Presupuesto: el oficialismo sigue sin dar señales de acuerdo con los gobernadores aliados

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista para sancionar, antes de fin de año, la ley de presupuesto 2025 siguen empantanadas. La intransigencia del Gobierno a aceptar las modificaciones propuestas por los gobernadores aliados generó un clima de fuerte malestar con los bloques de Pro y la UCR, que amenazan con presentar hoy un dictamen propio.

De no haber avances en las próximas horas, el oficialismo quedará en soledad cuando este martes por la tarde se reúna la Comisión de Presupuesto –que preside el libertario José Luis Espert- para presentar los dictámenes correspondientes. Mañana vence el plazo que tienen ambas cámaras para dictaminar, ya que a fin de mes finaliza el año parlamentario.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos avisó que, de no haber ley de presupuesto antes de fin de año, se reconducirá el vigente por segunda vez consecutiva, lo que le permitiría al Gobierno reasignar nuevamente las partidas a su arbitrio. Este es un escenario que los gobernadores preferirían evitar, de allí que el Gobierno agita esta amenaza a manera de presión para que apoyen sin cambios el proyecto oficialista.

Apremiada por los tiempos parlamentarios, la oposición dialoguista enfrenta una encrucijada. Una opción es apoyar el dictamen del oficialismo con disidencias y llevar la discusión sobre las modificaciones al recinto para intentar colarlas en el texto. Para ello el Poder Ejecutivo debería prorrogar las sesiones ordinarias o bien convocar a sesiones extraordinarias en diciembre para darle tiempo al Senado a sancionar la norma.

Esta alternativa permitiría tanto al Gobierno como a las provincias contar con el presupuesto aprobado en tiempo y forma, una señal institucional a la que tanto los mercados como el Fondo Monetario Internacional (FMI) están atentos. Claro que el riesgo es que el presidente Milei vete parcialmente la ley y descarte aquellos cambios que no son de su agrado.

La otra opción implicaría elevar los niveles de tensión, ya que los gobernadores podrían amenazar con rechazar en el Congreso un decreto clave para el ministro Luis Caputo si el Gobierno no negocia cambios en el presupuesto. Se trata del DNU 846, que flexibiliza las condiciones para que el Ministerio de Economía pueda canjear deuda en moneda extranjera esquivando al Congreso.

Entre las demandas de los gobernadores figuran: financiamiento por compensación del pacto fiscal del 2017; la coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos durante este año; el financiamiento de las cajas jubilatorias no transferidas a la Anses; la reducción del aporte realizado por las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la ex AFIP y la eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles (como obras viales y subsidios al transporte).

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