Presupuesto: el Gobierno aceptará estirar las partidas para las universidades, pero no otorgará el monto que piden los rectores

Es la discusión de la manta corta. Desde que Javier Milei fijó el déficit cero como premisa de la ley de Presupuesto, la redistribución de partidas quedó con múltiples intereses cruzados y poco margen de maniobra. La discusión sobre el financiamiento para las universidades nacionales, un tema que atravesó a la gestión libertaria este año, ahora se trasladó al 2025 y al debate de la “ley de leyes”. El proyecto del Gobierno habla de 3,8 billones de pesos, prácticamente la mitad de lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Si bien en la Casa Rosada señalan que no hay chance de alcanzar la cifra que reclaman los rectores, sí es posible que el Gobierno estire el monto original para alcanzar un acuerdo.

Distintas fuentes del oficialismo coincidieron en que el Gobierno está dispuesto a aumentar el presupuesto universitario que figura en el proyecto de Milei para llegar a un punto intermedio: serían más de los 3,8 billones de pesos que están en el texto original, pero sensiblemente menos de los 7,2 billones de pesos que pidieron los rectores para gastos de funcionamiento y salarios docentes. “Nunca vamos a decir hasta dónde nos podemos estirar, porque estamos en plena negociación. Pero seguramente va a ser más de lo que está plasmado en el proyecto y menos de lo que pide el CIN”, dijeron cerca de uno de los negociadores de La Libertad Avanza (LLA).

Un funcionario que sigue el tema apuntó: “Vamos a estar cerca de la media histórica. Soy optimista de que vamos a llegar a un acuerdo”.

Un jefe de bloque “dialoguista” aseguró que el Gobierno ya admitió que, con los últimos aumentos paritarios que el Poder Ejecutivo les otorgó a los docentes universitarios, el presupuesto para universidades que figura en el artículo 17 del proyecto oficial ya queda corto. “De mínima tienen que ofrecer más de $4 billones, y es probable que terminemos alrededor de los $5 billones”, opinó el titular de la bancada opositora.

Lo cierto es que si bien es en Diputados es donde se da el marco de negociación, la “cuenta de almacenero” la lleva el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Este funcionario del Ministerio de Economía se reunió el viernes por la tarde con Milei y con José Luis Espert (titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados) en el Casa Rosada. Más tarde, a Balcarce 50 llegó el subsecretario de Políticas Universitarias. Alejandro Álvarez, para abordar la cuestión presupuestaria y recibir instrucciones políticas.

Al salir de la sede de gobierno, Álvarez encaró una cruzada mediática contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuando esa casa de estudios anunció que iniciará acciones legales por la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

“Pase lo que pase con el Presupuesto de 2025, el Gobierno quiere dar la batalla simbólica contra las universidades y hacer algo testimonial con la auditoría de la Sigen a la UBA”, dijo un diputado que esta semana pasó por la Casa Rosada.

Múltiples reclamos

La escisión del bloque de la UCR en Diputados hizo que el reclamo por los fondos para Educación, una bandera que habitualmente encarna el radicalismo, se dividiera en dos. El bloque que quedó presidido por Rodrigo de Loredo, más amigable con el Gobierno, reclamó retirar el artículo 27° que suspende la Ley de Educación. Es la norma que obliga a destinar no menos del 6% del PBI al sistema educativo nacional, integrado por la Nación y las provincias.

De Loredo luego comunicó que se llegó a un acuerdo. “Logramos asegurar que el financiamiento para la educación, la ciencia y la técnica no se suspenda el próximo año”, se jactó el diputado en X. Si bien los fondos para Educación no suelen alcanzar el 6% del PBI, el radicalismo no quería entregar ese símbolo en la votación.

El nuevo bloque radical, Democracia para Siempre, donde talla el sector de Facundo Manes y la UCR porteña de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti (vicerrector de la UBA), peleará, en cambio, por el presupuesto que reclama el CIN. “Creemos que podemos hacer una propuesta para alcanzar los $7,2 billones sacando pedacitos de otras partidas”, dijeron en ese sector. Un funcionario replicó: “Los $7,2 billones los sacaron a ojo. Ese monto es una barbaridad”.

El financiamiento universitario es solo uno de los ítems que está en discusión. El principal reclamo que está en el escritorio de Guberman, -y que es transversal a distintos bloques- es la recomposición del 8% para los jubilados que fue vetada por Milei.

Luego están los pedidos de los los gobernadores de Juntos por el Cambio y sus pares del peronismo del norte del país, que son los que vienen ayudando a Milei en las votaciones clave en el Congreso. Ambos grupos esta semana compartieron comidas con el Presidente y quieren que sus necesidades sean atendidas en la “ley de leyes”.

La Casa Rosada quiere patear para afuera la pulseada por los fondos. Muy cerca de Milei lanzaron: “Si quieren más partidas para universidades tienen que sacar de los fondos para obra pública”.

Los gobernadores de Pro y la UCR advierten que este año el Gobierno le retaceó los fondos para el transporte, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el dinero para las cajas previsionales no traspasadas. “No queremos depender de los compromisos de palabra del Gobierno. El Poder Ejecutivo tiene que cumplir con los aliados que somos los que les damos los votos”, dijo un gobernador de Juntos por el Cambio.

En La Libertad Avanza advierten que, al final del día, van a pesar los intereses de aquellos interlocutores que garanticen voluntades en el recinto. “Esta es una negociación multivariable y multisectorial absolutamente compleja. Nuestro margen de maniobra lo vamos a usar para conseguir votos”, dijo un importante colaborador del oficialismo.

Quienes están pujando por las partidas tienen un fantasma: que el Gobierno opte por terminar el año sin ley. Un diputado opositor reconoció: “Si se empioja, no habrá Presupuesto. Y eso le preocupa más a la oposición que a la Casa Rosada”.

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