Presupuesto 2023: la cláusula que propondrá Juntos por el Cambio para evitar un nuevo “plan platita” en un año electoral

Una inflación del 60% para el año próximo, como estima el Gobierno, es cuanto menos una proyección demasiado optimista, por no decir poco creíble, advierte la oposición. No sería la primera vez que un gobierno envía un proyecto de presupuesto en el que subestima de manera aviesa sus cálculos para, luego, reasignar recursos de manera discrecional cuando la inflación real incremente la recaudación. Esta es la trampa que teme que el Gobierno le tienda a la oposición en un año electoral clave.

A manera de antídoto, Juntos por el Cambio elabora por estas horas una propuesta con la que buscará impedir al Gobierno que caiga en la tentación de repartir plata no presupuestada en plena campaña; una suerte de reedición del “plan platita” versión 2023. La presentará esta semana, cuando la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictamine sobre el proyecto de ley de presupuesto 2023 que envió al Congreso el ministro de Economía, Sergio Massa, el mes pasado.

La propuesta es concreta: incluir una cláusula en el texto que exija al Gobierno que, si al tercer trimestre de 2023 el índice de inflación supera el 60%, envíe al Congreso un nuevo proyecto de ley con la reasignación correspondiente de los recursos excedentes de la recaudación. En buen romance, la iniciativa busca impedir que el Gobierno distribuya recursos de manera arbitraria a puro decreto de necesidad y urgencia y que sean los legisladores los que autoricen dicha reasignación.

Massa no se sorprenderá ante la iniciativa opositora. De hecho, la diputada Margarita Stolbizer, de Juntos por el Cambio, se la anticipó cara a cara en la presentación que hizo el ministro del proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados hace dos semanas.

“Hay en el proyecto de presupuesto pautas que no parecen reales –arrancó Stolbizer–. Cuando ya tenemos índices de inflación que rondan el 6, el 7% mensual, con tendencia creciente, parece difícil creer que se pueda bajar al 60% en 2023. Puede haber errores en los cálculos, pero también la decisión intencional de subestimar la inflación con el objetivo de asignar los eventuales mayores ingresos por medio de DNU. Entiendo que es difícil, en este contexto de inestabilidad, realizar proyecciones para el año próximo, pero si incluimos en el texto del presupuesto algunas cláusulas, sería una buena señal.”

Dicha cláusula, agregó la legisladora, establecería que, si al tercer trimestre de 2023 la inflación supera el 60%, el Poder Ejecutivo debería elaborar un nuevo proyecto de presupuesto para que el Congreso determine cómo se reasignan las partidas. Propuso que dicho excedente podría estar predeterminado a reducir la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro y, así, evitar que se incrementen los gastos corrientes.

Massa se mostró dispuesto a explorar la alternativa. Conocedor como pocos de la dinámica parlamentaria, el expresidente de la Cámara baja sabe que, si accede al pedido opositor, la primera ley de presupuesto que le tocó diseñar recibiría un aluvión de votos oficialistas y opositores nada menos que en la Cámara más hostil al Gobierno. Massa no se privará de exhibir el trofeo de la media sanción ante sus socios del Frente de Todos, donde algunos ya lo miran con cierto recelo.

Planteos

A Juntos por el Cambio también le serviría, políticamente, alcanzar un acuerdo con Massa; el rechazo del presupuesto 2022, aunque insiste en que fue provocado por Máximo Kirchner, es una mácula que no quiere reeditar para el año próximo.

“Estamos dispuestos a darle la herramienta presupuestaria al Gobierno, pero no podemos avalar graciosamente una proyección de inflación del 60% cuando todos sabemos que este año rondará el 100%; Margarita ideó esta alternativa de la cláusula gatillo y la estamos redactando. Sería una vía para generar un marco de aprobación del proyecto”, adelantó Alejandro Cacace, de Evolución Radical.

No será la única modificación que planteará Juntos por el Cambio. El proyecto enviado por Massa contiene algunos artículos que, de no sufrir cambios –o bien se eliminen–, podrían ser rechazados por el principal bloque opositor durante la discusión en el recinto. Un informe de la Coalición Cívica los resumió en los siguientes:

• Empleo público. En el artículo 6, si bien se procura establecer un límite al crecimiento del empleo público, se exceptúan a una gran cantidad de reparticiones del Estado y se faculta al Jefe de Gabinete a incrementar la cantidad de cargos que se supone limitada por el artículo.
• Eximiciones tributarias. En el artículo 65 se exime de tasas e impuestos a las importaciones hechas por los licitantes a cargo de la construcción del gasoducto “Presidente Néstor Kirchner”. Los opositores sospechan que podría beneficiar a contratistas amigos del Gobierno.
• Blanqueo: en los artículos 71 y 72 el Gobierno amplía el alcance de la ley 27.613 de blanqueo de capitales.
• Retenciones: el artículo 96 delega facultades en el Poder Ejecutivo para el establecimiento y aumento de derechos de exportación (retenciones).

“No vamos a votar un presupuesto que tenga facultades extraordinarias”, enfatizó Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, a Diputados TV. “La proyección de inflación del 60% no parece ni creíble ni posible, por lo que vamos a insistir con la inclusión de la cláusula gatillo propuesta por Stolbizer; además, intentaremos de que se evite expresamente en el presupuesto que se incluyan gastos correspondientes a 2023 para que se paguen en 2024 y que se adelanten recursos tributarios el año próximo que corresponden al primer año de gestión del nuevo gobierno, tal como sucedió en 2015″, sostuvo.

“Estas son algunas condiciones que pedimos para para poder aprobar el presupuesto; nuestra voluntad es que el oficialismo tenga su herramienta de gestión”, enfatizó.

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