Presupuesto 2025 | Los gobernadores dialoguistas insisten en negociar el tratamiento pese a la ausencia de señales de la Casa Rosada
Aguardan las reuniones que pidieron con Francos y los Caputo; ratifican que contar con la ley es importante para la Nación de cara a los mercados y el FMI; la mayoría de los mandatarios ya presentó sus iniciativas con ajuste para el año próximo
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Los gobernadores “dialoguistas” esperan esta semana concretar las reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el asesor presidencial Santiago Caputo que pidieron para tratar de consensuar al aprobación del Presupuesto 2025. Sin embargo, hasta ahora no hay nada programado y el presidente Javier Milei amaga continuar con el manejo discrecional de fondos. Además de los “tres que deciden”, repiten los mandatarios que venían hablando -igual que los diputados nacionales- con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Mientras los diputados de la oposición intentarán esta semana bloquear el DNU de canje de deuda, los alineados con la negociación de los gobernadores quieren que la Casa Rosada reabra el debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Los mandatarios echan mano a un argumento que el Presidente usó durante varios meses, el del Pacto de Mayo. El chubutense Ignacio Torres entiende que una mesa de diálogo ahora de cara a 2025 va en el mismo sentido de las “reformas” incluidas en el acta firmada en julio en San Miguel de Tucumán, sobre las que nunca hubo avances. “Sería un error que no se apruebe el presupuesto”, ratifica. El viernes estuvo en Córdoba reunido con su par Martín Llaryora.
Torres y Llaryora coincidieron en la necesidad de descentralizar la recaudación de impuestos que tienen fines específicos -como el de los combustibles- y que no se están aplicando a esos objetivos. “O se descentralizan o se eliminan”, enfatizó el chubutense. Torres participó en un seminario por La Generación Argentina, un espacio destinado a jóvenes líderes políticos.
En esa línea, lo que vienen planteando los mandatarios es que no están pidiendo recursos -que es el argumento con que desde la Rosada les rechazan sus propuestas-, sino que el Ejecutivo no está cumpliendo leyes y pactos con fuerza legal. Señalan que si bien el credo del Presidente es el superávit fiscal “ni los mercados ni el Fondo Monetario Internacional” verán bien dos años consecutivos de presupuesto reconducido.
“Si siguen apretando, vamos por el 846 -dice un legislador nacional que está encolumnado con las negociaciones de las provincias-. Algo de lo que piden les tienen que aceptar porque se trata de leyes, no de dinero extra”. La mayoría de los gobernadores ya presentaron sus iniciativas presupuestarias en sus Legislaturas, las que mantienen el recorte de gastos que ya registraron en el año en curso.
Transferencias
Las transferencias a provincias y municipios proyectadas para 2025 suman $3,6 billones ($3,3 billones son giros corrientes), equivalentes al 3,1% del gasto total. La suba sería del 69,9% respecto al cierre estimado para este año, impulsado principalmente por las transferencias corrientes (77,4%) y, en menor medida, por las de capital (21,1%). Un factor clave es la asignación de más recursos para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el pago del 2,95% de coparticipación, en cumplimiento del acuerdo al que a fines del mes pasado llegaron Caputo y el alcalde Jorge Macri a instancias de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre ese punto también pivotean los “dialoguistas”: Si con CABA se va a cumplir la ley, ¿por qué no con el resto?. Eso corre para la deuda que Anses mantiene con las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas y con el pago de compensaciones del Consenso Fiscal 2017.
Ante el planteo de que, aun con Presupuesto aprobado, la Nación puede seguir con la actual conducta de no hacer giros comprometidos, cuatro gobernadores coincidieron ante LA NACION en que puede ser así pero “quedan los elementos para ir a la Justicia”. De hecho, ya hay presentaciones judiciales, en especial por las deudas de Anses, porque tanto la actual gestión como la anterior “incumplieron las normas”.
Así como señalan que con el Pacto de Mayo hubo insistencia de la Casa Rosada y después no se hizo nada, algo similar pasa con el programa de conciliación de deudas que impulsa Luis Caputo y que establece 30 días para adherir. “Hacen propuestas y anuncios y las propias demoras de los organismos nacionales se convierten en el problema”, resumió un dirigente provincial.
Por Gabriela Origlia
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