Presupuesto: Massa accedió al reclamo opositor e incluirá una cláusula para impedir gastos discrecionales en campaña
La comisión emitirá mañana el dictamen para llevarlo al recinto el martes próximo; el oficialismo incluirá modificaciones al texto; aún quedan puntos por saldar, como las retenciones al campo
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LA NACIONLaura Serra
Involucrado de lleno y en forma presencial en las negociaciones sobre el proyecto de presupuesto 2023, el ministro de Economía Sergio Massa accedió hoy a una de las principales demandas de Juntos por el Cambio: la inclusión de una cláusula que le impedirá al Gobierno que, en su último año de gestión, reparta recursos extrapresupuestarios en plena campaña. Si bien esta concesión allana la aprobación del texto por parte del principal bloque de la oposición, aún quedan importantes puntos importantes por saldar, entre ellas las retenciones al campo.
En vísperas de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde está previsto emitir dictamen, los contactos entre oficialistas y opositores se aceleraron para intentar acercar posiciones. El propio Massa se acercó a la Cámara baja para agilizar las tratativas. El objetivo es llevar el dictamen al recinto el martes próximo. El interbloque de Juntos por el Cambio, sin embargo, algunas voces proponen demorar la firma del dictamen: sospechan que el Gobierno planea subir las retenciones a la soja y pretenden estirar la negociación hasta el momento del recinto. Por de pronto, la Coalición Cívica, bajo las directivas de Elisa Carrió, amaga con abstenerse a la hora de votar el presupuesto elaborado por Massa.
En paralelo, el presidente de la comisión Carlos Heller, y el jefe del bloque oficialista Germán Martínez, se ocuparon de atender las infinitas demandas de su bancada y de los senadores oficialistas; no es un secreto que a muchos les resulta difícil digerir el severo ajuste del gasto público contenido en el proyecto enviado por Massa y acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por el contrario, en Juntos por el Cambio no cuestionan la magnitud del ajuste. Sí, en cambio, reclaman que el texto incluya una serie de garantías para que, en su último año de gestión, el gobierno de Alberto Fernández no derrape con el gasto público. Lo planteó Margarita Stolbizer primero: hay que incluir una cláusula que exija al Gobierno que, si se supera el índice de inflación del 60% (que es la proyección prevista a diciembre de 2023), envíe al Congreso un nuevo proyecto de ley con la reasignación correspondiente de los recursos excedentes de la recaudación.
Las prevenciones de Juntos por el Cambio tienen su razón de ser: imaginan que en 2023 ganarán las elecciones presidenciales y, por lo tanto, quiere evitar las típicas trampas de un gobierno en retirada. Suspicaz, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) propuso, además, que el presupuesto incluya un artículo para que todo gasto devengado el año próximo sea efectivamente pagado al final del ejercicio para evitar, así, que la deuda flotante sea afrontada por el próximo gobierno.
La respuesta del oficialismo fue satisfactoria a medias. Esta última propuesta de Tetaz, hasta anoche, no era aceptada. En cambio, Massa accedió a que se el presupuesto ratifique que no se ampliará la planta de personal estatal el año próximo -otro reclamo de Juntos por el Cambio- y a incorporar la cláusula que limite el gasto extrapresupuestario. El diputado radical Alejandro Cacace redactó el texto y, tras algunas correcciones del ministro, finalmente se aceptó.
Según pudo saber LA NACION, la cláusula acordada establecería lo siguiente: “Si al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio, al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación interanual superara en 10% la meta establecida (de 60%) en la presente ley, o si los ingresos del sector público Nacional superaran en un 10% los previstos para el periodo acumulado, el Poder Ejecutivo Nacional enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre.”
Asimismo, el texto establece que dicho proyecto deberá enviarse el 15 de septiembre de 2023, junto con el proyecto de presupuesto 2024, “y tratarse en un lapso de treinta días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”.
Así redactada, se trata de una cláusula salomónica: Juntos por el Cambio se garantiza que el Poder Ejecutivo no repartirá fondos discrecionalmente durante la campaña electoral –pues se fija como fecha de corte el 31 de agosto de 2023 y las elecciones generales se celebran en octubre-, mientras que el Gobierno le impone a la oposición una fecha límite –el 15 de octubre de 2023- para discutir en el Congreso un eventual proyecto de ampliación presupuestaria. Si durante ese lapso no hay acuerdo para aprobarlo, el Gobierno podrá aumentar el gasto por decreto.
Retenciones, eje de disputa
Si bien la inclusión de esta cláusula permitió avanzar en las negociaciones con la oposición, hasta anoche había puntos no consensuados. En representación de Juntos por el Cambio, Germana Figueroa Casas (Pro) y Danya Tavella (Evolución Radical) se reunieron con Heller para acercar posiciones. Uno de los artículos clave sobre los que aún no hay acuerdo es aquel que faculta al Poder Ejecutivo a fijar las alícuotas de las retenciones al campo.
Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo: propuso que sólo le otorgaría esta facultad al Gobierno si éste se decidiera a bajar las retenciones. La contrapropuesta oficial fue que esta atribución perdure por un año, hasta el fin del mandato de Fernández. La oposición no está de acuerdo. Si el oficialismo no da marcha atrás, la oposición buscará eliminar el artículo en la votación en particular de los artículos. Asevera que cuenta con la mayoría para hacerlo.
Otro punto sobre el que todavía no hubo acuerdo es el referido al nuevo blanqueo de capitales que propone el Gobierno. El beneficio está contemplado en los artículos 71, que permite blanquear capitales mediante la adquisición de viviendas usadas, y el 72, que lo promueve para la adquisición de bienes y servicios. Juntos por el Cambio insiste en debatir estas cuestiones en una legislación aparte.
En lo que sí hubo cierto avance fue en la partida destinada a subsidiar el transporte automotor del interior: Massa accedió a la demanda de los gobernadores y se acordó subir la partida de $66.000 millones a $85.000 millones para el año próximo. Aún así, diputados oficialistas y opositores insistirán en reforzar los subsidios del actual ejercicio ante la inminencia de un nuevo paro convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), esta vez por 72 horas, para la semana próxima. El objetivo es incrementar la partida en $13.500 millones.
Por otra parte, el oficialismo anticipó que se modificará el artículo –también cuestionado por los mandatarios provinciales- por el cual se faculta al gobierno nacional a retener partidas de coparticipación para saldar las deudas de las empresas provinciales de energía con la mayorista Cammesa. Tras una reunión que Massa mantuvo con gobernadores del norte se acordó un programa de “amortización específica” para refinanciar dichas deudas, aunque no trascendieron detalles.
Para calmar los ánimos dentro de la propia tropa, sobre todo de aquellos que representan a los movimientos sociales, Massa accedió a reforzar las partidas alimentarias y el plan de becas Progresar, que en el presupuesto original venían con fuertes recortes. También se incluiría un artículo para restringir desalojos a quienes se desempeñan en la economía popular.
“Nuestra tropa está entera, es cierto que se trata de un presupuesto de ajuste y que sigue las pautas del FMI, pero se trata de una ley clave y no podemos desautorizar a nuestro gobierno”, anticipó una voz que milita en la agrupación La Cámpora.
Por Laura Serra
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