Presupuesto 2025: comienza en Diputados la discusión con la presencia de dos funcionarios del Poder Ejecutivo

Con múltiples frentes abiertos, el Gobierno se prepara para iniciar la defensa del Presupuesto 2025 presentado por Javier Milei el 15 de septiembre en el Congreso. Será este martes, a las 13, en el marco de la comisión pertinente de la Cámara de Diputados, donde fueron invitados los secretarios de Hacienda y Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno, respectivamente, para informar sobre los detalles del texto. No será una tarea fácil: la discusión estará atravesada por la crisis entre la Casa Rosada y las universidades, el ajuste a las provincias, la devolución de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y los haberes jubilatorios.

Tanto Encuentro Federal como parte de la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica, la Izquierda y Unión por la Patria exigirán la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario libertario se rehúsa a comparecer ante el Congreso a pesar de que muchos bloques anticiparon que, de no asistir, no firmarán un despacho de comisión.

“Que venga Caputo a explicar el presupuesto, aunque sea a cerrar el debate después de que pasen todos los secretarios y ministros”, anticipó un referente del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto. La presentación de Milei de la “ley de leyes” dejó un sabor amargo en los diferentes espacios políticos, que esperaban precisiones económicas y no un discurso político en el que volvió a atacar su labor como legisladores.

La utilización del veto presidencial para desbaratar las definiciones del Congreso no ayudan a alivianar el diálogo entre la Casa Rosada y el Poder Legislativo. Por eso, el debate presupuestario estará cruzado no solo por la impugnación a la ley que buscó fijar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria sino, también, por el reciente rechazo de Milei al financiamiento universitario.

Un sector mayoritario de la UCR mirará con lupa las partidas destinadas a los tres niveles de la educación, fundamentalmente aquellos previstos para las casas de estudios superiores. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado al Gobierno un presupuesto de $7,2 billones para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo. La respuesta del Poder Ejecutivo fue una asignación anual de $3,8 billones, casi la mitad.

Para la educación inicial y media, el proyecto suspende el artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema con un porcentaje del 6% del PBI considerando las asignaciones de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Elimina, además, los pisos de financiamiento establecidos en la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La diputada Blanca Osuna, una de las referentes de Unión por la Patria en materia educativa, catalogó de “cepo” el manejo de la educación que la administración libertaria prevé para el próximo año.

En la misma línea se expresó Nicolás Massot, integrante de la Comisión de Presupuesto en representación de Encuentro Federal. Durante una entrevista el viernes pasado con Radio la Red, señaló: “Hay tres deudas con tres sectores que han pagado más el ajuste que el resto de la sociedad: jubilados, universidades y provincias”. Y anticipó: “Nosotros vamos a votar un presupuesto y va a ser un presupuesto con equilibrio fiscal, pero no el que mandó Milei. Vamos a revisar los regímenes especiales y vamos a compensar estos tres sectores que son claves para el funcionamiento del país y que tienen que tener equidad en un plan redistributivo que está ausente en el presupuesto del gobierno. Vamos a acompañar un presupuesto de equilibrio pero con estas correcciones”. Según pudo saber LA NACION, esta bancada está trabajando para presentar un dictamen propio.

Por su parte, el compendio de legisladores Pro, alineados con el Gobierno, exigirán al Poder Ejecutivo que incluya la coparticipación adeudada a la Ciudad -principal bastión macrista- como transferencias automáticas del Tesoro Nacional.

El proyecto de Presupuesto 2025 presentado por Milei en el Congreso incluyó solo el 1,4% de coparticipación para la Capital Federal y no el 2,95% que estableció la cautelar de la Corte Suprema en 2022. La bancada conducida por Cristian Ritondo reclamará precisiones sobre cómo se pagará el 1,55% restante, que actualmente está contemplado con un monto fijo para todo el año de $1,44 billones. Es decir, $120.000 millones por mes.

Al reclamo del jefe de Gobierno porteño se le sumarán el los demás líderes provinciales que buscarán asegurarse la estabilidad en sus pagos chicos. Si bien la incipiente reactivación de la obra pública fue un buen indicio para los gobernadores, tratarán de revertir el brutal ajuste del primer año de Gobierno de Milei, que supuso la eliminación de los subsidios al transporte público y el desmantelamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), a través del que complementaban el pago a los maestros.

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