Coronavirus: tras las excarcelaciones, solo Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López siguen en la cárcel
LA NACIONCandela Ini
El exvicepresidente Amado Boudou, condenado por el Caso Ciccone, dejó el penal de Ezeiza ayer a la noche para seguir detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario en su casa de Barracas. El dirigente piquetero Luis D’Elía, que también estaba preso en Ezeiza, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria el sábado pasado, en medio de un cuadro de fiebre y una visita al Sanatorio Anchorena. Ambos pedidos de prisión domiciliaria fueron presentados en los tribunales federales por la propagación del coronavirus y fueron concedidos en distintas instancias con fundamentos basados en la pandemia.
El juez que concedió el arresto domiciliario para Boudou, Daniel Obligado, había rechazado el mismo pedido formulado por José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, también detenido por el Caso Ciccone, la semana pasada. Pero Núñez Carmona, pidió ayer, de nuevo, que se le otorgue la prisión domiciliaria.
Desde agosto del año pasado, varios exfuncionarios implicados en casos de corrupción dejaron la cárcel. Los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y Santiago Carlos Kirchner, el exjefe del Ejército César Milani y el exintendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna fueron excarcelados. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido también dejó la prisión en diciembre del año pasado y cumple con el arresto domiciliario en su chacra de Zárate. A la lista se sumaron, ahora, Amado Boudou y Luis D'Elía.
Los únicos ex altos funcionarios que siguen detenidos y acumularon rechazos como respuesta a sus pedidos de excarcelación son los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Jaime, condenado por la Tragedia de Once, había pedido ser excarcelado en la causa por sobreprecios en la compra de vagones de trenes en desuso a España y Portugal.
En ese caso, Jaime enfrenta el juicio oral por el delito de administración fraudulenta, y el TOF 6, a cargo de ese proceso, había rechazado el cese de su prisión preventiva. Jaime apeló a la Casación. La sala de feria de ese tribunal declaró inadmisible su planteo y consideró que Jaime debe seguir en prisión.
Schiavi tampoco logró obtener el beneficio del arresto domiciliario. Lo pidió en el marco de la causa por la Tragedia de Once -donde ya se dictó sentencia-, al igual que otros condenados por el mismo caso, como el empresario Claudio Cirigliano y el exejecutivo de TBA Víctor Astrella.
Aunque todos ellos se encontraban en el listado de población carcelaria en riesgo sanitario elaborada por el Ministerio de Justicia, por mayoría, la sala de feria de la Casación rechazó sus pedidos de excarcelación.
López está condenado por el delito de enriquecimiento ilícito. Recibió una pena de seis años de prisión y cumple con la condena en una "mini cárcel" dentro del penal de Marcos Paz. El mes pasado pidió ante el tribunal que lo condenó que lo excarcelara, pero su pedido fue denegado.
Como declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos y apuntó contra varios exmiembros del gobierno que integró -incluida Cristina Kirchner-, López se encuentra dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados.
También está preso acusado de hechos de corrupción, aunque no fue funcionario, el empresario Lázaro Báez, detenido con prisión preventiva desde abril de 2016 en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como "la ruta del dinero". Báez pidió su excarcelación varias veces y le fue denegada.
En un fallo firmado por la Sala de Feria de la Cámara de Casación el sábado pasado, los jueces Daniel Petrone y Mariano Borinsky ratificaron la decisión del Tribunal Oral Federal 4 -que lleva adelante el juicio contra Báez y una veintena de acusados- y declararon inadmisible el recurso presentado por su defensa. El TOF 4 había rechazado el arresto domiciliario para Báez el pasado 18 de marzo.
El fundamento señalado por los jueces de Casación es que los riesgos procesales "siguen vigentes". Le encomendaron al Servicio Penitenciario Federal (SPF) arbitrar los medios para cumplir con las medidas de prevención en la cárcel ante la pandemia de coronavirus.
Señalaron que Báez debe seguir detenido hasta que se dicte una sentencia en el juicio oral de "la ruta del dinero". Ese proceso se encuentra en la etapa de alegatos pero, al igual que todos los juicios orales, fue interrumpido el mes pasado por la pandemia. En esta causa también está detenido Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro, que a comienzos del año pasado movió fondos que estaban congelados por orden de la Justicia. El abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín también cumplen prisión preventiva.
Aunque en todos los casos mencionados hay procesos judiciales en curso o sentencias dictadas, los detenidos se definieron a sí mismos como "presos políticos". Ese término fue avalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que también enfrenta procesos judiciales denominados, según ella, casos de lawfare. El presidente Alberto Fernández, en otro tono, consideró se ordenaron muchas "detenciones arbitrarias".
Por Candela Ini
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