Primeros pagos por la emergencia social
Las organizaciones descartan un escenario de conflicto por la ley
Casi cinco meses después de la aprobación de la ley, el Gobierno abre el grifo de los fondos de la emergencia social. Esta semana se concretaron los primeros giros de los $ 30.000 millones estipulados hasta 2019.
Así lo confirmaron a LA NACION los referentes del triunvirato piquetero que conforman la CTEP, Barrios de Pie y la CCC. En esta primera etapa, serán cerca de 40.000 los beneficiarios que recibirán el "alta" para empezar a cobrar el salario social complementario, un ingreso mensual de $ 4000.
Los beneficiarios son trabajadores precarios, de la denominada "economía popular", que no participan de ningún programa de empleo. La ayuda económica no es compatible, por caso, con la participación en el programa Argentina Trabaja que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Sí pueden acceder al subsidio trabajadores que cobren la Asignación Universal por Hijo.
En las últimas semanas, el triunvirato piquetero adoptó un perfil menos combativo que a principios de año. Los avances en el registro de la economía popular y el primer desembolso de los $ 10.000 millones previstos para este año morigeraron el conflicto.
Los dirigentes de la organizaciones reconocen que el Gobierno "comenzó a trabajar con buena predisposición" desde hace algunas semanas. Destacan particularmente la conformación de una "mesa política" de seguimiento de la ley, encabezada por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Aseguran que la salida a escena de la "primera línea" del Gobierno colaboró para destrabar la puesta en marcha de la ley.
"No avanzan al ritmo que quisiéramos, pero el Gobierno se viene moviendo. Si la implementación de la ley avanza, no veo razones para tomar una medida de acción directa. Vemos predisposición para cumplir con la emergencia social", aseguró a LA NACION Juan Grabois, referente de la CTEP. Los referentes de las organizaciones sociales descartan que se reedite un escenario de conflicto en el corto plazo.
Grabois aseguró que las primeras inscripciones se hicieron "rápido y bien". Y agregó: "Vamos a estar atentos por si hay alguna falla administrativa, pero no debiera haber problemas, tenemos el compromiso del Gobierno".
Con desconfianza en que el programa de "empalme" anunciado esta semana pueda tener un impacto real, las organizaciones apuestan por extender el alcance de la emergencia.
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