Presupuesto: la Rosada se mantiene intransigente con los pedidos de los gobernadores aliados y se estancan las negociaciones

Horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, le avisara a los negociadores de Pro –aliados del oficialismo– que no está dispuesto a ceder al petitorio de cinco puntos que elevaron los mandatarios provinciales de Pro y la UCR, se realizó la reunión de urgencia convocada por los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Participaron, finalmente, 18 entre los que fueron y los que se conectaron de manera virtual. “No salió nada concreto”, fue la reflexión de uno cuando terminó el encuentro.

“Vamos a apoyar el presupuesto en tanto se contemplen estos puntos, sería muy necio no contemplarlos o no aceptar lo que dice la ley”, dijo el chubutense Ignacio Torres en LN+ después de haber estado durante un rato en el CFI. Además, estuvieron de manera presencial Axel Kicillof y el fueguino Gustavo Melella.

Desde la Casa Rosada les hicieron llegar mensajes a varios mandatarios respecto de que si no quieren aprobar el proyecto de presupuesto, “no lo hagan; se seguirá reconduciendo el que está. El Presidente no tiene problemas en hacerlo”. Una suerte de “ninguneo” y, a la vez, de presión respecto de que el costo político de que no salga, será de los gobernadores.

Ese planteo contrasta, sin embargo, con los giros de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) entre el 1 y el 12 de este mes: para Catamarca $ 3.000 millones; para Misiones $ 4.000 millones; para Salta $ 4.500 millones y para Tucumán $ 4.500 millones. Esos $16.000 millones convierten a noviembre en el mes con más ATN repartidos, según datos de Politikon Chaco. Los destinatarios son distritos de “gobernadores amigos”, Raúl Jalil, Hugo Passalaqua, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. Todos tuvieron un rol clave en el veto a la ley de financiamiento universitario y volvieron a tallar el martes pasado cuando la oposición no logró quórum para rechazar en el Congreso el decreto 846/2024.

La intransigencia del ministro Caputo cayó como una pésima noticia en el bloque de diputados de Pro y de la UCR, los dos bloques dialoguistas que venían negociando con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la letra fina del proyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso. Ante la renuencia del Gobierno a ceder a modificaciones, los opositores dialoguistas acordaron no apurar el dictamen en la Comisión de Presupuesto y esperar a que los gobernadores que seguirán negociando entre ellos durante el fin de semana qué postura tomar.

Todos comparten, en escencia, el pedido plasmado en el documento por los diez de la UCR y Pro. “Hay un documento de cinco puntos genéricos en proceso de ser consensuado por todas las provincias, pero en concreto nada más”, explicó un mandatario que se conectó por Zoom al encuentro. El mal humor se transparentó en las ausencias de algunos habitualmente muy activos como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El cordobés Martín Llaryora se conectó.

Las claves, como ya había anticipado este diario, son que la Nación coparticipe aquellos recursos tributarios que actualmente no reparte y que, enfatizan, corresponden a las provincias. Es el caso del impuesto a los combustibles, que el año próximo tendrá una recaudación récord: los mandatarios proponen eliminar las afectaciones específicas cuya recaudación está destinada a obras viales y de transporte, pero que el Gobierno subejecuta. Solicitan que esos recursos mantengan ese destino, pero que sean administrados por las provincias.

La otra urgencia es el financiamiento de las 13 cajas provinciales previsionales no transferidas, que este año no recibieron un peso de la Anses por las demoras en la realización de las auditorías correspondientes que la propia Casa Rosada puso como condición para realizar los pagos. El Gobierno, sin embargo, no se mueve de los $254.421 millones asignados en el proyecto de presupuesto, un monto que, a juicio de los mandatarios, debería triplicarse.

Además, reclaman el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017; la reducción del presupuesto de la AFIP (actual ARCA), que se nutre del 1,9% de toda la recaudación tributaria y aduanera, y la coparticipación de los Aportes de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.

“Si coparticipamos todos estos fondos, [el gobernador de Buenos Aires, Axel] Kicillof se va a llevar una montaña de recursos el año próximo”, es el argumento que esgrimen desde el Palacio de Hacienda, desde donde avisaron que no abrirán la billetera del gasto si los gobernadores no aceptan discutir, en paralelo, las deudas que sus provincias tienen con la Nación.

Los mandatarios provinciales, sobre todo los enrolados en Pro y la UCR –cercanos al Gobierno– están acorralados por los tiempos. Para ellos es imperioso que el Congreso sancione antes de fin de año una ley de presupuesto que les dé certezas sobre las transferencias corrientes y de capital (obras públicas) que recibirán el año próximo. Una nueva prórroga –la segunda consecutiva de un presupuesto, una medida inédita en los anales parlamentarios– los dejaría a merced de la discrecionalidad del Gobierno en el manejo del gasto, como sucedió este año.

El panorama se complica porque restan apenas dos semanas para el final del año parlamentario; si no hay dictamen ni sesión la semana próxima por falta de acuerdo, los legisladores se quedan sin tiempo material para poder emplazar al oficialismo a discutirlo en el recinto.

Una de las pocas herramientas de presión que podrían blandir los gobernadores es la amenaza de rechazar en el Congreso el decreto 846/2024, que le permite al ministro Caputo realizar canje de deuda en moneda extranjera sin las ataduras que fija la ley de administración financiera y sin necesidad de aprobación del Congreso. Se trata de una herramienta clave en la estrategia de Caputo frente a los vencimientos del año próximo.

Frustrado el primer intento por dejarlo sin efecto el martes pasado –por la presión feroz que ejerció el oficialismo sobre varios gobernadores–, la oposición más dura quiere volver a la carga con una nueva sesión la semana próxima. Habrá que ver si los mandatarios provinciales se atreven esta vez a llevar la pulseada a todo o nada.

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