Procesaron a Eduardo Belliboni por administración fraudulenta contra el Estado

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado: señaló que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria.

Lo hizo, según el juez, mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de empresas fantasmas; sobre todo, Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.

Casanello advirtió Rumbos no sólo emitió facturas apócrifas sino que, además, su cuenta bancaria se usó para depositar recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación. “Amenazas coactivas” es el otro delito que se investiga en este expediente. No solo por estas presuntas cápitas: el juez consideró probado además que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, que se habían comprometido a controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, no lo hacían porque lo que les exigía, en realidad, era que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan.

Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un “desvío” de fondos, sino también un “aprovechamiento de la posición de poder” que tenían los que debían acreditar que se cumpliera la contraprestación del Potencial Trabajo y, en cambio, obligaban a los beneficiarios a una militancia partidaria.

“El desvío de los fondos no fue inocente ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación”, escribió el juez en alusión al Polo Obrero. Consideró que la mecánica ingeniada por los directivos de la asociación “les permitió aplicar de manera oculta los fondos asignados en el marco del Programa Potenciar Trabajo para solventar actividades de prensa, militancia y campaña electoral”. Según informaron en la justicia federal a LA NACION, se encontraron irregularidades en aproximadamente el 25% de lo facturado por el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor en 2023.

El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión) se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.

En diálogo con LA NACION, Belliboni dijo hoy que este fallo “sigue una línea de persecución política” de la que es víctima el movimiento piquetero y adelantó que lo apelarán ante la Cámara Federal. El líder de Polo Obrero cuestionó que los procesamientos se hubieran dictado el primer día después de la feria, pese a que él había pedido ampliar su indagatoria, y dijo que presentó pruebas que demuestran que quienes cobraban el Potenciar Trabajo a través de la asociación sí cumplían tareas. “Tenemos huertas, salones de usos múltiples que construimos, textiles, si no trabajábamos, ¿todo eso quién lo hizo?”, alegó.

En el mismo fallo, el juez ordenó medidas de prueba para determinar si de la presunta estafa al Estado participaron también funcionarios públicos; entre ellos, Emilio Pérsico, que durante el gobierno de Alberto Fernández estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, presentó durante la feria judicial un dictamen pidiendo las indagatorias de Pérsico y otros siete exfuncionarios del ministerio. Consideró que fueron parte de una “matriz de corrupción”. Tal como informó LA NACION, el fiscal entendió que los imputados del Polo Obrero no intentaron engañar a los funcionarios del exministerio de Desarrollo Social, sino que unos y otros actuaron en forma coordinada. Es decir, que existió un “acuerdo venal” para favorecer al Polo Obrero en perjuicio del Estado.

Para Casanello, antes de disponer nuevas indagatorias es necesario “profundizar” la investigación para determinar si hay evidencias de la sospecha del fiscal de que existió “dolo” de parte de los funcionarios que debían controlar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan Potenciar Trabajo y no lo hicieron.

Entre otras medidas, Casanello ordenó entonces citar a testigos que conocieron los expedientes y, como en principio no había “identidad partidaria” entre Pérsico y Belliboni, dispuso otras medidas para determinar un posible móvil de los exfuncionarios para favorecer intencionalmente al Polo Obrero. Pidió, por ejemplo, el registro de visitas de los exfuncionarios y el back up de sus correos electrónicos.

La lista de quienes fueron procesados hoy incluye, como autores de la supuesta administración fraudulenta contra el Estado -además de a Belliboni-, a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld y Ezequiel Adrían Coego. María Isolda Dotti también fue procesada como autora del mismo delito y además, por amenazas coactivas.

Jeremías Cantero (que era el segundo de Belliboni), Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz fueron procesados por la defraudación, pero como partícipes (no autores). A Gianna Puppo también se la procesó como partícipe de la estafa y además, por las amenazas coactivas.

Sólo por amenazas coactivas fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. Ella no estaban ligadas al Polo Obrero sino a Barrios de Pié.

En esta causa fueron citadas a indagatoria, además, cinco personas vinculadas al comedor “Kuña Guapa”, gestionado por la Cooperativa Agustín Tosco y el Frente de Organizaciones en Lucha. A las cinco se les dictó la “falta de mérito”. Si bien un testigo declaró que era forzado a marchar y a aportar parte del dinero que recibía del plan, Casanello entendió que no hay pruebas suficientes para avanzar por el momento contra ellas. Ni en las rendiciones de Barrios de Pié ni en las del FOL aparecieron facturas falsas. Y en el caso del FOL el juez advirtió que se puso constatar la efectiva “puesta en práctica de actividades socio-formativas y productivas en el marco del Plan Potenciar Trabajo” y dijo que este “cumplimiento real de actividades marca una diferencia notoria con el caso del Polo Obrero”.

En cuanto a esta asociación, para los investigadores fueron determinantes en materia probatoria, además de todo lo documental, las declaraciones de tres “arrepentidos”, que habían sido citados a indagatoria como acusados de amenazas y extorsión y, previo acuerdo con el fiscal, confesaron que forzaban a los beneficiarios de los planes a aportar “cápitas” del 2% de lo que recibían por el plan y que controlaban que fueran a las marchas como requisito para no dejar de cobrar.

La causa se inició el 20 de diciembre de 2023 con una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en llamadas anónimas recibidas en la línea telefónica 134 de supuestos beneficiarios del planes sociales que decían que los obligaban movilizarse.

Se identificó a los que eran de la ciudad de Buenos Aires y la fiscalía dio con siete de los denunciantes. Cinco de ellos declararon. Dijeron que los obligaban a ir a las movilizaciones si querían conservar sus planes y que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización. Tres de las cinco denuncias fueron contra el Polo Obrero, una contra Barrios de Pie y otra contra el FOL.

Hasta entonces el caso era por amenazas coactivas y extorsión, pero después se amplió. Cuando el juzgado analizó cómo funcionaba el Plan Potenciar Trabajo, dio con pruebas de una presunta defraudación al Estado. Casanello explicó que el Polo Obrero tenía dos obligaciones por los convenios firmados en relación con el Plan Potenciar Trabajo: una era controlar que los beneficiarios que cobraban los planes (que les pagaba directo el Estado) cumplieran con las contraprestaciones a las que se habían comprometido (estudio, tareas comunitarias, desarrollos productivos); la otra, “generar espacios socio-ocupacionales y productivos que favorecieran el desarrollo” de los beneficiarios del plan. Para eso, el Polo Obrero recibía, en paralelo, fondos públicos. Según Casanello, la agrupación liderada por Belliboni no hizo ni una cosa ni la otra: desvió los fondos que recibió como “unidad de gestión” del plan y en lugar de promover al trabajo de la gente y controlar que cumpliera con las tareas asignadas, lo que revisaba era que marchara cuando sus dirigentes lo ordenaban.

“Una parte significativa del dinero transferido por el Estado fue utilizado para financiar gastos electorales y de campaña, así como también solventar los gastos de funcionamiento del Polo y el Partido Obrero. Se priorizó la obtención de un beneficio particularizado, dejando a un lado las obligaciones asumidas al celebrar los convenios bajo estudio”, dijo el juez. Según Casanello, “esto fue posible gracias a Rumbos, que fue una herramienta clave para centralizar los fondos públicos desviados, pues sirvió tanto de pantalla para justificar las erogaciones como de vehículo para su posterior canalización”.

El juez sostuvo que Rumbos no tiene actividad real, no tiene una sede de funcionamiento ni capacidad técnica para explicar los fondos millonarios facturados. El domicilio fiscal –relata el fallo- era la casa de dos referentes del Partido Obrero, que dijeron que desconocían Rumbos. En el allanamiento que se hizo en el lugar no se encontró nada relacionado con la supuesta actividad de la empresa, y cuando empezó el operativo, se presentó allí Fernando Ramal, hijo de Macero Ramal, legislador porteño y referente del Partido Obrero. En el otro domicilio, el comercial, no había imprentas. “Se asentaba la sede legal del Partido Obrero y las oficinas de ‘Prensa Obrera”, dice la resolución del juez. “Rumbos era en definitiva su caja y no un auténtico proveedor”, afirmó Casanello.

En diálogo con LA NACION, Belliboni negó rotundamente que esto fuera así. Dijo que Rumbos es una empresa que existe desde hace 40 años, que estuvo incluso en la Feria del Libro y que les imprimió gran cantidad de cantidad de folletos que ellos exhibieron ante las autoridades. “Existen, los presentamos”, dijo. Se quejó además de que este procesamiento se haya dictado cuando ellos están cuestionando el allanamiento al lugar donde funciona el local central del Partido Obrero (allanado porque está declarado como sede de Rumbos) y hay medidas en trámite. Belliboni dice que existió una manipulación de las cámaras de seguridad y que fue irregular la elección de los testigos del operativo.

Según el líder del Polo Obrero, “hay una decisión de la Justicia de estigmatizar y perseguir al movimiento piquetero”, en línea con el Gobierno, que cortó la asistencia a los comedores.

En su fallo, Casanello hizo alusión al rol de los comedores. Dijo que “ya van más de veinte años en los que el país vive bajo emergencia alimentaria nacional declarada formalmente, con un notorio crecimiento de la inseguridad alimentaria y la pobreza” y destacó, en ese contexto, “la función y trascendencia de los comedores comunitarios en la asistencia alimentaria diaria a familias y personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social y económica y como punto vector para el desarrollo de otras iniciativas como lo fue el Programa Potenciar Trabajo”. Destacó que los comedores “se sostienen en base a un espíritu solidario y gracias al esfuerzo de muchos: algunos pertenecientes al mismo sector desprotegido y olvidado y otros a sectores aventajados pero que asumieron el compromiso de ayudar al que menos tiene”.

De acuerdo con el juez, el problema es que los acusados del Polo Obrero a los que hoy procesó incumplieron las obligaciones asumidas en el marco del Plan Potenciar Trabajo. “Quedó en evidencia que, en lugar de llevar adelante las actividades comprometidas ante el Estado (desarrollar espacios socio-productivos, educativos o de formación laboral para que los titulares del programa social pudieran adquirir herramientas que faciliten y/o ayuden a su inserción laboral futura), los imputados aprovecharon el rol de gestión asumido en el marco de los convenios celebrados para desviar -al menos en parte- su finalidad pública y exigir a los beneficiarios -como contraprestación para recibir y mantener el subsidio- la asistencia a movilizaciones partidarias, a la par de imponer como condición la entrega de una parte de su ayuda económica”.

Casanello afirmó: “De esta manera, la organización se valió tanto de los recursos económicos como humanos, enmarcados en el Potenciar Trabajo, para fines distintos de los pactados. Así se hilvanan estas prácticas dentro del plan de aprovechamiento y distorsión de la política pública hacia los intereses particulares de la organización”.

En los próximos días, Belliboni y el resto de los procesados apelarán el fallo de Casanello. Será entonces la Cámara Federal la que decida si confirma lo resuelto este lunes.

Por Paz Rodríguez Niell

• Eduardo Belliboni
• Sebastián Casanello

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