Primer paso para que las empresas puedan aportar a las campañas

El Gobierno y el PJ trabajan contra reloj con la intención de avanzar en el Senado en una agenda institucional en la que sobresale la modificación del régimen de financiamiento de las campañas electorales para volver a permitir los aportes de empresas privadas . La finalidad es lograr un acuerdo antes de fines del mes próximo, cuando cierra el período de sesiones ordinarias.

Con ese objetivo, ayer se reunieron en la Cámara alta el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera (PJ). Ambos acordaron iniciar en la primera semana de noviembre el tratamiento de una batería de proyectos.

Si bien los tiempos apremian y difícilmente puedan ser ley antes del 30 de noviembre, el Gobierno apuesta a lograr que el cambio en el financiamiento de las campañas cuente con la aprobación del Senado, para impulsar su sanción definitiva en febrero o marzo próximos. Así, llegarían a ser aplicados para las próximas elecciones presidenciales.

Según confirmaron a LA NACION ambos protagonistas del cónclave, además del cambio en los aportes de campaña, se discutirán otros tres proyectos: las reglamentaciones de la actividad de gestión de intereses (lobby) y del traspaso presidencial, iniciativa que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, y cambios en la ley de ética pública.

"La idea es terminar con el zafarrancho de la ley kirchnerista, que, al prohibir los aportes de empresas privadas a las campañas, lo único que hizo fue generar jugadas ridículas para vulnerar la norma", explicó Mera, en diálogo con LA NACION.

Fin de la prohibición

Pérez, por su parte, también mostró la disposición del Poder Ejecutivo para avanzar en la modificación del régimen y, así, terminar "con el hecho de que sigue habiendo aportes en negro" de sectores privados.

La prohibición a los partidos políticos de recibir fondos de personas jurídicas privadas fue impuesta por ley por el kirchnerismo en 2009, como reacción a la derrota electoral de Néstor Kirchner a manos del empresario Francisco de Narváez en suelo bonaerense.

Hay en debate dos iniciativas -una del PJ y otra del oficialismo, que reproduce el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y que duerme en la Cámara baja-, que tienen diferencias en cuanto al porcentaje de participación que una empresa privada podrá tener sobre el total de fondos que los partidos tienen permitido destinar a la campaña electoral.

En la reunión de ayer no terminaron de zanjarse esas diferencias. Pero Pérez prefirió destacar otros puntos de acuerdo con el PJ, como la obligatoriedad en la bancarización de todos los aportes, el incremento del cuerpo de auditores y contadores electorales y la agilización del cruce de datos con la AFIP para detectar fondos provenientes de actividades ilícitas.

La ciudad ya tiene un Código electoral

Con 49 votos a favor y 9 en contra, la Legislatura porteña aprobó el nuevo Código Electoral de la Ciudad, que le otorga al jefe de gobierno la atribución de fijar la fecha de las elecciones. La intención de Cambiemos es hacer coincidir en 2019 los comicios porteños con los nacionales.

La nueva ley dispone, además, la creación del Instituto de Gestión Electoral, que tendrá facultades para habilitar el voto electrónico en la ciudad. Prevé, además, la obligatoriedad de un debate público entre los candidatos y el cumplimiento de la ley de paridad de género para los cargos electivos. El bloque Evolución, que responde a Martín Lousteau, no acompañó la votación en la Legislatura porteña.

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