Presupuesto. Santa Fe es la provincia más perjudicada del país en la ejecución de fondos para seguridad

Pese a ser la provincia más golpeada por la delincuencia y la violencia del narcotráfico, Santa Fe es, sin embargo, el distrito más perjudicado del país en la ejecución del presupuesto que el gobierno nacional destina a seguridad interior. Esta discriminación, que se verificó en el gasto presupuestario de 2022, continúa este año aún en medio de la ola de inseguridad que azota, en particular, a la ciudad de Rosario.

Las cifras oficiales son elocuentes. Al cierre del año pasado, el presupuesto ejecutado de Santa Fe fue de $6600 millones; medido per cápita es el más bajo de todo el país, con $1857 por habitante. El contraste con otras provincias es llamativo, por no decir insólito. A Catamarca, pese a tener una población ocho veces menor que Santa Fe y una de las tasas más bajas de delincuencia, la Nación le destinó más recursos: $9212 millones. Significaron $21.446 anuales por habitante, casi doce veces más.

Si se compara a Santa Fe con distritos de similar población también resultó perdidosa. A Córdoba, por caso, se le giraron $12.680 millones para seguridad ($3187 anuales per cápita). Casi el doble que Santa Fe. La ciudad de Buenos Aires recibió $125.733 millones ($40.291 anuales per cápita). Buena parte de esta cifra obedece a que la Capital es asiento de la burocracia de las fuerzas de seguridad federales, pero también porque, con el traspaso de la Policía, la Nación comprometió el giro de los fondos correspondientes.

En lo que va de este año a Santa Fe no le va mejor. La violencia narco azota sin piedad y Rosario –epicentro del narcotráfico- ya registra 54 homicidios dolosos; de continuar esta tendencia, romperá el récord de 288 asesinatos del año pasado. El flagelo no da tregua, pero aun así el gobierno nacional ralentiza la ejecución del presupuesto de seguridad interior que le asignó a la provincia. Los datos oficiales del Ministerio de Economía son incontrastables: al 1° de marzo último, se le giraron a Santa Fe $947 millones, el 5,97% del crédito otorgado. Otra vez, es el porcentaje más bajo del país.

Las comparaciones vuelven a ser odiosas. A La Rioja, en el mismo lapso, ya le giraron poco más de $2100 millones, el 90% de su presupuesto. Lo más probable es que se lo refuercen durante este año. A San Juan le transfirieron 2000 millones de su partida (el 39%), mientras que a Salta $4027 millones (el 27%). Todas cifras muy lejanas al magro 6% que recibió Santa Fe en los dos primeros meses del año.

Aníbal Fernández, al Congreso

¿Por qué Santa Fe sufre semejante discriminación presupuestaria respecto del resto de las provincias? Ese será uno de los cuestionamientos que recibirá el ministro de Seguridad Aníbal Fernández el jueves próximo, cuando concurra a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Su vicepresidente, el diputado santafecino Juan Martín (Juntos por el Cambio) reclamó su interpelación el martes pasado, indignado por la indiferencia del ministro ante la ola de violencia que sacude a Rosario.

“A la falta de resultados del gobierno provincial (que comanda Omar Perotti) para enfrentar la seguridad en Santa Fe, se suma la alarmante disparidad en la distribución de recursos que expone con claridad que la Nación le soltó la mano a la provincia y la dejó a merced del delito, el narcotráfico y las economías delictivas” denunció el diputado Martín en el recinto. El oficialismo, apremiado por la presión opositora, debió acceder a la convocatoria del ministro.

La conmoción nacional y las repercusiones internacionales que desató la balacera al supermercado de la familia política del futbolista Lionel Messi, el jueves pasado, descolocó al gobierno nacional. Como ajeno a la situación, el presidente Alberto Fernández solo atinó a decir que “hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos”, a lo que el ministro Fernández remató con otra polémica frase: “ganaron los narcos”. Lo cierto es que, más allá de la polémica, el jefe de Estado no prevé instrumentar medidas de fondo para atacar el problema como tampoco evalúa remover a su ministro de Seguridad, como reclama la oposición y el PJ santafecino.

En el Congreso, donde el acecho opositor se siente más fuerte, los diputados oficialistas ensayan gestos para mostrar cierta acción; se lo exige el calendario electoral y la necesidad de renovar mandatos. Fue así como accedieron a la citación del ministro Fernández a la Comisión de Seguridad Interior, que preside el massista Ramiro Gutiérrez. El jefe del bloque Germán Martínez, de cuna santafecina, se encargó de concretar el trámite.

También fue Martínez quien motorizó la convocatoria a las comisiones de Justicia y de Legislación Penal para discutir el demorado proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal federal en Santa Fe, iniciativa que presentó la mano derecha de Perotti en la Cámara baja, el diputado Roberto Mirabella. El año pasado este legislador había amagado con romper con el bloque del Frente de Todos, cansado de que el oficialismo ignorara a su provincia en la agenda parlamentaria. Sin embargo, pese a sus reproches, Mirabella aún no saca los pies del plato.

El proyecto que se discutirá el martes próximo propone crear 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías y 6 juzgados federales. También crea 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión. La oposición acompañará la iniciativa –fue firmada por los diputados santafecinos de todos los bloques- pero advierte que el problema de la inseguridad de Santa Fe sólo comenzará a resolverse si el gobierno nacional y el oficialismo en el Congreso se deciden a abordar soluciones de fondo, hasta ahora ausentes.

“La crisis de inseguridad de Santa Fe no se resolverá con solo crear más cargos judiciales; primero habría que cubrir las diez vacantes en los juzgados federales de Santa Fe; siete de ellos actualmente dependen del Poder Ejecutivo y del Senado –sostuvo el diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio), miembro de la Comisión de Justicia-. El otro paso decisivo para encarar una lucha eficaz contra el narcotráfico sería la aplicación inmediata del nuevo Código Procesal Penal en Santa Fe, que ha probado tener resultados excelentes, con juicios ágiles y transparentes, en Salta y Jujuy”.

En esa línea, los diputados Mirabella y el radical Fernando Carbajal presentaron un proyecto para que se apure la puesta en marcha de este nuevo Código en Santa Fe. Proponen que la fecha límite sea el 1° de enero de 2026. En paralelo, en el Senado, los santafecinos Carolina Losada y Dionisio Scarpin reclamaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner que conforme de una vez la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, encargada de diseñar el cronograma de aplicación del nuevo Código en las provincias. Esta Comisión Bicameral no funciona hace dos años porque el oficialismo en el Senado no designó a sus representantes.

También está frenada en el Senado la designación de los jueces a cubrir cuatro vacantes de la justicia federal en Santa Fe. La demora se torna inexplicable si se tiene en cuenta que los pliegos ya tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Sin embargo, no llegan al recinto. “La oposición no da quorum”, se defienden en el oficialismo, un argumento difícil de asimilar si se considera que el Frente de Todos, con Cristina Kirchner, ha sido el mandamás del cuerpo en los últimos tres años.

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