En 2005 el informe Una Censura Sutil de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) puso en la agenda pública de la Argentina la distribución arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial. Lo hizo siguiendo una línea de investigación que ya había sido sugerida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiempo antes había documentado cómo en distintos países de América latina los gobiernos de turno utilizaban sus presupuestos publicitarios como mecanismos de presión sobre medios de comunicación y periodistas.
Desde entonces, la ADC y otras organizaciones de la sociedad civil -especialmente, Poder Ciudadano- han monitoreado la forma en que el Estado distribuye ese presupuesto. Para eso han recurrido al acceso a la información pública, una herramienta fundamental para conocer si con la pauta oficial se discrimina a medios críticos o se favorece indebidamente a medios amigables con el gobierno de turno.
En el caso ADC contra PAMI, en el que esta organización solicitó información al instituto de los jubilados y pensionados para conocer cómo éste distribuía su presupuesto de publicidad, la Corte Suprema de Justicia no sólo destacó el carácter fundamental del derecho de acceso a información, sino que también señaló la "relación directa e inmediata" entre ese derecho y la publicidad oficial con la libertad de prensa. Sin información es imposible conocer si estamos o no ante casos de censura indirecta.
La publicidad oficial, entonces, va de la mano con cuánto sabemos sobre ella. El trabajo de monitoreo de ADC sobre esta cuestión arroja luz sobre cómo es esa relación en la práctica.
Entre 2007 y 2008, por ejemplo, el Estado pasó de enviar largos formularios impresos a responder los pedidos de acceso a la información con archivos en formato digital. En el primer caso, la información estaba allí, pero no podía ser procesada sino con recursos de los que carecíamos. En el segundo, llevó meses ordenar los datos de un modo que pueda ser cruzada y analizada. Pero así pudimos ver cómo la distribución de la pauta no seguía una lógica predecible: medios de prensa gráfica con escasa circulación recibían enormes sumas de dinero y el presupuesto tendía a ejecutarse desproporcionadamente en los meses anteriores a una elección, lo que señalaba un problema especialmente grave -una balanza "cargada" nada más y nada menos que en el proceso electoral- en los casos en los que la publicidad estatal tendía a resaltar al partido gobernante.
Desde entonces hemos visto presupuestos crecientes y distribuciones aún más injustificadas. En materia de información, la situación tampoco es satisfactoria. A nivel nacional, por ejemplo, se nos reenvió a una página oficial que contenía información parcial y desactualizada. En el caso de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires la situación es aun peor: en ambos casos la ADC debió demandar judicialmente a ambos gobiernos para acceder a la información solicitada.
En un mundo ideal, la información sería producida de manera oficiosa, oportuna y en formatos abiertos. Para acercarnos a ese ideal, la permanente atención de la ciudadanía es una condición necesaria.
