Procesan por encubrir a narcos al fiscal bahiense sospechado de proteger a Lázaro Báez
LA NACIONHugo Alconada Mon
Alejandro Cantaro, el jefe máximo de los fiscales federales en la jurisdicción de Bahía Blanca, quedó procesado ayer, acusado de proteger a una banda de narcotraficantes de esa ciudad, en la que participaba su sobrino, y de ese modo permitir que eludieran a las fuerzas de seguridad y a la Justicia. Es el mismo magistrado que había quedado bajo la lupa en la investigación judicial sobre las presuntas maniobras de lavado de Lázaro Báez en Bahía Blanca.
El juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, consideró que existen pruebas suficientes para sospechar que el fiscal Cantaro ayudó a su sobrino, Sebastián Gauna San Millán, y otro miembro de la banda narco, Facundo Texido, a eludir el accionar judicial, como así también no radicó la denuncia penal a la que estaba obligado como funcionario público.
Cantaro quedó así procesado en la causa que se inició en 2018 tras el operativo "Drogas Sintéticas II". En esa investigación, ocho personas fueron acusadas de narcotráfico, aunque su sobrino, Gauna San Millán, de 31 años, permanece prófugo.
El fiscal federal general, que se encuentra de licencia desde hace un año, aparece mencionado en diversas escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia, pero negó los cargos durante la declaración indagatoria que prestó a fines de junio pasado. Rechazó que haya encubierto a su sobrino o a otros integrantes de la banda, como así también que haya incumplido con sus deberes como funcionario público.
Las usinas de facturas truchas
Su presunta protección a una banda narco, sin embargo, no es la única sospecha que rodea a Cantaro. Al igual que uno de sus subalternos, el fiscal federal de primera instancia, Antonio Castaño, quedaron bajo la lupa en la investigación por las presuntas maniobras de lavado que Lázaro Báez desarrolló en Bahía Blanca.
Báez recurrió a tres grupos empresarios de esa ciudad para obtener facturas truchas por decenas de millones de pesos, lo que generó una investigación de los sabuesos de la Regional Bahía Blanca de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y derivó en la radicación de una denuncia penal en 2013.
Desde su inicio en 2013, la tramitación de esa investigación sobre la red local vinculada a Báez causó un terremoto en Bahía Blanca, según reveló LA NACIÓN. Por un lado, provocó que el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ordenara el cierre de la Regional del organismo en esa ciudad. Por el otro, causó el apartamiento del por entonces primer juez subrogante, Santiago Ulpiano Martínez, como así también del secretario instructor, tras ordenar los primeros allanamientos en 2015. Y dejó en evidencia la pasividad de los fiscales Castaño y Cantaro.
Problemas que se suman
Recién en junio de 2016 -es decir, tras la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada-, y mientras ultimaba su jubilación, el fiscal Castaño impulsó la investigación y avanzó contra Báez, los empresarios locales y las exautoridades de la AFIP, a las que adjudicó "claras maniobras activas de encubrimiento". Pero tomaría otros dos años y un mes, hasta que el juez Da Silva citó a indagatoria a Báez y a su hijo Martín en julio de 2018 por sus presuntas participaciones en una asociación ilícita fiscal organizada en perjuicio del Estado nacional.
López da Silva también ordenó entonces las indagatorias de tres familias empresarias oriundas de esa ciudad -los Ficcadenti , los Ferreyra y los Pedraza-, acusados de generar las facturas truchas que Báez canalizó a través de Austral Construcciones, cuya quiebra se decretó esa misma semana, pero desde entonces el magistrado de Bahía Blanca no resolvió si procesa, dicta la falta de mérito o sobresee a todos los acusados.
Para Cantaro, sin embargo, no se agotan allí sus problemas judiciales. A fines de este mes deberá presentarse a prestar declaración indagatoria en otro expediente en el que se investiga tráfico de estupefacientes.
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