Procesan al financista Ernesto Clarens como máximo responsable de una organización de lavado de dinero
El financista Ernesto Clarens sumó una nueva mancha a su historial. El juez federal Julián Ercolini lo procesó como el presunto máximo responsable de una estructura delictiva montada para lavar más de $504 millones derivados de la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.
Ercolini consideró que existen pruebas suficientes para avanzar contra el dueño de la financiera Invernes y una larga lista de empresas y sociedades, y ordenó embargarle sus bienes por $1010 millones para afrontar las eventuales sanciones que pueda aplicarle la Justicia.
El magistrado también avanzó contra otros operadores, cueveros, contadores y empresarios vinculados a Clarens y al supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Entre ellos, Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Merlini, César Andrés, Andrea Cantín, Martín Jacobs, Emilio Martín, Sergio Gotti, Armando Ulled, Andrés Kechichian, Héctor Doldi y Julia Cis.
Clarens y los otros acusados quedaron así procesados en la misma causa por la que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, y el propio Báez ya afrontan un juicio oral.
Durante la investigación, concluyó Ercolini, "se comprobó, con la convicción propia de toda etapa preparatoria, la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, entre los meses de mayo de 2003 y diciembre de 2015". Ese supuesto esquema, estimó, "tuvo como objeto la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado encabezado por Báez".
Según Ercolini, tanto Clarens como el resto de los ahora procesados "habrían participado en un complejo mecanismo de reciclaje de activos fundado en diferentes operaciones comerciales y financieras inexistentes vinculadas, originalmente, con costos ficticios en obras públicas, que permitieron otorgarle apariencia de licitud y distanciar de su origen a una porción de las sumas sustraídas de manera fraudulenta al Estado nacional -altamente superiores a $50.000". ¿Para qué? Según el magistrado, para "su conversión en efectivo y la obstrucción de su trazabilidad".
Clarens sumó así un nuevo traspié en los tribunales, donde ya se declaró como "arrepentido" en la investigación conocida como la "causa de los cuadernos de la corrupción", en la que aportó ciertos nombres, montos y fechas, pero calló información sensible, según reconstruyó LA NACION.
"Generalmente hablaba con un corredor, Vallarino", contestó Clarens cuando el fiscal federal a cargo de la "causa de los cuadernos", Carlos Stornelli, le preguntó de dónde provenían los billetes de 100 dólares y 500 euros que cambiaba a los empresarios desde sus oficinas de la calle Maipú 311 de Buenos Aires.
El financista de confianza de Néstor Kirchner
Financista de confianza de Néstor Kirchner, Clarens aludió así a Marcelo Vallarino, un operador de la city porteña con quien trabajó, pero luego terminó peleado. Más aún, Vallarino se encuentra en bancarrota y el juez Ercolini no lo mencionó ni una vez por su nombre a lo largo de las 330 carillas de la resolución que firmó ayer y cuya copia obtuvo LA NACION.
Ante el fiscal Stornelli, Clarens omitió precisar, por ejemplo, que Vallarino solía operar con Thaler, una agencia de cambio que el propio Clarens desplegó por la Patagonia, donde Vallarino interactuaba con Félix Roberto "el Tano" Diperna, al que Ercolini le dictó ayer la "falta de mérito" suficiente para procesarlo o sobreseerlo aún y ordenó más medidas de prueba.
Por el contrario, el juez Ercolini consideró probado el esquema que el fiscal federal Germán Pollicita reconstruyó durante años, hasta concluir que Clarens y Báez lideraban una supuesta asociación ilícita destinada a desarrollar "un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado nacional a través del fraude en la obra pública".
Para Ercolini, la operatoria incluyó dos fases. La primera, fue el desarrollo de una "matriz de corrupción", como la calificó, que canalizó "parte de los fondos del Estado nacional hacia las empresas de Báez". La segunda, la posterior canalización del dinero espurio "a través de este esquema de blanqueo".
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