Preso en Chile: en medio de la controversia por el cómputo de su condena, Jones Huala inició una huelga de hambre “seca”
Los abogados del líder de la RAM reclaman a la justicia que se compute el tiempo que estuvo preso en la Argentina, que ya está cumplido
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PARA LA NACIONPaz García Pastormerlo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Aunque sus abogados vienen advirtiendo desde finales de junio que Facundo Jones Huala ya cumplió su condena, el líder mapuche continúa detenido en la cárcel de Temuco, donde inició una huelga de hambre.
Jones Huala fue extraditado al país trasandino en enero de este año. Cuando el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva concedió la extradición, el 31 de julio de 2023, le recomendó a la justicia chilena que compute el tiempo que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) permaneció detenido en la Argentina, a los efectos del cómputo final de la pena.
El líder mapuche era reclamado para cumplir la sentencia que se le impuso el 21 de diciembre de 2018, luego de que la Sala de Juicio Oral de Valdivia lo condenara a nueve años de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de armas. En 2022, Jones Huala obtuvo la libertad condicional, en una resolución que fue revocada por la Corte Suprema chilena. Después estuvo prófugo hasta que fue detenido en enero de 2023 en El Bolsón.
Extraditado finalmente en enero de este año, a Jones Huala le restaba cumplir un año, cuatro meses y 17 días de pena en Chile. Recientemente, sus abogados Eduardo Soares y Gustavo Franquet señalaron que “la Corte de Apelación de Valdivia dio garantías de que los 11 meses y 4 días que estuvo detenido en la Argentina, se los iba a computar dentro de esos 16 meses, como si hubiera estado preso en Chile”.
En ese sentido, debería haber recuperado su libertad el 27 de junio pasado. Sin embargo, hace unas semanas, sus defensores descubrieron que una ficha interna del servicio penitenciario chileno indicaba otra fecha, el 8 de junio de 2025. De todos modos, los abogados remarcaron que en esa ficha no hay ninguna resolución judicial que autorice que se prolongue el período de detención por un año.
Soares y Franquet sumaron que las normas del derecho internacional de los derechos humanos y los estándares establecidos en la legislación argentina exigen, bajo pena de nulidad, que el Estado requirente le otorgue garantías expresas al Estado requerido de que, en caso de una eventual condena de la persona pedida en extradición, se le descuente el tiempo de detención sufrido en el Estado requirente.
“Cualquier retención como prisionero de Facundo en Chile es ilegal. Viola el pedido de extradición, viola el compromiso que Chile asumió al presentar el pedido de extradición, y viola el tratado de extradición entre Argentina y Chile, por lo cual compromete internacionalmente a Chile con el derecho internacional público”, afirmó Franquet.
Amparo de la defensa trasandina
Hace unos días, los defensores chilenos presentaron algo similar a un hábeas corpus. En representación de Jones Huala, la defensora penal pública penitenciaria de la Región de la Araucanía, Giegliola Viviana Burgos Pérez, impulsó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
La defensora remarcó que en abril pasado el Tribunal de Garantías de Río Bueno reconoció a favor de Jones Huala los 11 meses y 5 días que estuvo detenido en la Argentina hasta su extradición. Burgos Pérez también cuestionó a la Gendarmería chilena, que el 27 de junio pasado no accedió “a la petición de esta defensora y sólo informa que derivará el caso para que sea la Comisión de Libertad Condicional quien informe el saldo de pena por revocación de la libertad condicional del amparado”.
Además de resaltar que la “privación de libertad” de Jones Huala es “ilegítima”, añadió: “Los órganos de la administración del Estado no pueden atribuirse autoridad o derechos que no se les han expresamente concedido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, consagrando el principio de separación de funciones. En consecuencia, Gendarmería de Chile no puede actuar como órgano jurisdiccional, resolviendo materias fuera de su competencia, por cuanto no ha sido facultado con tal atribución”.
Según aseguró Soares a LA NACION, “en no más de 10 días” debería haber una respuesta al amparo presentado por la defensora chilena.
Mientras tanto, el líder mapuche avanza con una huelga de hambre “seca” (sí ingiere líquidos). A través de un comunicado, desde el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu expresaron que la medida es de carácter político y pretende “exponer el nivel represivo de los Estados opresores argentino y chileno que se hallan al servicio de transnacionales y terratenientes; así como denunciar la total falta de garantías jurídicas, de condiciones carcelarias con pertinencia cultural y la vulneración de derechos a los presos políticos mapuche, a nuestros familiares y cercanos por parte de gendarmería”.
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