Presupuesto 2023: los jueces le pidieron al Congreso tiempo para negociar, pero el oficialismo avanzará con el artículo que los obliga a pagar Ganancias
Los magistrados fueron a la Comisión de Presupuesto pero no convencieron al Frente de Todos, que de todos modos no conseguiría los votos necesarios para aprobar la iniciativa ante el rechazo opositor
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Los jueces, que recibieron el apoyo institucional de la Corte Suprema de Justicia ante la iniciativa del Gobierno para que paguen el impuesto a las ganancias, le manifestaron a los Diputados su voluntad de negociar y pidieron más tiempo. Sin embargo, el oficialismo decidió acelerar y ratificó que este martes buscará aprobar el proyecto de presupuesto 2023 con el artículo que obliga a los magistrados a pagar.
En este escenario, los jueces pidieron ser recibidos por la titular del Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien los citó a una reunión el miércoles, cuando la norma con el agregado para el pago del impuesto a las ganancias ya tendría la aprobación en la Cámara baja. La intención del oficialismo es sancionar el presupuesto en el Senado a mediados de noviembre.
La decisión final de lo que ocurra en la Cámara de Diputados se cocinará en la conversaciones que mantenga el oficialismo y la oposición de acá a que se vote la norma, entrada la madrugada del miércoles. Aunque el Frente de Todos enfrentará dificultades para aprobar este artículo porque la oposición se opondría: se necesita una mayoría agravada de votos para que quede incluido en la ley.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto de Diputados, el oficialismo se mostró áspero con los jueces a través de la intervención del diputado entrerriano Marcelo Casaretto, mientras Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, tuvo modos más componedores, aunque destacando la necesidad de que los jueces sean “solidarios” ante la crisis económica. Los legisladores de Juntos por el Cambio acudieron en auxilio de los jueces.
Actualmente pagan el impuesto a las ganancias los jueces, fiscales y defensores que accedieron a su cargo luego de 2017, cuando se aprobó una ley especial. El resto de los jueces no paga impuesto a las ganancias. La modificación del presupuesto que quiere hacer el Gobierno prevé recaudar 238.000 millones de pesos a partir del aporte de los jueces nacionales y provinciales.
Las conversaciones las protagonizaron las autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que entre las 15 y las 19 se reunieron primero con la Corte Suprema y luego con la Cámara de Diputados.
En la Corte jugaron de locales. Fueron recibidos en el Palacio de Tribunales por los cuatro ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Por la Asociación de Magistrados participaron su presidente, Marcelo Gallo Tagle; el consejero de la Magistratura Juan Manuel Culotta (Compromiso Judicial), Paula Castro (Lista Celeste) y Mariano Llorens (Lista Bordó). En representación de los magistrados jubilados acudió Nora Monella.
Los jueces de la Corte escucharon los reclamos de los visitantes y les dieron su apoyo. “Apuntaron a la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial y aspiran a que esta cuestión del impuesto a las ganancias pueda ser resuelta con razonabilidad”, dijo Gallo Tagle a LA NACION, al término de la reunión.
Cruces en Diputados
Desde Tribunales se fueron al Congreso de inmediato. Los recibió Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, con todos los integrantes de la comisión. Allí los jueces no la pasaron tan bien como en tribunales. Cada uno expuso sus razones pero enfrentaron los cuestionamientos del Frente de Todos.
Los jueces insistieron en que hay un grupo que pagan ganancias, que respetan la ley. Gallo Tagle expresó que no están en contra de pagar ganancias, pero que debe respetarse la intangibilidad de los sueldos de los magistrados que esta prevista en la Constitución como garantía de su independencia y de que un oficialismo de turno busque incidir sobre ellos aumentándole los impuestos.
Llorens les advirtió a los legisladores que “sería contraproducente una decisión por la gran litigiosidad que se generaría, lo que complicaría la aplicación de la ley”. En otras palabras, si se aprueba la ley, advirtió que los jueces van a plantear recursos de amparo para no pagar. La jueza Castro les dijo que la situación había quedado zanjada con la ley de 2017 y que hay muchos jueces y fiscales que pagan Ganancias. Y la jueza jubilada Monella dijo que se atienen a la ley y a la Constitución.
Casaretto repasó las diversas reformas legislativas y les dijo que nunca el Poder Judicial admitió pagar Ganancias, a pesar de que siempre pidieron mas tiempo para adecuar el régimen. Señaló que su proyecto lleva un año y nunca los jueces se acercaron a discutirlo. “Traen una propuesta en concreto para que la evaluemos o lo único que dicen es no lo traten porque es inconstitucional”, les dijo.
Gallo Tagle recogió el guante y le respondió en otro tono: le recordó que hay una le vigente desde 2017, no que los jueces se negaron a pagar. “No hablamos de no pagar impuestos, hablamos de que no implique una rebaja del sueldo”, dijo. Pidió tiempo, y una mesa de diálogo para sumar a los empleados judiciales y a las asociaciones de fiscales y de jueces de las provincias. Dijo que no podía resolverse de un día para el otro.
Heller elogió la idea de buscar consensos pero que era inaceptable la propuesta de sentarse a discutir con condiciones. “Que nos digan ‘podemos acordar siempre y cuando respeten estas condiciones’, así no podemos avanzar”, afirmó.
El diputado Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario, fue directo: “¿Están dispuestos a aceptar que los que no pagan Ganancias las paguen”. No obtuvo respuesta.
Danya Tavela, diputada del radicalismo, fue en auxilio de los jueces: “Creo haber entendido, de las expresiones de ustedes, que hay una voluntad clara de dos cosas: generar consenso y ser parte de la solución”. Propuso “avanzar en un camino similar al de la ley anterior, que se aplicaba solo para los nuevos jueces y funcionarios designados, sobre aumentos que fuesen a darse los próximos meses, recategorizaciones, complementaciones salariales nuevas o nuevos devengamientos de las mismas”.
Los jueces reafirmaron que la intangibilidad del sueldo no es un privilegio sino una garantía, como dijo Culotta. Llorens enfatizó que la situación del país no buena y que es doloroso discutir este asunto en este momento, pero dijo que quieren ser escuchados. “Pedimos tiempo, ser parte del diálogo”, afirmó, pero advirtió que hay cuestiones constitucionales que pueden “generar una judicialización inmediata”.
Casaretto le contestó: “No se victimicen no se corporativicen, no es un ataque al Poder Judicial”. No lo dijeron en el Congreso, pero algunos jueces señalan que es un ataque del kirchnerismo para condicionar sus decisiones, en momentos en que la Justicia debe decidir en casos sensibles para la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Germán Martínez apeló a redirigir la discusión con el foco en “poner un poco más de equidad en una Argentina muy golpeada, con muchas desigualdades”. Y completó: “Esta decisión va en ese camino”.
Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, instó a no vulnera la Constitución Nacional, pero dijo que una cosa era la situación de los jueces y otra la de los empleados, que no tienen la misma protección constitucional de intangibilidad.
Gallo Tagle insistió en que existe voluntad de diálogo, pero no en 48 horas. Pidió más tiempo y dijo que la disposición es consensuar. Heller cerró la reunión anticipando que estas expresiones serán parte de lo que se debata mañana en el recinto.
El oficialismo dio por hecho que incorporará este artículo en el proyecto de ley presupuesto, aunque sea eliminado en la votación en particular. Junto por el Cambio votará en contra, un rechazo que se extendería a los legisladores del bloque del peronismo cordobés.
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