gentili como “el beneficiario final de los fondos lavados, quien era propietario de la totalidad del dinero ilícito utilizado para ambas operatorias y principal interesado en llevarlas a cabo”. Pero el juez dio otro paso. Le pidió a Uruguay que avance en la búsqueda de más activos del exfuncionario. Entre ellos, otro posible inmueble.

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