Procesan a un exministro chaqueño y abogado de Jorge Capitanich acusado de desviar fondos de una universidad
La Justicia avanza con un caso por fraude al Estado contra autoridades de la Universidad del Chaco Austral; investigan la adquisición de una avioneta que jamás voló y un alquiler en Puerto Madero
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Para LA NACIONHugo Macchiavelli
La justicia procesó a Jorge Eduardo Alcántara, exfiscal de Estado y exministro de Chaco, abogado del exgobernador Jorge Capitanich y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La investigación está a cargo del fiscal general de Chaco Carlos Amad, que consideró probado que Alcántara, que fue ministro de Gobierno de la provincia y preside dos fundaciones, “utilizó fondos públicos para su beneficio y de los involucrados en la causa”. Con Alcántara fueron procesadas otras 17 personas, presuntas responsables de una trama criminal que se valió de fundaciones para triangular dinero; entre ellas, las encabezadas por el exministro de Capitanich: la Fundación Uncaus y la Fundación Educación Para Todos. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Alcántara.
El fiscal Amad relató a LA NACION cómo fue el mecanismo: “El Estado le envió fondos millonarios a las universidades afines. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Humano, de Sandra Pettovello, solo el año pasado el Gobierno remitió 2700 millones de pesos a la Uncaus. Parte de esos fondos terminaron en fundaciones dirigidas por las autoridades de la universidad. Desde el 2018, el rector de la Uncaus, Germán Oesman, en complicidad con Alcántara y otros, desviaron el dinero hacia las fundaciones creadas para esta estafa”. Oesman es otro de los procesados en esta causa.
La maniobra de desvío de fondos a través de la universidad y de fundaciones incluyó compras suntuosas e insólitas, como la adquisición de un avión usado “para dar clases en el Chaco”, según la investigación judicial. Las clases en cuestión, de acuerdo con la causa, estaban previstas que fueran solo teóricas.
También incluyó el alquiler de un departamento en Puerto Madero, “una de las zonas más caras y exclusivas de la Capital Federal, supuestamente para uso comercial aunque se trataría de un departamento amueblado para vivienda”, dice el fallo del mes pasado que dispuso los procesamientos.
La avioneta costó 10.564.437,50 pesos en noviembre de 2021. “Un precio alto para un avión Cessna modelo C 105 M usado”, agregó una fuente consultada. La compra se hizo “sin concurso de precios ni argumentos para su adquisición”, afirmó el fiscal.
El escándalo por la compra del avión de la fundación universitaria impactó en una de las provincias más pobres de la Argentina, que tienen solo un avión sanitario para emergencias.
El avión universitario nunca fue utilizado y sigue “en reparación” en el taller del hangar de un aeroclub de Las Palmas, una modesta localidad donde la población sufre la falta de cloacas y de agua potable, a 60 kilómetros de Resistencia.
El fallo destaca que “al poco tiempo” de la compra, la aeronave debió ser trasladada y entró en reparación. “O sea -dice- compraron un avión usado, que no estaba en condiciones óptimas, y sin motivo alguno ya que el curso al que estaba autorizado a brindar era solo teórico y no práctico, dentro de una universidad que nada tiene que ver con carreras relacionadas con aviación.”
Según la fiscalía federal (citada por el juez Aldo Mario Alurralde en el fallo que dispone los procesamientos), se pagaron “casi un millón de pesos por el arreglo de un avión que no tenía una finalidad acorde con las necesidades de la universidad, ya que no tenía hasta ese momento carreras de aviación”.
El juez dio por probado que “el avión no se usa”, que no hay registros de movimientos de la aeronave, que “en 2016 consiguieron la habilitación para un curso teórico, pero nunca dictaron clases”, que el lugar elegido por la Uncaus para el dictado de las carreras de piloto “no cuenta con pista de aterrizaje, entre otras cosas”, que “la compra no fue por licitación pública”, sino con una búsqueda de precios “por internet”, y que “desde 2021 tienen la aeronave y nunca iniciaron los trámites para la habilitación de la ANAC”.
El departamento de Puerto Madero
En cuanto al alquiler del departamento en Puerto Madero, según escribió el fiscal, “surgiría como un gasto innecesario, ya que aun yendo una vez al mes a las reuniones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tal y como dice que era su finalidad, un hotel regular le hubiera costado más barato”.
Para el juez, este alquiler “genera sospecha” y no está claro “si la utilización o destino del inmueble alquilado se condice con una necesidad motivada en el ejercicio de la función pública del rectorado o atiende a cuestiones privadas por el cual se desvían fondos públicos, máxime cuando los gastos se encuentran reflejados en una contabilidad ineficiente, como sostiene el informe pericial”.
Según el fiscal, la maniobra de presunto desvío de fondos que se investiga en esta causa lleva más de diez años y el mecanismo quedó demostrado en dos expedientes judiciales anteriores, en los que fueron declarados culpables varios funcionarios. “En la primera sentencia, tras el juicio oral, el 21 de diciembre de 2022 se condenó a cinco dirigentes entre quienes estaban el rector de ese entonces de la Uncaus, Omar Judis [ya fallecido] y su hijo Enzo”, agregó el funcionario judicial.
En una segunda parte, con 12 procesados y hoy camino a juicio oral, se demostró que también “hubo lavado de dinero”, relató. Por eso, intervino un juzgado federal de Chaco.
En esta tercera etapa, a cargo del juez Alurralde, con la instrucción del fiscal Amad, “ya se reunió la prueba necesaria y está a punto de concluirse el proceso para el juicio de 18 imputados”, afirmó el Amad.
En el fallo que dispone los procesamientos, el juez afirmó: “Las fundaciones eran las personas jurídicas ideales para triangular dinero, ya que se rigen por un régimen legal distinto, no les es aplicable la Ley de Educación Superior, no cuentan con controles de su gestión por parte del Estado Nacional, a través de sus diferentes organismos como la Sigen, AGEN o el Ministerio de Educación; no son objeto de auditorías y se encuentran exentas en materia impositiva, entre otros beneficios”.
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