Presupuesto 2023. Massa negocia cambios para cerrar filas en el oficialismo y sumar votos opositores

A diferencia de lo que ocurrió en diciembre pasado, cuando el Gobierno se negó a introducir modificaciones sustanciales al presupuesto que había enviado el entonces ministro Martín Guzmán –que terminó rechazado en el Congreso- el oficialismo muestra ahora otra actitud con el presupuesto 2023. Para asegurar su sanción y, sobre todo, para cerrar filas en el propio Frente de Todos, el ministro de Economía Sergio Massa y las principales espadas oficialistas anticiparon que habrá cambios y que se mejorarán algunas partidas, aunque sin modificar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El debate del proyecto ingresó en la recta final en la Cámara de Diputados. Este jueves, por acuerdo de todos los bloques, se emitirá el dictamen con el propósito de llevarlo al recinto el miércoles próximo. Todo anticipa que será aprobado en general –Juntos por el Cambio anticipó que no dejará al Gobierno sin presupuesto en su último año de gestión- pero el interrogante es qué grado de apoyo obtendrá Massa dentro de sus propias filas. Por tratarse de un presupuesto con un fuerte ajuste del gasto público –tal como se acordó con el FMI-, algunos sectores asociados a los movimientos sociales y el kirchnerismo expresaron, por lo bajo, sus reproches.

“Hay partidas que sufren fuertes recortes, como políticas alimentarias y las becas Progresar. Se lo planteamos a Massa, creemos que pueden mejorarse. También reclamamos que se incluya el financiamiento para el Fondo de Integración Sociourbana, que va a los barrios populares. Ya estaría aprobado”, anticipó el diputado oficialista Itai Hagman, del Frente Patria Grande que comanda Juan Grabois. Para este sector fue decisivo que el Gobierno haya decidido finalmente efectivizar el pago de un bono para personas sin ingresos, una medida prometida hace ya dos meses con la instrumentación del “dólar soja”.

También el diputado Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social, anticipó que se mejorarán las partidas sociales. “Hemos hecho notas al ministro de Economía. Las partidas alimentarias y educativas van a fortalecerse”, indicó.

La costura fina del texto final se conocerá el jueves, con el dictamen. Los gobernadores han hecho saber que no les conforma el fondo de 66 mil millones destinados al transporte automotor en sus provincias; la semana pasada sufrieron un paro gremial por 48 horas y exigen un auxilio urgente desde la Nación. Reclaman para el año próximo al menos 110.000 millones. “Vamos a mejorar la partida, pero de ninguna manera la vamos a duplicar”, anticipan en el bloque oficialista.

Los gobernadores tampoco aceptan el artículo 90 del proyecto, el cual establece que las deudas que las empresas de energía provinciales mantengan con la mayorista Cammessa sean canceladas con recursos coparticipables. Las espadas oficialistas trabajan en una redacción alternativa. Pero los reclamos siguen y el listado parece no tener fin: desde el Norte reclaman subsidios a las provincias electrodependientes; los gobernadores con déficit en sus cajas previsionales no transferidas a la Nación exigen más fondos y todos piden más obras públicas para sus territorios.

“Las demandas son muchas y los recursos escasos”, alecciona una y otra vez el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Reclamos opositores

A los reclamos propios se suman los condicionamientos ajenos. Juntos por el Cambio reiteró, en la voz de Martín Tetaz (Evolución Radical), los cambios que pretende en el texto final.

“Proponemos que el presupuesto contenga una expresión clara que diga que cualquier gasto por encima de la autorización que plantea el Presupuesto tiene que venir a Congreso por parte de un proyecto de ampliación presupuestaria que venga por parte del Ejecutivo”, enfatizó Tetaz.

Asimismo, Tetaz reclamó que el texto incluya una garantía para que el Gobierno, en su último año de gestión, no ejecute ingresos que corresponden a 2024, una práctica que, advirtió, ya hizo el oficialismo en 2015. Por su parte, el diputado Ricardo Buryaile reiteró el rechazo de Juntos por el Cambio a facultar al Poder Ejecutivo a fijar las alícuotas de las retenciones agropecuarias.

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